Hermosillo, Sonora(NDS).- Por considerar que a casi cinco años de la contingencia ambiental que afectó la región del Río Sonora aún no se resuelven los problemas de salud provocados por esta situación, la Diputación Permanente acordó enviar un exhorto a diversas autoridades federales y estatales, a efecto de extender la operatividad y mantenimiento de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora.

El exhorto está dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y de Salud, ambas de la Federación; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS; a la titular del Poder Ejecutivo estatal, a la Secretaría de Salud del Estado y a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRISON.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó la iniciativa con punto de Acuerdo en conjunto con el diputado Francisco Javier Duarte Flores, a efecto de extender en el acuerdo de voluntades suscrito entre la COFEPRIS y la representación de la empresa minera Buenavista del Cobre, la operatividad y mantenimiento de la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora, hasta que se resuelvan totalmente los problemas de salud provocados por la contingencia ambiental que inició el 6 de agosto de 2014.

Después de realizar una relatoría de lo ocurrido con el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora hace cinco años, el legislador dijo que el ex titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, responsabilizó a Grupo México por esta contingencia y determinó que la minera tendría que resarcir los daños ambientales y de salud de la población.

Recordó que la PROFEPA, la SEMARNAT, la COFEPRIS y la CONAGUA, dieron un informe el 26 de agosto de 2014, en el que refirieron que, aunque la empresa argumentó que el percance lo ocasionaron las lluvias, reportes del Sistema Meteorológico Nacional demostraron que era falsa esta aseveración.

En el tema de la contingencia ambiental, el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, presentó el posicionamiento: “el peor desastre ecológico relacionado con la minería en la historia del país: el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi provocado por la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México”.

“El problema con Grupo México, además del daño ecológico que su responsabilidad ocasiona, es la falta de seguimiento por parte de las autoridades a los problemas competentes, como Pasta de Conchos, el Río Sonora y el Río Bacanuchi; en esos casos no ha habido el seguimiento adecuado y se presupone impunidad al respecto”, aseveró.

Rivera Aguilar recordó que recientemente ocurrió un derrame de 3 mil metros cúbicos en el Mar de Cortés, que aunque luego de la evaluación que emitió la PROFEPA y la denuncia de 50 irregularidades en la empresa minera Buenavista del Cobre, Grupo México pagó una multa de 23 millones de pesos y conformó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones en la zona, a nivel ambiental y social, tales multas y compensaciones no impactan al ser la cuarta empresa en capital en la Bolsa Mexicana de Valores.

“Con la Ley de Responsabilidad Ambiental se busca establecer responsabilidades directas a quienes causen daños al ambiente, exigiendo reparación y compensación de dichos daños cuando sea pertinente, a través de los procesos jurisdiccionales locales y reconocer el derecho de acción judicial a quienes sean directamente afectados en su salud y en su patrimonio”, externó.

A favor de reforzar la actividad minera en Sonora, para lo cual como diputados pueden ser el conducto eficaz entre las instituciones y el sector minero, se pronunció la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, y que se revisen los protocolos y esquemas de seguridad.

Hacer equipo con los ciudadanos y ser gestores ante las instancias locales y nacionales para que la actividad minera se realice dentro del marco normativo es otra de las acciones que propuso la legisladora.

Turnan iniciativas a comisiones

En esta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, sus integrantes aprobaron un Acuerdo mediante el cual se aprueba la renuncia presentada por el ciudadano José Alfredo Cáñez Rodríguez, al cargo de Síndico Propietario del Ayuntamiento del municipio de Tubutama, Sonora.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña dio cuenta del escrito mediante el cual la Presidenta Municipal y el Secretario del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, hacen del conocimiento del Poder Legislativo, que dicho órgano de gobierno ha calificado como procedente la renuncia presentada, la cual tiene efectos a partir de este lunes 5 de agosto.

El Acuerdo establece que deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Florencio Bracamontes Yuriar, síndico suplente, el contenido de la resolución a efecto de que rinda la protesta de Ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 157 de la Constitución Política local, y 25, 27 y 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Se comisionó a la diputada María Alicia Gaytán Sánchez para acudir a la toma de protesta en nombre y representación del Poder Legislativo.

En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Sonora, por parte de la diputada Yumiko Yerania Palomarez Herrera.

Se pretende finalizar con las restricciones y limitaciones a los derechos y prerrogativas que la Ley impone, en el ámbito del matrimonio, a la comunidad lésbico, gay y bisexual, lo que actualmente constituye una patente violación constitucional y convencional, además de que se trata de una iniciativa congruente con el derecho convencional, al sustentarse en los tratados internacionales celebrados y ratificados por México, así como en la Constitución Federal, expuso.

La legisladora mencionó lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Políticos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la prohibición de contraer matrimonio, impuesta a personas del mismo sexo, es inconstitucional debido a que esta exigencia atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo.

Han reconocido el derecho al matrimonio igualitario: Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Escocia, Australia, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Inglaterra y Gales, y en México, las legislaturas de Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Jalisco, Colima, Chiapas, Puebla, Baja California y Nuevo León.

La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, mientras que a las comisiones Segunda de Hacienda y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, se envió la presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, con el objeto de que quienes contaminen por derrames en el territorio del Estado, paguen un impuesto.

Dio a conocer que una acción de este tipo ya se implementa en el Estado de Zacatecas, sin contraponerse a las multas y sanciones establecidas en las leyes correspondientes, y recordó lo sucedido en el Río Sonora y en el Mar de Cortés, con responsabilidad de Grupo México.

Agregó que, independientemente de los derrames tóxicos ocasionados por la empresa minera Grupo México, a diario esta y otras empresas contaminan en territorio sonorense, como en Cananea, dijo, donde a diario se contaminan el aire, suelo y subsuelo, lo que ocasiona afectación al ecosistema y a la salud de los ciudadanos, sin que exista alguna Ley local que obligue a las empresas a contribuir para resarcir las afectaciones originadas, derivadas de su actividad.

Y para que la Comisión Especial de Atención al Migrante que se aprobó en el segundo periodo ordinario de sesiones se convierta en permanente y finalice su carácter de temporal, la diputada Miroslava Luján López presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

Sostuvo que el fenómeno de la migración en el Estado y los problemas que engloba no pueden considerarse temporales y por lo tanto es necesario que la comisión sea permanente, además porque Sonora constituye la principal ruta por la cual la mayoría de los migrantes viajan para llegar a Estados Unidos.

“Para combatir esos problemas resulta necesario que como diputados trabajemos en lo conducente para ir dando paulatinamente solución a cada uno de ellos, por lo mismo, es necesario contar con una comisión permanente que dictamine todas aquellas iniciativas que se presenten en esta Legislatura para la atención de la situación de migrantes y los problemas que engloba dicho fenómeno social”, aseveró.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, estudiarán la presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, con proyecto de decreto que modifica las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Código Penal para el Estado de Sonora.

Explicó que los objetivos del proyecto son: facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres; evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas; generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres; y servir de guía, a partir de un enfoque general, para atender la violencia política con elementos de género en todas sus vertientes, a nivel federal, estatal y municipal.

Este protocolo busca construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales, dijo, sin que se trate de un documento obligatorio, pero sí construido a partir de los estándares nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres, los cuales sí son vinculantes.

La Presidencia determinó que la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud se aboque al análisis de una iniciativa presentada por el diputado Martín Matrecitos Flores, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 51, fracción XX de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

Es fundamental y de gran importancia crear conciencia en la sociedad y en el entorno familiar sobre la necesidad de proteger al medio ambiente, y aunque ya se implementan acciones y programas, todavía hay mucho que aprender sobre cómo prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, afirmó el legislador.

Agregó que resulta indispensable generar y promover las condiciones para fomentar un estilo de vida sustentable para que las niñas, los niños y los adolescentes, que son el futuro de México, se involucren en un tema tan relevante, por lo que el propósito de la iniciativa es incluir en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la sensibilización y la prevención al cambio climático que permita fomentar un estilo de vida sustentable y gocen del bienestar al que tienen derecho.

“Aún estamos a tiempo para implementar en nuestras leyes lo conducente, para que la niñez no sufra las consecuencias en un futuro que no se ve muy lejano”, expresó.

Con oportunidad se informará el día y la hora de la próxima sesión de la Diputación Permanente.