Por otro lado, la cuenta pública estatal incluyó 96 sujetos fiscalizables del Gobierno del Estado, donde se determinaron mil 397 observaciones solventadas por el Poder Ejecutivo, 167 están en proceso de análisis y 45 por atender.

El Poder Legislativo, por su parte, solventó las 17 observaciones que le hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; el Poder Judicial un total de doce; 128 de los organismos autónomos, de las cuales 88 se encuentran solventadas y 38 están en proceso de análisis, mientras que de los 72 entes fiscalizables relacionados con los sindicatos y asociaciones civiles, se determinaron 22 observaciones, ocho de éstas ya solventadas y ocho en proceso.

El ISAF destaca en su informe que se incluyó, como parte de los objetivos de la fiscalización, verificar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización con cargo a las partidas presupuestales correspondientes se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados, así como que los contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios se hubieren celebrado con apego a la legalidad.

Para la selección de los entes se consideraron variables como: presupuesto asignado y modificado; análisis de riesgos; antecedentes de la fiscalización de ejercicios anteriores; programa de trabajo entre el ISAF y la Secretaría de la Contraloría General del Estado; y relevancia del tema ante el Sistema Estatal Anticorrupción para la ejecución del proceso de fiscalización.

Como marco normativo específico se consideró a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y demás normas aplicables señaladas en el Artículo 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en tanto que los criterios de selección para la ejecución de las auditorías se basaron en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras ISSAI 1320.

El ISAF presentó en el informe de resultados una propuesta de modificación a diversas disposiciones legales, con el objetivo de incidir en los sujetos de fiscalización para que se encuentren en condiciones de desempeñar sus funciones cada vez más eficazmente, ya que es necesario contar con una legislación acorde con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

“En la medida que exista una normatividad adecuada se podrán reducir las conductas irregulares, estableciendo una estructura más coherente y ordenada en la actuación de los sujetos de fiscalización, y en general de los servidores públicos del Estado”, establece en sus conclusiones.

Se propone una reforma integral a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en virtud de que se puede eficientar dicha normatividad, a efecto incluso de generar ahorro presupuestal en el desarrollo de las actividades del ISAF y disminuir la tramitología en las mismas, derivado de que muchas ocasiones se debe acudir a los sujetos de fiscalización en más de dos ocasiones.

Otras disposiciones que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización recomendó al Congreso del Estado modificar son la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal; la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y la emisión de un nuevo Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.

También se propone crear un reglamento para las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública municipal y, a diferencia de otras entidades, Sonora no cuenta con una ley estatal de coordinación fiscal que determine la distribución de las participaciones federales a los municipios, establece el ISAF en su informe.

“Se propone que el Congreso del Estado cree el sistema de coordinación fiscal del Estado de Sonora, mediante la expedición de la ley de coordinación fiscal, e incorpore criterios que incentiven la recaudación de recursos por parte de los gobiernos municipales y con ello amplíe el número de criterios para su distribución, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, e instituye las bases de cálculo para la distribución de las participaciones federales y estatales que correspondan a las haciendas públicas municipales”, destaca.

La lectura del informe estuvo a cargo de los diputados Fermín Trujillo Fuentes, presidente de la Comisión de Fiscalización; Francisco Javier Duarte Flores, Luis Armando Alcalá Alcaraz y Rodolfo Lizárraga Arellano. Posteriormente los grupos y representaciones parlamentarias presentaron posicionamientos con relación al informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública estatal 2018.

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dijo que rechazan y reprueban la cuenta pública del Gobierno del Estado, ya que presenta variaciones, incumplimientos, excesos, anomalías, arbitrariedades y ausencias que ameritan su inmediata explicación.

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social consideró que el Gobierno del Estado incrementó la deuda pública, así como un gasto superior a lo aprobado por el Poder Legislativo, de acuerdo a la información presentada por el ISAF, además de que los recursos no fueron usados de manera eficaz para cumplir los objetivos y programas a los que estaban destinados, sostuvo el diputado Jesús Alonso Montes Piña.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentó enseguida el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, en el que afirmó que la cuenta pública estatal 2018 es congruente con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, que reportó para Sonora cero observaciones, igual que en 2017, lo cual es prueba de una gestión responsable, indicó.

Considerar clarificar la interpretación de la calificación de la cuenta pública estatal para su aprobación o no, igual que los municipios, planteó la diputada María Magdalena Uribe Peña al presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PT.