El Acuerdo que resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género en el país, también está dirigido a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que soliciten al Presidente de la República dicha declaratoria.

La diputada Leticia Calderón Fuentes presentó esta propuesta al Pleno, la cual inicialmente planteaba declarar la alerta en la entidad, por considerar, expuso, que en el Estado de Sonora la violencia de género contra las mujeres ha ido en aumento en los últimos años.

Refirió que el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la Alerta como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, en tanto el Artículo 25 establece que corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hacer la declaratoria y notificar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

En el punto tercero del Acuerdo se establece exhortar a la Gobernadora del Estado, para que con independencia de la emisión de la alerta de violencia de género por parte del Gobierno Federal, realice las acciones gubernamentales de emergencia que sean necesarias para enfrentar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y garantizar su seguridad en el Estado de Sonora.

Se acordó incluir en el exhorto al Fiscal General de la República, a la Fiscal General de Justicia del Estado y a los 72 presidentes municipales.

En la discusión de la propuesta participaron los diputados Carlos Navarrete Aguirre, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Eduardo Urbina Lucero, Luis Armando Colosio Muñoz, María Dolores Del Río Sánchez, Alicia Gaytán Sánchez, Jorge Villaescusa Aguayo, Rodolfo Lizárraga Arellano, Filemón Ortega Quintos y Miguel Ángel Chaira Ortiz.

Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, en forma unida, presentaron al Pleno el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base a la iniciativa que el pasado 28 de noviembre presentó la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, que tiene por objeto proteger a los menores de edad que son víctimas colaterales del delito de feminicidio por la privación de la vida de sus madres.

“El padrón de víctimas indirectas del feminicidio permitirá identificar con claridad a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el asesinato de sus madres, y brindarles protección a sus derechos”, expresó la legisladora.

El Decreto establece que en la Ley de Atención a Víctimas, de manera explícita, se deja a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, órgano operativo del sistema estatal en la materia, la integración del Registro Estatal, en el cual se incluirá a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen las medidas protectoras especiales que deben llevar a cabo las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar el respeto a los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad, agregó.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Decreto mediante el cual se reforman las denominaciones del Título Décimo y de su Capítulo IV, y se adicionan los artículos 148 BIS 2, 148 BIS 3, 148 BIS 4,148 BIS 5, 148 BIS 6, 148 BIS 7 y 148 BIS 8 a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, en materia de salud bucodental escolar.

La Comisión de Salud dictaminó, con base a iniciativas presentadas por la diputada Miroslava Luján López, y por los diputados Francisco Javier Duarte Flores y Fermín Trujillo Fuentes, un solo resolutivo que establece disposiciones jurídicas para que la Secretaría de Educación y Cultura, por un lado, y la de Salud, por el otro, fomenten la salud bucodental desde la infancia.

Ambas secretarías deberán dotar anualmente y de manera gratuita a las alumnas y alumnos de preescolar y primaria, de un paquete de salud bucodental consistente en una pasta dental, un cepillo de dientes y un manual de los buenos hábitos del cepillado para la salud bucal, al quedar establecido en el Capítulo Cuarto del Título Décimo, que engloba los programas para combatir de manera especializada a las enfermedades que más afectan a la población infantil del Estado.

Presentan iniciativas y posicionamientos

Para intensificar las penas y sanciones a todos aquellos que cometan el delito de feminicidio, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del Artículo 263 BIS 1, del Título Décimo Sexto, Capítulo III BIS del Código Penal para el Estado de Sonora.

Sostuvo que a pesar del esfuerzo realizado por contar con un marco jurídico que garantice los derechos humanos de las mujeres; que prevenga, atienda y sancione la violencia contra la mujer, aún se requieren mayores esfuerzos, específicamente para atender los feminicidios, por ser la manifestación más cruel de la violencia extrema contra las mujeres y por su profundo impacto social.

En esta iniciativa, que estudiará la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, propone que la penalidad por el delito de feminicidio vaya de 40 a 80 años, en lugar de 30 a 60 años como está establecido en la legislación punitiva de Sonora.

Y a la Comisión para la Igualdad de Género se turnó para estudio una iniciativa presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, con el objeto de crear una unidad técnica para la igualdad de género en el Congreso del Estado, para lo cual propuso adicionar un título décimo sexto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Explicó que la unidad tendrá como propósito coordinar el proceso de implantación e institucionalización de la perspectiva de género de forma transversal en el diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de los proyectos, programas y acciones del Poder Legislativo, además de contribuir con las acciones que se establezcan en materia de ética, integridad, igualdad de género, prevención de conflicto de interés, hostigamiento y acoso sexual, así como actos de discriminación y violencia laboral.

Y para que los permisionarios que así lo soliciten obtengan una licencia de alcoholes provisional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley, el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, y de las leyes de Hacienda Estatal y Municipal.

Dicha licencia, dijo, tendrá una temporalidad de un año y con un costo del 30 por ciento de la cuota establecida, misma que al fenecer su tiempo y si el permisionario desea continuar con su establecimiento o negocio, deberá cubrir el 70 por ciento restante de la cuota original para obtener la licencia definitiva, así como el costo de su revalidación anual. La iniciativa se turnó a la Segunda Comisión de Hacienda.

La diputada Rosa María Mancha Ornelas presentó por su parte una propuesta con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 64, fracción I de la Constitución local, presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Lo que se busca es que se reconozca y garantice el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, en virtud de que la referida legislación federal no reconoce este derecho como política de Estado, lo que se puede interpretar como que están sujetos a medidas discriminatorias, al no ser parte de la promoción de la igualdad de oportunidades, aseveró. La iniciativa será estudiada por la Comisión de Pesca y Acuacultura.

La Presidencia turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad una iniciativa presentada por el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a fin de adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, para que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, participe en dicho órgano.

Indicó que la CMIC aportaría los conocimientos técnicos y económicos del comportamiento del servicio de transporte público urbano y de carga, así como de las afectaciones socioeconómicas del aumento de tarifas a dicho servicio.

Los puntos 13 y 14 del orden del día correspondieron a los posicionamientos presentados por los diputados Filemón Ortega Quintos, en relación al tema de viviendas en el municipio de Álamos, Sonora, derivado de la tormenta tropical 19-E, y Carlos Navarrete Aguirre, para recordar a los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, respectivamente.

Ortega Quintos hizo un llamado a que la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda, ambas del Estado de Sonora, den cumplimiento al compromiso hecho por la titular del Poder Ejecutivo estatal cuando ocurrió el fenómeno meteorológico en 2018, con el objeto de que sean beneficiados los ciudadanos cuyas casas resultaron afectadas.

A catorce años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006, la exigencia es que se cumpla con el rescate de sus restos, como lo prometió el titular del Poder Ejecutivo Federal, y que se tomen las medidas legales contra quienes resulten responsables por dicho accidente laboral, afirmó por su parte Navarrete Aguirre.

El Pleno sesionará el martes 25 de febrero, a las 10:00 horas.