Hermosillo, Son., marzo 20 de 2018.- El cargo de Fiscal General de Justicia del Estado como miembro del Consejo del Poder Judicial será por el lapso que ejerce la persona dicho cargo, de acuerdo a la Ley 193 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y que este día se envió a publicación, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La mesa directiva presentó el Acuerdo respectivo, mismo que fue avalado por el Pleno, en virtud de que la Ley ha sido aprobada por 46 ayuntamientos,  en la cual también se establece que el conocimiento de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado y sus sanciones, serán conocidas por las autoridades que señale su Ley Orgánica y no por el Consejo del citado Poder.

El 6 de julio de 2017 se aprobó la reforma a los artículos 120, párrafo quinto y 143 B, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual se envió para su aprobación o rechazo, en su caso, a los 72 ayuntamientos del Estado. A la fecha ha sido aprobada por los cabildos de Moctezuma, San Miguel de Horcasitas, Rayón, San Javier, Bácum, Bacanora, Huatabampo, Rosario, y San Felipe de Jesús.

Además de General Plutarco Elías Calles, Huásabas, Bacoachi, Baviácora, Nácori Chico, Huépac, Arivechi, Caborca, Navojoa, Bacadéhuachi, Guaymas, Arizpe, Santa Ana, San Pedro de la Cueva, Granados, Sáric, Sahuaripa, Suaqui Grande, Mazatán, Nacozari de García, Trincheras, Ímuris, Álamos, Altar, Puerto Peñasco, Ónavas, Yécora, Pitiquito, Benjamín Hill, Aconchi, Tubutama, Etchojoa, Benito Juárez, Divisaderos, Átil, Oquitoa y Nogales, Sonora.

A nombre de la mesa directiva, la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya dio lectura al Acuerdo que resuelve enviar para su publicación la Ley número 193, que reforma diversas disposiciones de la Constitución local. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Una de las modificaciones establece que el Presidente del Consejo del Poder Judicial, el Magistrado de dicho órgano y el Fiscal General de Justicia del Estado, conservarán su calidad de consejeros mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos; los demás integrantes del Consejo serán designados por un periodo de seis años y no podrán ser reelectos.

En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó dos dictámenes presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con acuerdos que aprueban las renuncias presentadas por las ciudadanas Cruz Adriana Sepúlveda Rodríguez e Isabel Adriana Espinoza Valenzuela, al cargo de Síndico de los ayuntamientos de los municipios de Moctezuma y Yécora, Sonora, respectivamente.

La dictaminadora dio a conocer que los acuerdos deberán hacerse del conocimiento de las ciudadanas Maritza Vianex Ibarra Cano, síndica suplente del Ayuntamiento de Moctezuma, y Guadalupe Pérez Félix, síndica suplente del Ayuntamiento de Yécora, para lo cual se comisionó a que acudan con la representación del Poder Legislativo a la toma de propuesta respectiva, a los diputados Carlos Manuel Fu Salcido y Rafael Buelna Clark.

Turnan iniciativas a estudio

La Presidencia turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una iniciativa presentada por el diputado Jorge Luis Márquez Cázares, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Propuso establecer en dicha legislación las bases para incluir las tecnologías de la información y comunicación en el acto legal de entrega-recepción de la administración pública municipal, para de esta manera contribuir a la rendición de mejores cuentas de una administración a otra.

Al percibir los grandes beneficios que puede traer a los sonorenses la implementación efectiva y adecuada de esquemas de gobierno electrónico en los ayuntamientos del Estado, se garantiza una correcta continuidad entre administraciones salientes y entrantes, dijo.

Y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se envió para estudio la iniciativa presentada por la diputada Angélica María Payán García, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de proteger y asistir a las víctimas en el pleno respeto de sus derechos humanos.

Expuso que esta propuesta constituye una acción legislativa más de las emprendidas en la lucha por la defensa de los derechos de mujeres, niñas y niños en contra de la discriminación y la violencia, por lo que es integral al no considerar como regla general el aumento de penas como medida de inhibición de la comisión de delitos.

Lo que propone, indicó, es ampliar y clarificar las conductas que constituyen algunos tipos penales, así como endurecer las reglas y eliminar beneficios para aquellos perpetradores de conductas constitutivas de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual, contra la vida y la salud de mujeres y niños, para lo cual incluye cuatro nuevos delitos: contra la autoridad, contra la intimidad personal, suicidio feminicida y fraude familiar.