Ciudad de México(NDS).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Segalmex, Liconsa y Diconsa durante 2019 y 2020.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que ambas denuncias se interpusieron en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el pasado 11 de agosto, y que se suman a las carpetas de investigación iniciadas previamente contra varios exfuncionarios públicos.

Si bien no se conoce con precisión a cuánto asciende el monto del daño presupuestal que consignó la ASF en sus denuncias, una revisión a la Cuenta Pública de 2019 y 2020 muestra que se formularon 43 pliegos de observaciones por un mal uso de recursos públicos por 4 mil 793 millones 411 mil 130 pesos en ambos ejercicios fiscales.

En ese periodo, el director de Segalmex, Liconsa y Diconsa era Ignacio Ovalle, quien, pese al tamaño de las irregularidades, fue removido del cargo en marzo y nombrado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), sin que exista una investigación para deslindar responsabilidades.

Estas denuncias son las primeras interpuestas por la ASF por irregularidades detectadas en la actual administración. Hasta marzo de este año, las denuncias seguían concentradas en los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente en el esquema conocido como ‘La Estafa Maestra’.

En abril pasado, Animal Político publicó que los plazos legales para resolver irregularidades por más de mil millones de pesos en Segalmex y por la ‘desaparición’ de 4 mil medicamentos para tratar cáncer se agotaron desde noviembre de 2021, pese a lo cual la ASF no había interpuesto denuncias penales.

Las dos denuncias de la Auditoría por posible daño patrimonial llegan después de otras 38 presentadas desde enero pasado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la propia FGR, según informó el titular de la SFP, Roberto Salcedo.

Como parte de ese cúmulo de denuncias, la FGR abrió una carpeta de investigación por una compra ilegal de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos de Segalmex por 100 millones de pesos. Por este caso, quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira —subalterno de Ovalle—, fue vinculado a proceso y está en espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia.

Paralelamente, la FGR inició otra carpeta de investigación por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de 15 exfuncionarios y ocho socios de empresas a los que acusó de simular la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.

Ninguna de las investigaciones de la FGR incluye a Ovalle, quien fue titular de Segalmex, Liconsa y Diconsa —y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados— durante el periodo en que se cometieron los supuestos delitos.

Las irregularidades denunciadas por la ASF

Según la información pública de la propia Auditoría, en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, el daño al erario en las tres instituciones fue de mil 327.6 millones de pesos, mientras que en 2020 el boquete fue de 3 mil 465 millones adicionales.

Al tratarse de pliegos de observaciones, la ASF considera que son recursos ejercidos cuyo destino se desconoce; en otras palabras, es dinero posiblemente desviado.

Por institución, el dinero público malversado en Segalmex asciende a 2 mil 31.2 millones de pesos, en Liconsa mil 932.2 millones y en Diconsa 829.9 millones.

Una de las principales irregularidades documentadas por la ASF en Segalmex, Liconsa y Diconsa en 2019 y 2020 fue el pago de mil 445.7 millones de pesos por la supuesta prestación de servicios profesionales en apoyo al personal. Es decir, se trató de pagos a empleados “fantasma” contratados mediante el esquema de outsourcing.

La Auditoría también detectó pagos sin que se comprobara la recepción de productos y servicios como envases de PET (99.9 millones de pesos), costales blancos de polipropileno (182.1 millones de pesos), tarimas (67.2 millones de pesos), plaguicidas, abonos y fertilizantes (49.9 millones de pesos) y transporte de productos lácteos (620.5 millones de pesos).

El ente fiscalizador también documentó erogaciones injustificadas en contratos de coproducción para beneficiar a ciertos proveedores. Por ejemplo, se hicieron pagos por 293.4 millones de pesos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos, y pagos por 518.4 millones sin acreditar la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma.

La ASF detectó asimismo pagos en exceso a productores de leche por 327.3 millones y salidas injustificadas de efectivo de las cuentas de Segalmex por 104.3 millones.