A pesar de que en la sentencia 554/2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que “Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”, y de las características en las que las mujeres son encontradas la mayoría de las investigaciones se inician como homicidios dolosos y muchos de ellos como supuestos suicidios, a pesar de los indicios que pueden encontrarse en el lugar del hallazgo, de dictámenes que evidencian lesiones u otros elementos compatibles con un feminicidio, incluyendo los propios antecedentes o contexto de violencia en el que se encontraba inmersa la víctima.

Ejemplo de ello es el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la UNAM el pasado 3 de mayo de 2017. Además de la campaña de difamación y desprestigio contra la vida y dignidad de la joven, impulsada desde la propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), existieron omisiones graves en la investigación que han violentado el derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia.

Inicialmente la pareja de Lesvy, Jorge Luis “NN” fue vinculado a proceso por homicidio simple doloso por omisión (por no impedir el supuesto suicidio de la joven universitaria), a pesar de que en la carpeta de investigación se hallaron evidencias suficientes para señalar la responsabilidad de Jorge Luis “NN” por el delito de feminicidio agravado. Ante esto la familia de Lesvy y sus abogadas interpusieron un recurso de apelación para que se reclasificara como feminicidio agravado, el cual se otorgó el 18 de octubre de 2017.

Frente a la violencia feminicida que impera en nuestro país las omisiones de las autoridades obstaculizan el acceso a la justicia para las familias: pruebas fundamentales se pierden, las autoridades no consideran si existían antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del agresor a la víctima; si existía una relación sentimental, afectiva o de confianza; si la víctima fue incomunicada previamente; entre otras circunstancias que podrían acreditar las razones de género que se encuentran en el tipo penal para garantizar investigaciones efectivas. Esto se ha demostrado en las diversas investigaciones que se han llevado a cabo por parte del OCNF en el acompañamiento de los casos y, a través de investigaciones que se han realizado en el marco de las solicitudes de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG), mediante las más de 25 investigaciones de las AVG que en su mayoría tienen un análisis de la situación que guardan los estatus legales de feminicidios en los estados.

Además de su prevalencia, como defensoras de los derechos de las mujeres hemos documentado el incremento de la violencia feminicida: las formas en cómo las mujeres son asesinadas están impregnadas de saña y brutalidad que evidencian la misoginia y el uso excesivo de la fuerza física. Asimismo, reflejan la multiplicidad de actores de quienes cometen dicho delito, los cuales además de sus parejas o alguna persona conocida pueden estar ligados a agentes del Estado o grupos delictivos. Como lo han afirmado diversos informes de los Grupos de Trabajo de las Alertas de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 6 en estados como Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí. Según la información proporcionada por el gobierno de San Luis Potosí a la CONAVIM, 12 de los 121 casos registrados de enero de 2011 a noviembre de 2015 el victimario era servidor público, en tres casos había pertenecido al ejército y en uno era policía municipal.

Por otra parte, la falta de prevención y la no atención a las denuncias de las mujeres víctimas de violencia pueden derivar en hechos irreparables como lo es el feminicidio. Ese fue el caso de Yang Kyung María Sun Borrego, joven de 21 años víctima de feminicidio en septiembre de 2014 por parte de Jorge Humberto nombrado como “el mata novias”. Desde un primer momento el caso de la joven fue investigado como suicidio, haciendo a un lado la investigación de los antecedentes de violencia y la sanción a su agresor, lo que derivó en que Jorge Humberto atentara contra la vida de al menos una mujer más en 2016 y una tentativa de feminicidio en 2009, de la cual la autoridad tenía conocimiento. En estos casos fueron las familias quienes lograron vincularse e identificar al agresor de las jóvenes.

Cabe mencionar que los feminicidios están ligados a otros delitos que atentan contra la libertad, seguridad e integridad de las mujeres como la desaparición forzada y la trata de personas.

Familiares y organizaciones no gubernamentales hemos identificado como uno de los modus operandi que las mujeres son desaparecidas y posteriormente asesinadas después de hacer abordado un transporte público, como en el caso de la niña Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz de 11 años de edad, quien desapareció el 8 de junio de 2017 cuando regresaba a su casa después de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un día después en una “combi” del transporte público del Estado de México, que fue hallado el cuerpo de Valeria fue abandonada en avenida Sor Juana y Bordo de Xochiaca-Clínica. Las autoridades identificaron a José Octavio Sánchez Razo, chofer de la unidad, como el hombre que violó sexualmente y asesinó a la niña. Otro ejemplo es la desaparición y posterior feminicidio de Mara Castilla, estudiante de 19 años de edad de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), asesinada también después de haber abordado un taxi Cabify. Su cuerpo fue encontrado ochos días después con visibles signos de violencia sexual.

De enero de 2014 a junio de 2017 el OCNF registró la desaparición de 10 mil 157 mujeres tan sólo en 12 estados del país: Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Morelos, Nuevo León y Guanajuato. Mientras que en el primer semestre de 2017 registró la desaparición de tres mil 174 mujeres en el Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Quintana Roo.

Pese a su incremento, y que la desaparición de mujeres ocurre en prácticamente todos los estados del país, las autoridades no activan de manera inmediata y efectiva el Protocolo Alba, contrario a ello, las autoridades cuestionan y hacen afirmaciones misóginas que obstaculizan su actuar: aseguran que las jóvenes “se fueron con el novio”, reprochan a los padres que para qué las regañan, reducen la desaparición a problemas familiares, advierten que “se fue por su propia voluntad”, etcétera. Estas omisiones no consideran que las primeras 24 horas después de la desaparición son fundamentales para proteger la vida de las mujeres desaparecidas y que su actuar inmediato podría evitar hechos irreparables.

Además del dolor que implica la desaparición y el feminicidio de una de sus integrantes, en reiteradas ocasiones las familias tienen que enfrentarse a la denostación, difamación y calumnias contra sus hijas (a pesar de que ellas no tienen cómo defenderse), como sucedió con Victoria Pamela Salas Martínez, joven de 23 años víctima de feminicidio el 2 de septiembre de 2017 y que posterior a su feminicidio en medios de comunicación y redes sociales se le estigmatizó afirmando que era drogadicta y alcohólica, responsabilizándola incluso de su propia muerte.

Pese a las alertas de género que hoy en día han sido declaradas en 13 estados de la República, las acciones para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia siguen siendo una agenda pendiente, pues las recomendaciones emitidas por los Grupos de Trabajo en torno a las solicitudes de alerta son muy generales, lo que no permite focalizar los esfuerzos y que las acciones impacten en la disminución del feminicidio. Sin embargo, las alertas siguen siendo la herramienta de atención urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que implementar para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida, como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Uno de los aciertos del mecanismo de alertas ha sido la mesa de víctimas para la revisión de los casos de feminicidios y desaparición en el Estado de México, en el cual participa la Fiscalía en Delitos de Violencia de Género, por el Poder Judicial, Comisión de Víctimas y Ejecutivo.

En este sentido, es necesario mencionar que el papel de las familias de las mujeres víctimas de feminicidio ha sido fundamental, pues a pesar de los difíciles momentos que significan perder a una de sus integrantes las familias tienen que enfrentarse con la burocracia, insensibilidad y omisión de las autoridades, esta inacción e indiferencia conlleva a la revictimización, discriminación e impunidad, sin embargo, las autoridades permanecen omisas, como si aquí no pasara nada.

A pesar de los desafíos que enfrenta la investigación y judicialización para acreditar y sancionar el feminicidio en el país, éste ha obligado a las autoridades tanto federales como estatales a contar con una base de datos que permita conocer sus características y contexto delictivos que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres, para generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del feminicidio.

María de la Luz Estrada
Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)