Hermosillo, Sonora(NDS).- Hasta una pena máxima de 65 años enfrentarán quienes incurran en el delito de feminicidio, aprobó el Pleno del Congreso del Estado, a la par de otro Decreto que adiciona la Ley del Registro Civil, a efecto de que las actas que expida la autoridad registral no estén sujetas a plazo alguno, con lo cual estos documentos no perderán su valor con el paso del tiempo.

Ambos decretos fueron dictaminados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el primero con base a una iniciativa presentada recientemente por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, mientras que el segundo lo presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 8 de octubre de 2019.

El dictamen con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 263 BIS-1 del Código Penal para el Estado de Sonora establece, entre los considerandos, que los datos duros de la Secretaría de Seguridad Pública dejan en evidencia que desde el establecimiento de la figura del feminicidio, esta conducta de extrema violencia hacia las mujeres no ha disminuido, sino que se ha incrementado.

“Cabe destacar que la diferencia entre la cantidad de casos de feminicidio y homicidio doloso en contra de mujeres es muy pequeña, presentándose números muy similares entre uno y otro ilícito, siendo en 2016 cuando ambos presentaron la misma cantidad de manifestaciones, mientras que en 2017 y 2018 se presentó de manera preocupante una cantidad mayor de feminicidios que de homicidios dolosos, donde la víctima era mujer, pero no se actualizaba ningún supuesto que acreditara que era homicidio por razones de género”, destaca el considerando.

Ante este panorama es que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó el proyecto que propone incrementar la pena de prisión mínima a 45 años y la máxima a 65 años, más multa de mil a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización. Actualmente, el Código Penal establece una penalidad mínima de 30 años y una máxima de 60 años.

En el segundo Decreto que aprobó la asamblea se establecerá en la Ley del Registro Civil que la vigencia de las actas de nacimiento y las copias certificadas de las mismas, que expida la autoridad registral, no estarán sujetas a plazo alguno, con lo cual se garantizará no sólo el derecho de las personas a contar con un documento que acredite su identidad, sino que no perderán su valor con el paso del tiempo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos propuso adicionar un Artículo 52 BIS a la referida legislación, con base a una iniciativa del grupo parlamentario del PAN, que argumentó la necesidad de que los elementos de identidad que son plasmados en las actas del Registro Civil, deben mantenerse vigentes, sin importar la fecha en la que hayan sido emitidas.

El acta de nacimiento o sus certificaciones expedidas por el Registro Civil del Estado de Sonora no tendrán fecha de vencimiento o caducidad, por lo que las instituciones de carácter público o privado, instituciones educativas de cualquier nivel escolar, así como en los centros de trabajo, deberán de tomar como válidas para cualquier trámite, acto o forma de identificar con la simple presentación de la certificación expedida por el Registro Civil, independientemente de la fecha en que fue emitida, establece la adición.

Y agrega que será siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible, no presente alteraciones visibles y puedan distinguirse los elementos de identificación a que se refiere el Artículo 52 de la Ley del Registro Civil.

En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar al Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 presidentes municipales, con el objeto de que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea cien por ciento nativas, y que la selección de las especies reproducidas sea acorde a las condiciones climáticas de las diferentes regiones del Estado.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar propuso que a dicho Comisionado, junto con la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE, del Ayuntamiento de Hermosillo, se les exhorte para que las instancias encargadas de llevar a cabo las actividades de planeación urbana y reforestación, utilicen, incentiven y promocionen obligatoriamente las especies nativas en espacios públicos y privados.

Un tercer punto dentro del Acuerdo aprobado establece exhortar a ambos funcionarios, a fin de que promuevan, incentiven y lleven a cabo convenios de colaboración tripartita, entre gobierno estatal, municipal y organizaciones de la sociedad civil, para la producción y plantación anual mínima de 20 mil plantas nativas destinadas a la reforestación urbana, de manera permanente.

Turna Presidencia iniciativas a comisiones
En esta penúltima sesión ordinaria del mes de febrero, la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, presidenta de la mesa directiva, turnó a las comisiones de Asuntos del Trabajo, y de Seguridad Pública, una iniciativa con proyecto de ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatales y penitenciarios de seguridad pública, así como bomberos del Estado de Sonora.

Se trata de tener una norma estatal que regule y genere una jubilación digna a elementos de policía y bomberos en Sonora, expuso la diputada María Magdalena Uribe Peña, para lo cual se buscará socializar la propuesta, tanto en foros como en mesas de trabajo con expertos y especialistas en el tema.

La Comisión de Educación y Cultura estudiará por su parte la iniciativa presentada por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora.

Trujillo Fuentes explicó que la idea es unificar diez fechas que han sido declaradas como cívicas y conmemorativas por el Poder Legislativo, las cuales datan de 1928 a 2018, para que todas queden en una sola norma, ya que cada una consta de dos artículos, y deben dejar claro que en su conmemoración participarán los tres niveles de gobierno.

El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objeto de que el permiso de 90 días que se establece para presidentes municipales, síndicos y regidores sea tres veces, una por año, para cortar de tajo con interpretaciones de la norma que son flexibles y a conveniencia política, dijo.

“No debemos ser candiles de la casa y oscuridad de la calle; los problemas de los municipios no merecen servidores y servidoras públicas sin vocación de servicio. Quienes han fallado en el servicio público son los que buscan atajos en la Ley para beneficiarse de manera indebida y no debemos permitirlo más”, aseveró.

La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Presupuestos y Asuntos Municipales.

Antes de la clausura de la sesión y el citatorio para la próxima este jueves 27 de febrero, a las 11:00 horas, la diputada María Dolores Del Río Sánchez presentó un posicionamiento en relación al 9 de marzo de 2020 y la propuesta de paro nacional.

Afirmó que esta Legislatura ha dado pasos de avance sobre la equidad de género y solicitó a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, convoque a una reunión de trabajo sobre el tema específico de las mujeres, con la participación de la Fiscal General de Justicia, la Directora del Instituto Sonorense de las Mujeres, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, así como alcaldes de los seis municipios considerados de más riesgo para las mujeres.

La diputada María Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se pronunció enseguida a favor de los derechos de las mujeres de la entidad, por la libre y pacífica expresión, por el respeto y el fortalecimiento de las instituciones ya existentes, por la igualdad entre hombres y mujeres, y una cultura de igualdad efectiva.

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, la diputada Miroslava Luján López presentó un posicionamiento sobre la reciente protesta de mujeres y sociedad civil, en el que destacó que les acompañan en su reclamo de respeto, seguridad y justicia, ya que representan un urgente llamado de atención respecto a lo mucho que falta por hacer en materia de equidad de género.