Hermosillo, Son., abril 19 de 2023.- Por considerar que las pruebas ofrecidas dentro de la denuncia en contra del Presidente Municipal, Síndica, regidoras y regidores del Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto no corresponden a las conductas establecidas en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó no iniciar un procedimiento de juicio político.

En sesión de trabajo que encabezó el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, las y los integrantes de la dictaminadora aprobaron por unanimidad el Acuerdo que resuelve que, en apoyo a lo dispuesto por el Artículo 241 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones, se determina que la denuncia presentada y las pruebas ofrecidas no ameritan la incoación del procedimiento de juicio político.

El Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales informó que la denuncia fue presentada el pasado 22 de marzo por el ciudadano Héctor Hernández García, en contra de los ciudadanos Abel González Ambriz, presidente municipal; Judith Guadalupe González Torres, síndica municipal; Santiago Quiñónez Puente, María Teresa Argüelles Rivera, Ignacio Valenzuela Alcántar, Melina Flores Barraza y Brenda Yazmina Chávez Cristín, regidores del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto.

Agregó que las conductas atribuidas a los integrantes del Ayuntamiento referido no corresponden a las enumeradas en los artículos 234 y 235 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, por lo tanto, no amerita la incoación del procedimiento de juicio político.

Asistieron a esta sesión de trabajo las diputadas Azalia Guevara Espinoza y Rosa Elena Trujillo Llanes, así como los diputados Fermín Trujillo Fuentes, Ernesto De Lucas Hopkins y Héctor Raúl Castelo Montaño.

Parlamento Abierto

Con la finalidad de llevar a cabo un Parlamento Abierto, tal y como lo mandatan la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizó análisis y discusión de diversas iniciativas que fueron turnadas a dicha dictaminadora.

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encabezó la sesión en la que, en primer término, se analizó y discutió la iniciativa presentada por las diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

La diputada María Jesús Castro Urquijo presentó su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al Artículo 329 del Código Penal del Estado de Sonora, y como último punto, la iniciativa presentada por la diputada Barreras Samaniego, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora.

En el análisis de la primera iniciativa fue la diputada Brenda Lizeth Córdova Búzani quien, vía zoom, expuso a detalle el proyecto que busca incluir agravantes cuando se trate de conductas cometidas por servidores públicos, como el delito de extorsión, para que no se les deje permanecer en el puesto y vayan directamente a prisión.

En el siguiente punto del orden del día, la diputada María Jesús Castro Urquijo dio a conocer la iniciativa a la que ha denominado “Ley Monse”, que tiene como finalidad aplicar el encubrimiento en los supuestos de feminicidio en el Artículo 263 BIS 1 del Código Penal del Estado de Sonora, ya que resulta necesario contar con cuerpos normativos eficientes, que no permitan ningún resquicio de impunidad.

Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la iniciativa presentada por la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, la cual consigna que en los delitos en los que se señale expresamente la forma en que debe iniciar su persecución o la investigación correspondiente, se deberán considerar como delitos perseguibles de oficio, además de plantear la modificación de diversas disposiciones del Título de Delitos Sexuales.

A este Parlamento Abierto asistieron Fabián Ramírez Mendoza, Coordinador General de Gestión Judicial del Supremo Tribunal de Justicia; Jesús Christian Bernal Madrid, de la Secretaría de la Consejería Jurídica; Alfonso Fonseca, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y la abogada Kathya Félix.

Además de las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rosa Elena Trujillo Llanes, Celeste Taddei Arriola y María Jesús Castro Urquijo.