LA PAZ a 12 de julio.-  El féretro salió de la funeraria hacia el cementerio. Detrás iban los familiares devastados por el dolor y la impotencia al grito de “¡Justicia, justicia!”. Mery Vila es la última víctima de los 73 feminicidios ocurridos en Bolivia en lo que va del año, lo que ha puesto a las autoridades en alerta.

Según su madre, Luisa Ticona, la joven de 26 años fue asesinada el lunes de varios martillazos en la cabeza que le propinó su pareja. “Le destrozó la cabeza, él estaba borracho”, dijo durante el velorio el jueves. “Alcanzó a llegar al hospital, le hicimos operar, pero no sobrevivió”, contó su padre, Celso Vila. Los abuelos se encargarán del hijo de nueve años que dejó huérfano. La pareja de Vila ya había estado en 2015 en la cárcel por golpearla, relató su padre.

La policía informó que la pareja de Vila está detenido preventivamente porque se le encontraron varias pruebas que lo implicarían en el crimen.

El de Vila es uno de los siete feminicidios ocurridos en sólo cinco días en julio. Las autoridades difundieron recientemente un informe que elevó a 65 los casos durante los primeros seis meses y desde entonces se reportaron ocho más. Se trata de la cifra de feminicidios registrada en el primer semestre más alta desde que en 2013 se promulgó una ley que busca frenar la violencia de género. Pero el nivel de impunidad se mantiene elevado y sólo un 15% de los feminicidios obtiene una sentencia judicial.

“Hasta esta semana se registraron 73 casos de feminicidios, la mayoría en sectores vulnerables. Esto es lamentable”, informó el viernes el Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa.

Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero”, dependiente del Ministerio de Justicia, dijo que los casos “son cada vez con más saña y violentos” por lo que el viernes se llamó a una reunión de emergencia del gabinete de la mujer. Se prevé que el lunes se anuncien medidas para frenar la violencia de género a través de la asignación de mayores recursos.

Bolivia es el país con la tasa más alta de feminicidios en América del Sur con dos por cada 100.000 mujeres, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2018 que incluyó a 19 países de Latinoamérica más España.

Olas de mujeres se han movilizado para combatir la violencia de género en todo el mundo. En la vecina Argentina surgió en 2015 un movimiento conocido como “Ni Una Menos” que atrajo a miles de personas a manifestaciones masivas en apoyo a los derechos de las mujeres. Los movimientos en Bolivia han carecido del impacto del “Ni Una Menos” o el #MeToo de Estados Unidos, pero las mujeres bolivianas han organizado manifestaciones y producciones teatrales para crear conciencia sobre el tema.

Sánchez consideró que la escalada de la violencia de género en el país es reflejo de la resistencia del sistema patriarcal al cambio y a “aceptar que hombres y mujeres podemos ejercer derechos en las mismas condiciones y en igualdad”.

Para María Ángela Sotelo, experta en temas de género de la Coordinadora de la Mujer, también influyen el alto nivel de impunidad y la falta de medidas integrales que aglutinen a todos los sectores de la sociedad. “Además de que se cambie la cultura de naturalizar la violencia. En Bolivia es normal golpear a una mujer”, agregó.

Alrededor de la mitad de las denuncias de violencia de género en Bolivia tienen lugar en comunidades indígenas, según cifras de 2017 del Instituto Nacional de Estadística. Esas comunidades constituyen aproximadamente una quinta parte de la población del país andino.

Alrededor del 40% de los casos policiales de Bolivia involucran violencia familiar y el abuso del alcohol está presente en el 90%, según un informe del gobierno del año pasado.

“La retardación de justicia es muy alta. Yo soy una sobreviviente. Me intentaron matar. En mi trabajo mi expareja me quiso asfixiar. Mi hermana me salvó y ahora estoy buscando justicia hace casi dos años y no he tenido suerte”, relató una doctora que prefirió no dar a conocer su nombre porque teme por su vida. La mujer, de 35 años, explicó que su expareja la atacó porque no quería pagar la pensión de su hijo.