CHICAGO,Estados Unidos a 11 de julio.- El gobierno del presidente Donald Trump planea iniciar este fin de semana un operativo a nivel nacional en busca de familias de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal, a pesar de la férrea oposición de los demócratas y los cuestionamientos sobre si es la mejor manera de utilizar los recursos ante la crisis que se vive en la frontera sur.

Trump pospuso el inicio del operativo a finales del mes pasado y estaría dirigido a personas con órdenes finales de deportación, incluyendo familias cuyos casos migratorios fueron expeditados por jueces en 10 grandes ciudades, incluyendo Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.

La medida ha desatado indignación y preocupación entre legisladores y activistas.

“Nuestras comunidades han estado en constante temor”, dijo el jueves Estela Vara, una organizadora del área de Chicago, durante una protesta a las afueras de las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), donde algunos activistas gritaron: “¡Inmigración, no deportación!”.

La medida continúa en planes y podría empezar este fin de semana o posteriormente, según dos funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato debido que no estaban autorizados a discutir el tema públicamente. Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) presentó el jueves una demanda preventiva con el fin de proteger a los solicitantes de asilo.

En tanto, los activistas reforzaron sus preparativos al repartir guías en las que detallan los derechos de los inmigrantes e información sobre líneas telefónicas de ayuda, además de organizar manifestaciones en lugares públicos. Se programaron para el viernes vigilias afuera de centros de detención en cientos de lugares, así como protestas en Miami y Chicago el sábado.

La redada es similar a otras realizadas de manera regular desde 2003 y que a menudo produjeron cientos de arrestos. Es algo inusual que vayan en contra de familias, en lugar de inmigrantes con antecedentes penales, pero no sería la primera vez. Los gobiernos tanto de Barack Obama como de Trump han realizado operativos previos dirigidos a las familias.

Pero esta medida es distinta debido al ambiente político que la rodea.

Trump anunció en Twitter el mes pasado que el operativo representaría el inicio de una batida para deportar a millones de personas que están ilegalmente en el país, algo casi imposible al considerar los recursos limitados con los que cuenta el ICE, la agencia responsable de realizar los arrestos y cumplir con las órdenes de deportación.

Posteriormente canceló la operación después de sostener una conversación telefónica con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, mientras que los legisladores trabajaban por aprobar un paquete de ayuda fronteriza de 4.600 millones de dólares. Además, se habían filtrado detalles, lo que causó preocupación entre las autoridades por la seguridad de los agentes del ICE.

La dependencia dijo en un comunicado que no difundirá detalles sobre la operación.

“Como siempre, el ICE da prioridad al arresto y retiro de foráneos presentes de manera ilegal y que representen una amenaza a la seguridad nacional, pública o fronteriza”, indicó el comunicado.

Trump comenzó a insinuar nuevamente en los últimos días que habría más deportaciones. El fin de semana pasado señaló que iniciarían “muy pronto”.

“Bueno, no las llamo redadas”, dijo el mandatario. “Yo digo que llegaron aquí ilegalmente y los vamos a sacar legalmente”.

Ken Cuccinelli, el nuevo director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), dijo el miércoles a CNN que los operativos “sucederán sin lugar a dudas”.

Pelosi expresó su esperanza de que el gobierno reconsidere la medida. “Las familias deben estar juntas”, declaró.

El gobierno ha pasado apuros para lidiar con una crisis fronteriza, y algunos funcionarios creen que un despliegue visual de sus capacidades para deportar familias podría disuadir a otros migrantes de ingresar al país. Pero otros han criticado cualquier medida que reste fondos a la frontera en momentos en que la Patrulla Fronteriza detiene a cuatro veces más personas de las que puede mantener detenidas. Además, el reporte de un órgano de monitoreo interno reveló condiciones insalubres y potencialmente peligrosas en algunas instalaciones de detención migratoria.

La representante demócrata Pramila Jayapal, copresidenta del caucus progresista del Congreso y exactivista migratoria, acusó al gobierno de mostrar una “disposición para ser cruel en cada oportunidad. Me enferma que estos sean los Estados Unidos de América. Deberíamos ser mucho mejores que esto”.

El líder de la minoría en la cámara baja, Kevin McCarthy, culpó a Pelosi de los operativos porque ella no había hecho “nada” desde que se postergaron. “La presidenta fue la que causó este problema”, aseveró.

Dijo que Trump habría pospuesto los retenes nuevamente de haber visto progreso en la Cámara de Representantes.

Los operativos en Nueva Orleans fueron postergados debido al mal clima. La ciudad tuiteó que confirmó con el ICE que las medidas se suspenderían durante el fin de semana mientras la región se prepara para recibir el primer huracán de la temporada.

Algunos activistas señalaron que preveían que las redadas comenzarían el domingo y planeaban protestas. Según los cálculos de los organizadores, una manifestación programada para el sábado en Chicago atraería a unas 10.000 personas.

“No nos dejaremos llevar por el miedo y la imposición”, dijo Justin Valas, de la organización Asian Americans Advancing Justice en Chicago.

La demanda de la ACLU, presentada ante una corte federal en Nueva York, alega que miles de migrantes que huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras no recibieron una oportunidad justa de recibir asilo y de cualquier forma se les ordenará que salgan del país. Solicitaron que dichos individuos reciban una nueva audiencia.

Algunos otros expresaron dudas de que Trump cumpla con su amenaza.

Desde que Trump asumió la presidencia, los activistas han incrementado su capacitación sobre derechos, recordándoles a los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, sobre su derecho a guardar silencio y de solicitar a las autoridades los documentos indicados.

También han explicado que los inmigrantes a menudo pueden evitar su arresto simplemente negándose a abrirles la puerta a los agentes, quienes necesitan permiso para ingresar a propiedades privadas. Eso ha obligado a los agentes del ICE a esperar fuera de tribunales y demás espacios públicos para poder realizar los arrestos.

“No queremos alarmarlos, queremos alertarlos”, dijo Melissa Taveras, de la Coalición Migratoria de Florida.