WASHINGTON a 16 de julio.- El entonces presidente Hugo Chávez estuvo muy cerca de expulsar a Chevron de Venezuela durante una ola de nacionalizaciones en 2007. Doce años más tarde, la empresa enfrenta una amenaza similar pero desde un lugar insospechado: la Casa Blanca.

El gobierno de Donald Trump debe decidir antes del 27 de julio si extiende la autorización para que Chevron continúe operando en Venezuela pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos para remover del poder a Nicolás Maduro, privándolo de ingreso proveniente de la venta de petróleo.

Chevron ha operado en la nación sudamericana durante casi un siglo y las cuatro empresas cuya propiedad comparte con el monopolio estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) producen cerca de 200.000 barriles diarios. Esa cifra equivale a una cuarta parte de la producción venezolana en junio, según estadísticas recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Para Trump, es un dilema. El presidente multimillonario se ufana de ser un aliado de las petroleras estadounidenses, pero también ha adoptado medidas drásticas para remover del poder a Maduro, incluyendo sanciones a la industria petrolera local, amenazas de acción militar y reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo.

El gobierno de Trump no ha mostrado indicios hasta el momento de lo que podría decidir. El Consejo de Seguridad Nacional evitó comentar sobre el tema.

No obstante, si Chevron se ve obligado a irse probablemente se profundice aún más el declive de la producción venezolana, la cual ya está en su nivel más bajo de los últimos 70 años.

“Hay dudas de que PDVSA pueda mantener la producción al nivel actual debido a sus severos problemas financieros”, dijo Justin Jacobs, analista petrolero en IHS Markit.

Analistas de política exterior temen que de retirarse la última presencia estadounidense importante de Venezuela, los pozos petroleros manejados por Chevron pasen a adversarios como China o Rusia, ambos aliados estrechos de Maduro.

Cuando el Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA en enero para apoyar a Guaidó, concedió una excepción a Chevron y a las también petroleras Hallburton, Schlumberger, Weatherford y Baker Hughes.

Desde entonces, la empresa con sede en San Ramón, California, ha procurado la extensión de la licencia, según dos personas conocedoras de los movimientos de Chevron que hablaron a condición de mantenerse en el anonimato porque no tenían autorización para pronunciarse sobre el tema.

Una de las fuentes dijo que la empresa recientemente evaluó rentar casas para sus gerentes en la ciudad costera de Puerto la Cruz, un indicio de que no planea una salida inminente del país.

Este año, Chevron gastó 2.8 millones de dólares en cabildeo sobre una variedad de temas, incluyendo Venezuela, según documentos emitidos por la empresa.

Chevron no dijo si desea continuar operando en Venezuela pero afirmó que cumple todas las leyes y regulaciones vigentes. “Como en cualquier otro lugar, tomamos un enfoque a largo plazo en nuestra inversión. Seguimos enfocados en nuestras operaciones base”, dijo el portavoz Ray Fohr.

Durante su prolongada presencia, Chevron ha manejado crisis previas. En 2007, cuando sus rivales Exxon y Conoco abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, Chevron aceptó la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.

Así comenzó una relación cercana –algunos dicen que demasiado– con un gobierno que frecuentemente adopta posturas antiestadounidenses. Chávez alguna vez tildó “camarada” y “querido amigo” a Ali Moshiri, entonces gerente de Chevron para América Latina.

Durante los años próximos Chevron creó varias empresas mixtas de las cuales provino un ingreso que Chávez y luego Maduro necesitaban encarecidamente, mientras la economía seguía desplomándose.

En 2017, Moshiri ya se había jubilado pero viajó junto a otro ejecutivo de Chevron a Caracas para ver a Maduro días después de que Trump prohibiera a bancos estadounidenses emitir préstamos a PDVSA o al gobierno venezolano.

Chevron recibió críticas después de que el gobierno difundiera una fotografía mostrando a los dos hombres sentados junto a Maduro y al entonces vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Washington había designado narcotraficante un mes antes.

Fohr, el portavoz de Chevron, dijo que esas reuniones “cumplen con todas las leyes y regulaciones vigentes, incluyendo las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela.”

La relación estrecha implicó grandes riesgos. Fiscales federales de Florida y Texas adelantan una investigación sobre fraude en PDVSA que ya ha arrojado cargos criminales contra 33 personas, incluyendo exempleados de PDVSA, y 20 admisiones de culpa.

Las autoridades venezolanas arrestaron el año pasado a dos gerentes locales de Chevron y los mantuvieron dos meses tras las rejas durante una purga anticorrupción en PDVSA.

Fohr indicó que los dos empleados quedaron en libertad el 6 de junio de 2018 tras una orden judicial favorable porque “Chevron no violó ley venezolana alguna”.

Esa insólita capacidad de resistencia es ahora uno de los principales argumentos de la empresa para permanecer.

Chevron es la principal presencia estadounidense en Venezuela después de que otras compañías –Colgate, General Motors, Kellogg Co.– abandonaran en años recientes ante una escasez crónica de insumos y una hiperinflación que el año pasado se trepó al 130.000%.

Después de que Trump ordenara cerrar la embajada en marzo, es difícil encontrar otro ente que pueda proporcionar información y contactos confiables. Si Estados Unidos logra remover a Maduro, la empresa puede jugar un papel clave en la reconstrucción económica en un sector de gran importancia.

Si bien las cuatro empresas mixtas con el monopolio estatal PDVSA actualmente producen cerca de 200.000 barriles diarios, la cuota de producción diaria de Chevron promedió 42.000 barriles en 2018.

Sin embargo, algunos desean que Trump vaya a la yugular. Si bien la producción en Venezuela es mínima para Chevron –la séptima mayor productora mundial en cuanto a ingresos– para Maduro es un cordón umbilical valiosísimo.

Carlos Vecchio, el enviado diplomático de Guaidó a Washington, dijo a The Associated Press que el destino de Chevron en Venezuela “es una decisión que sólo la administración de Estados Unidos puede discutir y decidir”. Vecchio rehusó precisar qué opción prefiere Guaidó.

Algunos actores de línea dura se preguntan cuán efectivo sería expulsar a Chevron.

Pedro Burelli, un consultor afincado en Estados Unidos que integró la directiva de PDVSA hasta 1998, dijo que la decisión por sí misma es irrelevante porque el gobierno de Trump ha sido incapaz de coordinar efectivamente sanciones con otras políticas para desplazar a Maduro del poder.

“Necesitan rematar el trabajo y sacar a Chevron por sí solo no generará un colapso total” del gobierno de Maduro, dijo Burelli.

Otros se quejan de que Chevron recibe un trato favorable.

Una pequeña empresa petrolera estadounidense perteneciente parcialmente al republicano de Florida Harry Sargeant suscribió a comienzos de año –justo antes de la imposición de sanciones– un acuerdo con PDVSA que estipulaba invertir hasta 500 millones de dólares para revitalizar tres pozos.

Sargeant, quien se reunió con Maduro mientras negociaba el acuerdo, dijo que si bien se apega a las decisiones de Washington no cree que las sanciones unilaterales generen un cambio de gobierno.

Sargeant insiste en que esa política probablemente abra espacios para empresas menos escrupulosas de Rusia o China que perjudicarán no sólo los intereses estadounidenses sino también los del pueblo venezolano.

“El gobierno estadounidense no debería dedicarse a escoger favoritos”, dijo. “Las licencias o excepciones deberían emitirse a todas las empresas estadounidenses o a ninguna”.