Ciudad de México(NDS).- Un juez federal frenó de forma indefinida la orden de aprehensión contra Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió a la madre del ex director de Petróleos Mexicanos una suspensión definitiva, una medida cautelar que impide su captura.
La mamá del ex funcionario, detenida la semana pasada en la isla Juist, en Alemania, es acusada por la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht.
Hasta el momento Gilda Margarita no ha pronunciado si es su deseo allanarse para enfrentar la justicia mexicana o si enfrenta su proceso de extradición.
Lo más probable es que la suspensión concedida quedé sin efectos porque el juez le dio un plazo de cinco días a Gilda Margarita para que se presente ante el juez de control que ordenó su captura; o también podrá desistirse de la suspensión, para no generar un antecedente negativo que facilite a la FGR pedir la prisión preventiva justificada bajo el argumento de que la quejosa no cumple con las resoluciones judiciales.
A Gilda Margarita se le imputan los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que no son graves y se pueden enfrentar en libertad.
“Se concede a Gilda Margarita Austin y Solís, la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de no sea detenida con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la incidencia”, señaló en su acuerdo el juez.
Para que la suspensión definitiva continúe surtiendo sus efectos, abundó el juzgador, dentro el plazo de cinco días siguientes, la quejosa de otorgar una garantía por 4 mil 500 pesos.
Asimismo, se impuso a la quejosa la obligación de comparecer ante juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación, a fin de continuar con el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, debiendo acreditarlo ante el juzgado de Distrito de Amparo dentro de las 48 horas siguientes.
De igual manera, deberá acudir las veces que sea requerida por la misma autoridad para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el expediente correspondiente.
“Aunado a ello, se apercibe a la quejosa que en caso de incumplir con cualquiera de los requisitos señalados, la suspensión concedida será revocada, bastando la sola comunicación de las autoridades responsables, para que puedan ejecutar el acto reclamado”.
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