MEXICO, 6 DE JUNIO.-
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrirá la cicatriz de la mayor tragedia infantil en México. Diez años después del incendio de la guardería ABC, en donde fallecieron 49 niños y más de 100 infantes resultaron gravemente heridos en Sonora, el Ejecutivo mexicano ha dado un primer paso para saldar la deuda de justicia con los padres de las víctimas. El pasado 22 de mayo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra de José Eduardo Bours Castelo, gobernador de ese Estado en 2009, por su responsabilidad en el siniestro. Un nuevo capítulo, en un caso plagado de intentos fallidos, condenas mínimas y omisiones jurídicas.

El líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha asegurado este miércoles en su conferencia de prensa matutina que esta vez sí se llegará al fondo de la tragedia de la guardería ABC. “Lo importante es que se inicie una etapa nueva en todo sentido, que se haga el compromiso de reabrir el caso en una circunstancia distinta donde ya no prevalece la impunidad”, ha dicho. El presidente de México se comprometió a “hacer su parte” y pedir al poder Judicial que actúe para que haya, finalmente, justicia.

A una década del incendio,19 personas han sido imputados por los delitos de homicidios y lesiones culposos, sin embargo, ninguno de los acusados está en prisión. El entramado de amparos y el hecho de que los delitos que se cometieron fueron sin dolo les han permitido sortear las condenas que van desde los 14 a los 29 años. En las resoluciones judiciales sobre el caso se reconoce que los imputados desatendieron los reglamentos de construcción y de protección civil para el adecuado funcionamiento de la guardería. Dos de los dueños de la guardería, funcionarios públicos municipales, estatales y federales, entre ellos el exdelegado del IMSS en Sonora, figuran entre los responsables.

En este nuevo capítulo de la tragedia, el director del IMSS, Zoé Robledo, no ha descartado que además de Bours Castelo sean presentadas otras denuncias en contra de otros funcionarios a raíz de las nuevas pesquisas sobre el caso. El Gobierno de López Obrador tomará como referencia la investigación que hizo hace nueve años sobre el caso del ministro Arturo Zaldívar en la que se implica a 11 personas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha añadido que se esperan los primeros avances para este mes y una disculpa pública por parte del Gobierno, la cual, precisó, dependerá de si se logra alcanzar un acuerdo con los padres de familia.

El 5 de junio de 2009 México sufrió una gran conmoción por el incendio en una guardería instalada en una antigua nave industrial. Un vehículo explotó en un garaje y el fuego alcanzó de inmediato la guardería donde se hallaban más de 100 niños en un espacio de apenas 150 metros. Las llamas convirtieron el inmueble en una trampa de humo y fuego. El sitio se encontraba desprovisto de extintores y salidas de emergencia. Cuando uno de los testigos del siniestro logró abrir un boquete para salvar a los niños, muchos de ellos yacían con quemaduras e inconscientes por la inhalación de humo. La guardería pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero su gestión estaba en manos privadas.

Desde esa fecha comenzó el peregrinar de víctimas y familiares en busca de justicia. El entonces presidente de México, Felipe Calderón, aseguró que habría una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido. Los padres de los niños fallecidos y heridos, así como la sociedad sonorense criticó la pobre gestión del gobernador priista Bours ante la crisis. En respuesta frente a este laberinto de negligencias, los ciudadanos votaron en 2009 por Guillermo Padrés, del PAN.

Dos sexenios después, con un expediente de más de 130.000 folios

y el paso de más de seis fiscales, la tragedia del ABC sigue siendo un referente de la impunidad en el país. Los padres de las víctimas han organizado durante años numerosas protestas para exigir que la justicia mexicana revise el caso y que, sobre todo, investigue a los funcionarios municipales, estatales y federales que permitían que el centro de cuidado funcionara bajo condiciones de inseguridad.

Este miércoles, mientras el Gobierno federal daba a conocer la reapertura de la investigación del caso ABC, en el exterior de Palacio Nacional una decena de padres clamaban por una audiencia con el presidente para exigir, una vez más, justicia para sus hijos. “AMLO no nos engañes como Calderón y Peña #AtiendeABC”, indicaba una de las pancartas. Al ser cuestionado en la rueda de prensa sobre la ausencia de una reunión con los padres agraviados, López Obrador ha explicado que se reunirá con los padres cuando exista un consenso entre ellos. Una década ha transcurrido desde que más de un centenar de familias fue marcada por el dolor, su demanda de justicia sigue sin tener respuesta.