Washington, D.C.(NDS).- La defensa del mandatario Donald Trump se basa parcialmente en un argumento esgrimido durante el juicio político contra el presidente Andrew Johnson hace más de 150 años: debe haber delito para que haya proceso de destitución.

Sin embargo, la mayoría de los juristas no coincide con esa premisa, incluido un profesor en derecho convocado por los republicanos para que presentara argumentos contra el juicio a Trump durante la investigación de la Cámara de Representantes.

Un abogado de Johnson arguyó en su declaración inicial ante el Senado que el entonces presidente no podía ser destituido porque no era culpable de delito alguno. Johnson fue absuelto por diferencia de un solo voto. Uno de los abogados de Trump, Alan Dershowitz, señaló que el mismo argumento será fundamental en la defensa constitucional que hará del mandatario: debe haber una “conducta delictiva” para que haya juicio político.

La idea podría ser atractiva a los republicanos que buscan un fundamento legal para absolver a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Sin embargo, juristas rebaten la idea de que los Padres Fundadores hayan pretendido que, para dar paso a un proceso de destitución, fuese necesario presentar pruebas de un delito. Y los historiadores también dudan que el argumento del abogado de Johnson, Benjamin Robbins Curtis, haya sido decisivo para asegurar la exoneración del mandatario por estrecho margen.

“Ésta es una forma en que la historia se utiliza como arma y se distorsiona para dar peso a este tipo de alegatos”, dijo Rachel Shelden, profesora de historia en la Universidad de Penn State y especialista en la época de la Guerra Civil. “Es una forma de intentar promover una comprensión falsa del juicio político contra Johnson, con base en lo que los historiadores creen ahora”.

El punto en controversia es el criterio de la Constitución para concretar el juicio político: “traición, soborno u otros delitos mayores y menores”. Con el paso de los siglos, el entendimiento es que el umbral abarque delitos reales —ha habido jueces sometidos a proceso de destitución por abuso sexual o por pedir sobornos, entre otras infracciones—, pero también comportamiento impropio no penal como estar borracho en el estrado o favoritismo en el nombramiento de síndicos de quiebra.

Johnson fue sometido a proceso de destitución tras ser acusado de violar la Ley de Ejercicio del Cargo, que prohibía a los presidentes despedir a ciertos funcionarios sin la aprobación del Senado, porque destituyó al secretario de Guerra, Edwin Stanton.

La defensa de Johnson cuestionó la constitucionalidad de esa ley, ahora extinta, y durante el juicio político en 1868, uno de los abogados del mandatario afirmó en su argumento inicial que una falta meritoria de un juicio político “se refiere a, y sólo incluye, delitos penales graves contra Estados Unidos”.

“No puede haber delito, no puede haber falta sin una ley, escrita o no escrita, expresa o implícita”, dijo Curtis, exministro de la Corte Suprema. “Debe existir alguna ley; de lo contrario no existe delito. Mi interpretación de esto es que los vocablos ‘delitos graves y faltas’ implican ‘infracciones contra las leyes de Estados Unidos’”.

Dershowitz, que tiene previsto hacer una presentación constitucional ante el Senado en unos días, dijo el domingo al programa “State of the Union” de la cadena CNN que parafraseará el argumento de Curtis de que “los redactores de la Constitución concibieron que la conducta meritoria de un proceso de destitución sea sólo una conducta delictiva o prohibida por el derecho penal”.

“Ese argumento prevaleció. Siendo abogado en el equipo de defensa del presidente, lo esgrimiré contra el juicio político. Es mi papel. Está muy claro. Lo he hecho antes”, declaró Dershowitz.

Los senadores republicanos podrían acoger el argumento. Uno de ellos, el senador John Cornyn, dijo a la prensa el miércoles que cualquier persona sobre la que pese una imputación tiene derecho a conocer cuál ley o criterio se le acusa de haber infringido.

“Me parece muy peligrosa esta idea de que se puede utilizar el abuso del poder como una caja de sorpresas para meter en ella todos los reclamos políticos, de política o personales”, señaló Cornym.

Sin embargo, juristas y los demócratas rechazan la aseveración de que una falta que dé pie a un juicio político deba ser un delito encausable.

Frank Bowman, profesor de derecho en la Universidad de Missouri y exalumno de Dershowitz en la Escuela de Derecho de Harvard, dijo que es “basura”. Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, que presentó argumentos contra el juicio político en la Cámara de Representantes, escribió el miércoles en The Washington Post que ese argumento era políticamente imprudente y constitucionalmente miope.

“Ellos tuvieron que salirse de la esfera de los abogados constitucionalistas y los académicos para pasar a un abogado en derecho penal a fin de esgrimir ese argumento, porque ningún experto prestigioso en derecho constitucional lo haría”, dijo el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Schiff es uno de los siete demócratas que fungen como fiscales en el juicio político.

Incluso el secretario de Justicia de Trump, William Barr, escribió en junio de 2018 en un memorando _antes de que fuera propuesto al cargo de gabinete_ que el Congreso puede someter a juicio político a los presidentes que hayan incurrido en abuso del poder.

Los demócratas aseguran que el abuso de poder de Trump _presionar a Ucrania a que investigara a Joe Biden, rival demócrata del mandatario, mientras su gobierno retenía millones de dólares en asistencia militar a ese país_ es “una falta arquetípica para un juicio político”. Aseguran que los Padres Fundadores crearon intencionalmente un criterio flexible de acciones malas que podrían resultar en un proceso de destitución, y que las acciones de Trump en este caso constituyen la “peor pesadilla” para los redactores de la Constitución.

Los historiadores también señalan múltiples razones para la exoneración de Johnson y son escépticos de que los senadores de aquel entonces hubieran considerado que los argumentos de Curtis eran persuasivos.

Si Johnson hubiera sido destituido, lo habría reemplazado temporalmente Benjamin Wade, el presidente del Senado, un republicano radical que desagradaba a otros republicanos más conservadores. Tras bambalinas, Johnson y sus aliados trabajaron para garantizarle a los senadores que, si votaban a favor de absolverlo, él dejaría de interferir en la Reconstrucción tras la Guerra Civil. Y hay cierto acuerdo entre los historiadores de que el senador que votó decisivamente en contra de la destitución fue sobornado.