MEXICO, 6 DE JUNIO.-
México ha interceptado este miércoles una nueva caravana que viajaba rumbo a Estados Unidos. A poco menos de dos horas de que comenzara la reunión para discutir la amenaza arancelaria de Donald Trump a causa de la crisis migratoria, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó 200 agentes policiales para frenar a unos 500 migrantes que habían cruzado el límite con Guatemala por la mañana de manera irregular. Casi simultáneamente, la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de EE UU (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer los números recientes de las detenciones en la frontera sur: unas 132.887 personas fueron arrestadas en mayo tras ingresar ilegalmente, un 32% más que en abril.

Militares, policías y agentes fronterizos. El día clave de la negociación con Washington, el Gobierno mexicano desplegó todas las fuerzas de seguridad de la región del sur de Chiapas para detener el avance de un nuevo grupo de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que se disponía a cruzar México. El bloqueo se realizó en Metapa, un municipio a unos 18 kilómetros al norte de la frontera. Los agentes se dispusieron a ordenar al grupo a tomar unos autobuses con rumbo a un centro federal para migrantes a las afueras de la ciudad fronteriza de Tapachula, según cuentan activistas de la región. López Obrador ha manifestado este jueves que no van permitir que nadie transite ilegalmente por México y ha asegurado que la presión de Trump no ha influenciado su política. “No actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie por quedar bien con un gobierno extranjero”, ha dicho.

La nueva caravana llega en el peor momento de la relación bilateral entre los países norteamericanos. Siete días de tensión se acumulan después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas del 5% a partir del 10 de junio, hasta llegar al 25% en octubre, si México no resuelve el problema de la inmigración ilegal. Tras la acusación del mandatario estadounidense de que México “no ha hecho lo suficiente” para contener la crisis, el Gobierno de López Obrador se ha empecinado en demostrar que sí. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que lleva días protagonizando reuniones en Washington sobre este asunto, ha asegurado esta semana que su país ha deportado a unas 80.000 personas en 2019. “La gente que está viniendo [a EE UU] no son mexicanos, el 85% son de Centroamérica. Debemos encontrar una solución, México ya está haciendo muchos cambios”, dijo el martes a la salida de un encuentro con la líder demócrata Nancy Pelosi.

Al llegar al poder, la Administración de López Obrador abrió las puertas de par en par a los migrantes. Pero la llegada de sucesivas caravanas masivas en los primeros meses provocaron un cambio en la política migratoria del Gobierno mexicano que se decantó por frenar las crisis con una triplicación en las deportaciones en los primeros meses del año. México pasó de expulsar a 5.717 personas en diciembre de 2018 a 15.654 en mayo, según los datos preliminares oficiales.

La situación crítica que atraviesa el país latinoamericano repercute en la frontera con Estados Unidos, donde las detenciones de migrantes ilegales no han parado de escalar. La patrulla estadounidense arrestó en lo que va del año a más de 430.000 personas que habían ingresado a territorio estadounidense ilegalmente. Solo en mayo detuvo a más de 84.000 miembros de familias y a unos 11.500 niños que viajaban solos, según los datos actualizados de la agencia migratoria de EE UU. “Tenemos una crisis en nuestra frontera sur”, dijo en Twitter tras dar a conocer los números el vicepresidente Mike Pence, quien encabeza la delegación estadounidense en las negociaciones.

Las últimas cifras presentadas por la CBP, las más altas en por lo menos los últimos seis años, reflejan la crisis que atraviesa la región. Los números acumulados en los primeros cinco meses de 2019 casi alcanzan el total anual de 2018, que registró 521.090 detenciones e inadmisiones. Unos datos que aumentan sin duda la presión sobre México de cara a las negociaciones.