En un segundo punto del Acuerdo se determina que la denuncia señalada y las pruebas ofrecidas no ameritan la incoación del procedimiento de juicio político, mientras que en un tercer punto y a efecto de evitar futuros malentendidos que pudieran derivar en errores en la interpretación de las votaciones previstas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal para los integrantes de los cabildos, se establece la manera en que se llevan a cabo las votaciones por mayoría simple, en el caso del Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora, que cuenta con siete integrantes.

El segundo Acuerdo aprobado por la comisión determina que las conductas atribuidas a la ciudadana Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado, en la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Francisco Arnaldo Monge Araiza el 19 de noviembre de 2019, no corresponde a las enumeradas en las fracciones III y VII del Artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Por lo tanto resuelve que la denuncia y las pruebas ofrecidas no ameritan la incoación del procedimiento de juicio político. A este Acuerdo se le adicionó un tercer punto para exhortar a la Fiscal del Estado a fin de que no vuelva a suceder un acontecimiento que vulnere los derechos de un ciudadano, como el ocurrido a quien presentó la denuncia, y en su caso, actuar en la reparación del año.

El tercer Acuerdo aprobado resuelve que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 328, 329, 330 y 338 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, resuelve que la solicitud y las pruebas ofrecidas por el ciudadano José Luis Lomelí Quintero, no ameritan la incoación del procedimiento de revocación de mandato en contra del ciudadano Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a quien señalaba por la presunta comisión de actos de corrupción, cohecho, peculado y desvío de recursos.

La dictaminadora también aprobó un proyecto de ley que adiciona un párrafo octavo al Artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación y a la Ley de Seguridad Escolar, ambas para el Estado de Sonora, presentados en su momento por la diputada Rosa María Mancha Ornelas.

Se trata de incluir en la Constitución local y en las leyes referidas los conceptos que se señalan en la redacción de la norma constitucional federal, sobre todo lo referente a la promoción del amor a la patria a y a los valores éticos, morales y patrióticos, así como todo aquello que se refleje en la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y jóvenes, para lograr tener mejores ciudadanos.

Otro proyecto de ley que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Sonora aprobó en esta reunión la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en lo relativo al Artículo 136 de una iniciativa presentada por la diputada María Dolores Del Río Sánchez.

Las autoridades municipales reconocerán, promoverán, protegerán y garantizarán el derecho de toda persona a acceder y disfrutar del patrimonio de uso público, conformado por todos los bienes de uso público que bajo cualquier título legal están afectos al uso común y, en especial las playas, riberas y malecones, sin más limitaciones que las dictadas por el interés público, establece entre otros puntos el proyecto.

El último punto del orden del día fue la dictaminación de la minuta con proyecto de Decreto, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se reforma y adiciona el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.

La minuta establece que uno de los propósitos de la reforma es crear un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el que se garantizará una extensión de los servicios de salud, en específico para los ciudadanos que se encuentran en situaciones vulnerables y que no cuentan con seguridad social, bajo los principios de universalidad, igualdad e inclusión.

También el de otorgar apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando el mismo para los menores de edad, indígenas menores de 64 años y personas en situación de pobreza, y que los adultos mayores de 68 años reciban una pensión no contributiva por parte del Estado, lo cual es de suma importancia para brindar protección social a los adultos mayores y con esto se reduce la brecha de desigualdad, entre otros aspectos.

Todos los asuntos aprobados serán remitidos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que sean incluidos en una próxima sesión del Pleno del Congreso del Estado.