Mexicali, Baja California(NDS).- Mediante una misiva, se aclaró el tema en contra de Alejandro Miramontes Armenta, administrador de la Aduana de Mexicali, quien había sido acusado por el presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, Edgar Benjamín Gómez Macías, de corrupción y haber estado sobornando legisladores para que votaran a favor de la Ley Bonilla.
Por medio de una carta dada a conocer a los medios de comunicación, Gómez Macías se desdijo de lo que había declarado sobre la honestidad de Miramontes Armenta, pues lo había acusado de estar ofreciendo millones de pesos para que se votará a favor de la ley Bonilla.
Aclara en la misiva que esto lo hizo simplemente ante la efervescencia del ambiente político electoral del momento y que únicamente lo implicó como estrategia política, pero que de hecho nadie le ofreció a él dinero. Incluso se atrevió a aclarar que en realidad ni conoce a Miramontes Armenta, por lo que le ofrece una disculpa «por los inconvenientes».
Gómez informó en mayo pasado el presunto cohecho de hasta un millón de dólares que le ofrecieron para citar a sesión extraordinaria y aprobar la modificación constitucional.
Sin embargo, se buscó un problema, pues integrantes de la agrupación Artículo 39 Pro BC lo denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos sobornos que le ofrecieron para aprobar la “Ley Bonilla”.
La Miguel Ángel García y Armando Salinas, miembros de dicha organización, interpusieron la acción penal contra el legislador y quien resulte responsable, por los posibles delitos de coalición de servidores públicos, cohecho y enriquecimiento ilícito.
La acusación se debió a las declaraciones que realizó el diputado sobre supuestos sobornos para aprobar la reforma que permite ampliar de dos a cinco años la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez, y por la que votó a favor.
La denuncia se centró en Benjamín Gómez, porque él dio a conocer ante medios de comunicación, el pasado 31 de mayo, el presunto cohecho de hasta un millón de dólares que le ofrecieron para citar a sesión extraordinaria y aprobar la modificación constitucional, lo que finalmente ocurrió.
La efervescencia político electoral como herramienta para mentir y enlodar a funcionarios.
