Cuatro años y apenas se vislumbra un comienzo de la recuperación de la confianza. Los habitantes de los siete municipios que resultaron con afectaciones por el derrame de tóxicos en el Río Sonora ven las mejoras a paso muy lento.

El 6 de agosto de 2014 el derrame de 40 mil litros de lixiviados de metales pesados sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, tuvo impactos en flora y fauna considerados irreversibles, según los expertos, pero a cuatro años los efectos más graves persisten en la población.

Para conocer su postura respecto a las acciones emprendidas para la remediación ambiental de la zona se buscó a Grupo México a través de su Departamento de la Dirección de Operaciones, pero a tres días de la consulta no se obtuvo respuesta.

Mil 460 días después del derrame la principal preocupación de quienes viven en Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe y Ures es una: El Abasto de agua y la calidad del líquido.

Una voz representativa de los habitantes de los pueblos del Río Sonora es la de Ramón Miranda, integrante del Comité de Cuenca de Aconchi. Para él, la situación está peor que hace cuatro años ya que los problemas han escalado.

“Ninguna autoridad, llámese municipal, estatal, federal, nos ha solucionado el problema del agua. El agua, hay que decirlo, es un derecho constitucional que tenemos, deberíamos tener agua totalmente potable, limpia, y parece ser que no le importa a nadie”, puntualizó.

La restauración de los daños va lenta, desde el punto de vista de Ramón. Describió la actuación de los juzgados como omisa y pausada. Pero tienen una esperanza en la Suprema Corte de Justicia, de donde esperan el aval de la ley para reparar daños en salud y agua.

En un esfuerzo por contener las lágrimas, el hombre recordó la fecha del 6 de agosto de 2014 como inolvidable.

“Esto causa molestia, coraje, frustración, y sobre todo con autoridades con tanta insensibilidad, ahora sí que… como que nos prepararon una muerte muy lenta… y eso nos tiene muy mal.

“Hemos descubierto en estos cuatro años que hay una alianza perversa del Gobierno y esta gente que tiene lana, Buenavista del Cobre, donde el Gobierno le allana el camino, y lo digo porque no solucionan un derrame y se están expandiendo”, enfatizó.

De acuerdo con el abogado Luis Miguel Cano López, que forma parte de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que auxilia jurídicamente a los comités de cuenca del Río Sonora, son dos los juicios de importancia actualmente.

El primero tiene que ver con un amparo en contra de la expansión de la mina ubicada en Cananea, por medio de una nueva presa de jales, cuya infraestructura, aseguró, no permite que los pobladores de Bacanuchi utilicen el camino tradicional entre su pueblo y Cananea.

“La gente decidió organizarse y presentaron un amparo que en esencia dice que no pueden dar esa autorización sin siquiera enterar a la gente, que deben tener oportunidad de tener información y participar en el proceso de autorización”, expresó.

Un Tribunal Colegiado con sede en Hermosillo decidió que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolviera este caso, al considerarlo de trascendencia, aun cuando el juez local tiene atribuciones para resolver.

“La Segunda Sala (de la Corte), en abril de este año, atrajo el caso y quizá ahora en agosto pueda resolver, ya tenemos información que nos dice que para el 22 de agosto está por resolver este asunto”, apuntó.

Entre los posibles escenarios, dijo, está el positivo, si decidieran que la población tiene el derecho de participar en decisiones relacionadas con el medio ambiente; o el negativo, de que las leyes mexicanas no establezcan ese alcance.

Cano López destacó la lentitud con que se ha aplicado la justicia en el caso de la contaminación del Río Sonora, ya que son pocos los resultados a cuatro años.

“Los amparos están pensados para ser juicios más o menos veloces, que tenían que durar un año en sus dos instancias, lo cierto es que no funcionan así. La empresa retrasó mucho los amparos, por ejemplo, con una estrategia que consistió en decir que dudaban de la existencia de las personas que firmaban la demanda”, citó.

De 2015 a la fecha, apuntó, apenas se han resuelto dos juicios de amparo relacionados con dos pozos contaminados y están por resolverse los que ahora están en al SCJN, pero existen otros que se encuentran a la espera de solución.

“Hay ocho juicios contra la zona económica especial del Río Sonora y aparte de eso hay once juicios más”, destacó, “estamos hablando de casi 20 juicios que se están llevando alrededor del tema del derrame”.

En un análisis realizado por la organización Poder con datos del Fideicomiso Río Sonora, creado como un medio de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame que originó la minera Buenavista del Cobre, se gastó apenas el 61.5%.

De los 2 mil millones de pesos que se destinaron por parte de la compañía minera para subsanar los problemas causados y que se operó por medio de las delegaciones federales, se gastaron mil 231 millones 367 mil 946 pesos con 29 centavos.

El dato fue corroborado por el delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado, Wenceslao Cota Montoya, quien supuso que el resto del dinero, que no se utilizó en los pobladores, pudo haber regresado al fideicomitente, en este caso Grupo México.

Agregó que el Fideicomiso Río Sonora se extinguió desde agosto del año 2017, bajo la premisa de que ya se había cumplido con el compromiso de su creación, de lo cual se les notificó a los presidentes municipales y se publicitó hacia la población.

Ante las quejas de los ciudadanos de los siete municipios que se encuentran a la ribera del Río Sonora, así como sus comunidades, quienes resultaron afectados por la contaminación, respecto a que no se cumplió con lo prometido, sostuvo que están en su derecho.

“Esa exigencia y ese derecho que tienen los ciudadanos es innegable, ellos pueden reclamar y accionar legalmente si sienten que se ha incumplido o no han cumplido con los daños y perjuicios que se les ocasionó, y están en la libertad de hacer las demandas correspondientes en contra de quien resulte responsable”, apuntó.

El Gobierno, dijo el funcionario, actuó y ejercita, desde hace cuatro años, las acciones para la remediación de la zona y apoyó a los ciudadanos en procedimientos administrativos contra la empresa, por parte de diversas secretarías, principalmente la Semarnat.

Cota Montoya recordó que el Fideicomiso Río Sonora fue una figura que se creó con el propósito de agilizar el resarcimiento de los daños ocasionados por el derrame de la minera, lo que provocó un fuerte impacto económico, social y de salud en la zona.

“Se distribuyeron más, menos 800 millones de pesos, en la pura distribución y compensaciones a la población del Río Sonora, ya sabemos que al final se gastaron mil 250 millones de pesos. Y una vez que se extinguió el fideicomiso quedó pendiente, cuando menos de saber, qué sucedió con los otros 750 millones de pesos”, apuntó.

Si bien hubo una promesa por parte del Fideicomiso de instalar 36 plantas potabilizadoras de agua, una por cada pozo contaminado, actualmente hay la promesa de poner nueve en funcionamiento, de las cuales, consideró, funcionan cinco.