María Teresa Orellana, ama de casa de 32 años, sufrió un parto extra hospitalario en marzo de 2010 y fue llevada a un hospital público donde luego de ser atendida por los médicos fue detenida. El 1 de octubre de 2010 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

En su resolución la Corte señala que al momento el parto, la mujer no contaba con asistencia sanitaria de ningún tipo y agrega que quien la embarazó, “tampoco se encontraba presente para asumir las responsabilidades legales que como progenitor tenía”, ya que emigró a Estados Unidos.

En el caso de Cinthia Marcela Rodríguez, de 30 años, que creció con limitados recursos económicos y desde joven trabajaba en una maquila, tuvo un parto extra hospitalario en julio de 2008 sin ninguna asistencia médica y el 20 de agosto de 2009 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

Al conmutar la pena, la Corte argumentó “razones de equidad y de justicia, basados en las condiciones sociales, económicas y personales”.

“Esperamos que el Estado siga luchando por las 18 (mujeres) que quedan aquí adentro”, dijo Cinthia, señalando la cárcel donde permaneció recluida 11 años, un mes y tres días.

La joven que dijo que durante su internamiento aprovechó estudiar y sacar el bachillerato, afirmó que en El Salvador “la justicia es retardada. Sigan luchando porque 18 quedan aquí”, expresó al dirigirse a decenas de mujeres que llegaron a recibirlas.

En sus argumentos para conmutar las penas, la Corte citó las sentencias de la Sala de lo Penal de 2016 y 2017, que reconocen “el embarazo y la etapa posparto como momentos de alta vulnerabilidad en la salud de una mujer, pues se ve afectada de diversos padecimientos y emergencias obstétricas de amplia gama”.

Recientemente recuperó la libertad Evelyn Beatriz Hernández, de 21 años que fue condenada a vivir 30 años tras las rejas, acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto. Evelyn se embarazó a los 18 años tras enfrentar violencia sexual en la pequeña comunidad donde vivía. Dice que no denunció la violación por miedo ni se dio cuenta de que estaba embarazada, pero el 6 de abril de 2016, cuando estaba en su casa, sintió fuertes dolores en el vientre y fue al servicio sanitario, donde se desmayó.

Según la agrupación ciudadana, en El Salvador cada año hay más de 25 mil mujeres embarazadas después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, en casos como en el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado —aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y el victimario— estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.

La agrupación ciudadana ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.