Nacional
América Móvil de Slim es multada; se le prohíbe vender equipos bloqueados y establecer plazos obligatorios
América Móvil criticó la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), argumentando que la medida no toma en cuenta los cambios en el mercado y otorga “privilegios regulatorios” a sus competidores.
El IFT de México dio a conocer este miércoles nuevas disposiciones regulatorias que afectan a América Móvil, empresa propiedad del magnate Carlos Slim, en su rol como Agente Económico Preponderante en el sector de Telecomunicaciones (AEPT).
La compañía, matriz de Telcel y Telmex, anunció que impugnará estas decisiones ante los tribunales mexicanos, ya que considera injusta la resolución emitida ese mismo día.
Entre las principales medidas se incluyen la obligación de vender equipos desbloqueados, la prohibición de imponer condiciones para la adquisición de dispositivos y servicios, así como la eliminación de plazos forzosos en los contratos de servicios de telefonía e internet.
El IFT explicó que esta es la tercera vez que revisa estas reglas con el objetivo de “fomentar una mayor competencia, eliminar posibles barreras y prevenir prácticas anticompetitivas en los mercados de telefonía móvil, internet y telefonía fija”. Además, destacó que su prioridad es mejorar los servicios para los usuarios y ofrecer precios más accesibles.
A continuación, se detallan algunas de las sanciones y medidas más relevantes que América Móvil deberá cumplir según las disposiciones del IFT:
Entrega de equipos terminales desbloqueados: América Móvil deberá proporcionar dispositivos móviles desbloqueados para que los usuarios puedan optar libremente por otro operador sin necesidad de adquirir un nuevo equipo.
Evitar condicionamientos para la obtención de equipos y servicios: la empresa tiene prohibido imponer condiciones para la compra de equipos terminales o servicios, facilitando que los consumidores elijan opciones sin restricciones adicionales.
Eliminación de plazos forzosos: se deben eliminar los plazos mínimos obligatorios para la contratación de servicios de telefonía e internet, permitiendo a los usuarios cancelar sus contratos sin penalizaciones.
Obligaciones de acceso a servicios mayoristas: América Móvil deberá continuar brindando acceso a su infraestructura de red a otros operadores bajo condiciones de precio y calidad reguladas.
Supervisión y verificación reforzada: el IFT aumentará la supervisión para garantizar que se cumplan estas medidas, con posibles sanciones adicionales si la empresa no cumple con sus obligaciones.
Acceso equitativo a canales de distribución: la empresa debe facilitar el acceso a sus canales de distribución para que otros operadores puedan ofrecer sus productos y servicios en las mismas condiciones.
Estas medidas son el resultado de un análisis exhaustivo sobre el impacto de las obligaciones establecidas desde 2014, respaldado por una consulta pública que se llevó a cabo del 4 de enero al 30 de marzo de 2023.
“La tercera revisión busca fortalecer cuatro ejes fundamentales: la libre elección de operadores por parte de los usuarios, el acceso a servicios mayoristas, la disponibilidad de canales de distribución y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión y verificación”, añadió el IFT en su comunicado.
Por su parte, América Móvil indicó en su respuesta que recibió la resolución correspondiente a la evaluación bienal de las medidas asimétricas impuestas desde 2014 a sus filiales Telcel, Teléfonos de México (Telmex) y Teléfonos del Noroeste (Telnor).
La empresa afirmó que la decisión del IFT “no considera los cambios significativos ocurridos en el sector durante la última década” y que “no se basa en una evaluación completa de la competencia presente en los diferentes mercados”.
América Móvil también denunció que estas medidas responden a las demandas de “competidores que no están comprometidos con el desarrollo del sector en México”, los cuales, según la empresa, buscan mantener “subsidios y privilegios regulatorios” para evitar realizar las inversiones necesarias para competir. La compañía destacó que impugnará la resolución de acuerdo con las leyes correspondientes.
Nacional
Chamán implicado en retiro espiritual donde falleció la actriz Marcela Alcázar se dio a la fuga; le dio a tomar una bebida con extracto de sapos y ranas
Tras el fallecimiento de Marcela Alcázar, una actriz de 33 años que sufrió quemaduras y fue sometida a un tratamiento con una sustancia derivada de ranas, la Fiscalía General del Estado de Durango realizó un cateo en la vivienda donde tuvo lugar el retiro espiritual. Sin embargo, el chamán logró escapar.
El pasado lunes por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Durango llevó a cabo una inspección en un domicilio de la Colonia Villa de Guadalupe, donde se habría realizado el supuesto retiro espiritual. Sin embargo, el líder del ritual, identificado como “Jonathan N”, no fue encontrado en el lugar.
Durante la madrugada del pasado domingo, la actriz asistió al Centro Moyocoyani, en Durango, para participar en un diplomado de Formación de Sanadores con el objetivo de “purificar su alma”. No obstante, durante uno de los rituales, aparentemente consumió una bebida conocida como “Kambo”, elaborada con extracto de sapos y ranas, lo que provocó que comenzara a sentirse mal.
La actriz presentó casi de inmediato síntomas de diarrea y vómito. Según testigos, en lugar de brindarle ayuda o solicitar atención médica, Jonathan “N” impidió que la joven fuera trasladada a un hospital, argumentando que estos síntomas eran una reacción normal.
Una amiga de la actriz fue quien, por sus propios medios, la sacó del lugar y la trasladó a un hospital de la ciudad. Lamentablemente, al llegar, Marcela ya no presentaba signos vitales.
Es importante mencionar que Marcela formó parte de producciones como Tres Milagros, Siempre tuya Acapulco y Uepa. También tuvo un papel destacado en la serie sobre Jenni Rivera, donde interpretó a Chiquis Rivera.
Nacional
Prohíben uso de vapeadores y uso ilícito de fentanilo tras aprobar reforma constitucional en la Cámara de Diputados
El mercado ilícito de vapeadores genera entre tres mil y cinco mil millones de pesos cada año en el país.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que busca prohibir y castigar la fabricación y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos, precursores químicos y fentanilo. Esta medida se aprobó en un contexto de críticas por parte de la oposición, que abogó por una regulación en lugar de una prohibición total de estos productos.
Con 410 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, los legisladores respaldaron la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su propósito es salvaguardar la salud de la población mexicana. La reforma fue enviada al Senado para su análisis y discusión.
“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”, se lee en el texto que se añade a la Constitución.
La diputada Irais Reyes de la Torre, perteneciente a Movimiento Ciudadano, subió a la tribuna mientras vaporizaba para manifestar su oposición a la reforma, la cual consideró un ataque contra el ejercicio de las libertades.
Nacional
Alumnos de la Universidad de Yucatán denuncian estafa; el organizador desapareció con más de 200 mil pesos destinados a su graduaciones
Tras ser víctimas de fraude, los estudiantes de la Facultad de Economía no tendrán fiesta de graduación
Durante el mes de diciembre se celebran diversos eventos sociales, entre los que destacan las graduaciones de diversos niveles escolares. Las instituciones educativas organizan ceremonias en las que se entregan los diplomas y conviven alumnos y familias.
Al tratarse de eventos importantes se planean con anticipación, tal fue el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quienes desafortunadamente no tendrán su anhelado festejo.
El alumnado de la Facultad de Economía denunciaron haber sido víctimas de un fraude relacionado con la organización de su ceremonia de graduación. Según los afectados, el estudiante encargado de coordinar el evento, identificado como Ángel ‘N’, desapareció con más de 200 mil pesos que debían ser destinados al pago de la empresa encargada del banquete.
De acuerdo a primeras declaraciones por parte de los estudiantes afectados, el dinero recolectado en vez de ser entregado a la banquetera correspondiente, fue presuntamente utilizado para financiar la campaña de Karla ‘N’, quien recientemente asumió la presidencia de la sociedad de alumnos de la facultad.
En redes circula la siguiente información expuesta por la comunidad estudiantil. “Queremos expresar nuestra profunda indignación y frustración ante la estafa sufrida por la generación 2024, en la organización de su evento de graduación, un momento que debía ser de celebración y orgullo, pero que se ha convertido en un escándalo de irresponsabilidad y negligencia por parte de A. Z”, se lee.
“Lo que hasta ahora se sabe es que debía 247 mil pesos a la banquetera y su fecha límite de pago fue ayer, la banquetera comentó que él se apareció hace unos días y comentó que no tenía el dinero porque durante las elecciones de su escuela hubo vandalismo y tuvo qué pagar con el dinero de una generación entera que no tiene nada que ver en la política”.
Además, se mencionó que el responsable debía 247 mil pesos a la banquetera, cuyo plazo de pago venció recientemente. La empresa indicó que Ángel ‘N’ acudió días antes de la fecha límite y alegó que no contaba con los fondos porque los utilizó para reparar daños relacionados con un supuesto vandalismo ocurrido durante las elecciones escolares.
Actualmente, Ángel ‘N’ no ha sido localizado, ya que cerró sus redes sociales tras los hechos. La banquetera confirmó que el joven admitió no tener el dinero cuando se presentó a explicar la situación.
Ante este incidente, los estudiantes afectados ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se tomen medidas legales. Mientras tanto, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) emitió un comunicado deslindándose de cualquier responsabilidad en los hechos.