INTERNACIONAL, 7 DE JUNIO.-
Casi 800.000 de los cuatro millones de ciudadanos venezolanos que han dejado su país por la severa crisis humanitaria llegaron a Perú, la segunda nación con mayor cantidad de inmigrantes de esa nacionalidad tras Colombia. Este jueves, el presidente peruano, Martín Vizcarra, acudió a la tercera expulsión de venezolanos que entraron irregularmente al país y anunció que, desde el 15 de junio, su Gobierno exigirá pasaporte y visa humanitaria para el ingreso por sus fronteras. De esa manera, dice, habrá una “migración ordenada y segura” para “garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos en el Perú”, explicó el mandatario.

Desde el 29 de abril, el Ministerio de Interior ha expulsado a 140 venezolanos, una acción que —como la entrada en vigor de las nuevas medidas restrictivas para acceder al país— ha difundido mediáticamente en un contexto de creciente xenofobia. En las dos anteriore”Abrimos los brazos como siempre lo ha hecho el Perú, pero ahora tenemos que ser rigurosos en el control de la gente que ingresa, y los que han ingresado de manera ilegal serán expulsados”, afirmó Vizcarra el jueves. “Estamos expulsando 52 ciudadanos que registran antecedentes por delitos de homicidio, robo agravado, tenencia ilegal de armas, seducción y violación. Vamos a continuar hasta llegar al último, no descansaremos hasta proteger a nuestros ciudadanos porque esto constituye una amenaza para la seguridad interna”, agregó el ministro de Interior.

Muchos venezolanos residentes en Lima creen, en cambio, que la medida puede propiciar un mercado negro de documentos, especialmente los antecedentes policiales apostillados. “Obtener un pasaporte es casi imposible en Venezuela”, alertó en Radioprogramas Paulina Facchín, representante de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro.

Hace dos años y medio, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski promovió la migración de venezolanos al instituir el permiso temporal, un documento que autoriza el trabajo formal y que habilita al pago de impuestos y al acceso a salud y educación. El documento, de un año de validez, podía prorrogarse por un año automáticamente. Para tramitarlo, era necesario carecer de antecedentes policiales y penales, identificarse con la cédula de identidad o pasaporte, tramitar una ficha en Interpol y pagar unos 12 dólares.

Perú entregó los permisos a quienes ingresaron antes de octubre de 2018 y ya no lo expide más. Sin embargo, miles de venezolanos han seguido llegando a Perú con solicitudes de acogida. “Hay unos 120.000 pedidos de refugio”, indica a EL PAÍS el embajador Enrique Bustamante, director general de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. “Los requisitos para la visa humanitaria son presentar el pasaporte válido o vencido —porque reconocemos los cinco años de vigencia que indica la Asamblea Nacional [venezolana]— y certificado de antecedentes penales y policiales en su país de origen. La pueden pedir en los consulados de Perú en Caracas y Puerto Ordaz; en Colombia, en Bogotá, Medellín y Leticia; y en Ecuador en Quinto, Cuenca y Machala. Es gratuita”, detalla el funcionario.

El trámite es en persona y Perú, justifica Bustamante, aplicará dicho visado para que los ciudadanos “no sean víctimas de trata, no usen documentos falsos y no corran el riesgo de ser detenidos en el camino”. En grupos de Facebook de venezolanos en Perú, algunas personas ofrecen “acelerar” las citas de refugio o de emisión de permisos temporales. “Eso es falso, una vez que alguien pidió refugio está protegido y debe esperar. Y ya no hay permiso temporal de permanencia”, aclara el director general de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.sus expulsiones había participado el ministro del Interior, Carlos Morán, pero en esta ocasión por primera vez el acto contó con la presencia del presidente. Interior justificó que expulsaba a quienes tramitaron el permiso temporal de permanencia sin declarar que tenían antecedentes penales o policiales, es decir, violaron la Ley de Migraciones de Perú.

Ambiente tenso

El cambio de política migratoria coincide con un creciente clima de xenofobia en Perú, que se ha expresado en una ordenanza regional en Cusco aprobada a mediados de mayo en la que se sanciona a los empleadores que despidan a peruanos para subcontratar a trabajadores venezolanos.

La semana pasada el alcalde de la provincia de Caravelí (Arequipa, sur) pidió a los venezolanos “retirarse” si quieren que “vivamos en paz” después de que dos extranjeros fuesen señalados como sospechosos del asesinato de una pareja de empresarios para la que trabajaban. En marzo, el regidor de Huancayo (centro del país) anunció una norma para declarar la ciudad “libre de venezolanos frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”. La autoridad retrocedió después de que la Defensoría del Pueblo rechazase la medida y la Fiscalía anunciase el inicio de una investigación fiscal por discriminación.