BOGOTÁ, Colombia a 15 de mayo.- El organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano aplicó el miércoles la garantía de no extradición del exjefe de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, a Estados Unidos y pidió a la fiscalía disponer su inmediata liberación.

Santrich fue detenido en Bogotá por su presunta responsabilidad en un plan para enviar 10 toneladas de cocaína al Cártel de Sinaloa en México que terminarían en Estados Unidos y se encuentra actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, al sur de Bogotá.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) alegó en su resolución que “las pruebas (contra Santrich) no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización”, según publicó en Twitter. De acuerdo con la orden de detención emitida por Estados Unidos, el plan de Santrich para enviar la droga a ese país fue posterior a la firma del acuerdo de paz ente el gobierno y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.

En una entrevista con la local radio Caracol desde La Picota, Santrich señaló que “la decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado y la Fiscalía General de la Nación contra mí y espero que el gobierno y otras instancias respeten ese fallo”.

La Procuraduría Nacional apelará la decisión de la JEP, dijo el procurador Fernando Carrillo a periodistas.

Horas después, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sostuvo en una rueda de prensa que aunque su despacho no ha sido formalmente informado de la decisión de la JEP, ese tribunal “adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía. Las pruebas son concluyentes, inequívocas, los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016, hace trizas la cooperación judicial internacional”.

Por tanto, agregó, decidió presentar su renuncia al cargo porque “este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia, mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden”.

En tanto, la policía colombiana ofreció el miércoles una recompensa por información que permita ubicar a los autores del crimen de un excomandante de las FARC, el primero de ese rango en ser asesinado desde el acuerdo de paz.

El crimen ocurrió la víspera en la población de Tulúa, en el departamento del Valle del Cauca, cuando Jorge Enrique Corredor, de 49 años y conocido como Wilson Saavedra, fue sorprendido por desconocidos que le dispararon mientras se encontraba en un establecimiento público al parecer almorzando.

Saavedra había sido comandante de uno de los frentes de las FARC y actualmente se dedicaba a un proyecto agrícola en esa región con otros 30 exguerrilleros, se informó.

El coronel Javier Navarro, comandante de la policía del Valle del Cauca, dijo a The Associated Press que se inició una investigación para esclarecer quiénes fueron los autores y los motivos del asesinato y se ofreció una recompensa de casi 10.000 dólares.

“Estamos iniciando las tareas investigativas y se ha designado a cinco de nuestros hombres especializados en estos casos y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Él (Corredor) no había reportado ningún tipo de amenazas”, agregó.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, dijo el miércoles a la cadena radial RCN que Corredor había renunciado a su esquema de seguridad en agosto de 2018 alegando que estaba retirado de la actividad política.

El exlíder de las FARC y uno de los dirigentes del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño alias Timochenko, lamentó la muerte de Corredor y reclamó que los autores sean capturados. “Exigimos respuestas sobre los responsables de los asesinatos de casi centenar y medio de excombatientes comprometidos con la paz”, señaló en Twitter.

León Valencia, analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo a AP que “desde que se firmó la paz con las FARC han sido asesinados 172 ex miembros”.
Añadió que “aquí hay unos enemigos de la paz y de los acuerdos y el otro factor es la indiferencia y la complicidad del Estado. Y hay un ambiente político donde mucha gente se siente autorizada para matar a esta gente y, si no se pone un alto, los asesinatos seguirán”.

Las FARC firmaron la paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos luego de cinco años de diálogos en Cuba y más de 50 años de conflicto armado interno. Como parte de ese pacto la ex guerrilla logró diez bancas en el Congreso: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, desde la firma del acuerdo de paz hay más de 1.700 disidentes de las FARC en todo el país.
El conflicto en Colombia entre rebeldes izquierdistas, paramilitares y el Estado dejó al menos 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados en una guerra que aún atormenta a muchos.