Representantes del Estado mexicano indicaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que es muy probable que miembros del crimen, y no militares, sean los responsables de la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes presuntamente fueron levantados por un grupo de personas con vestimenta castrense en 2009 en Buenaventura, Chihuahua.

En el marco de la audiencia sobre el caso, que se realiza en Costa Rica, la defensa de las víctimas criticó que a más de ocho años del hecho hayan tenido que recurrir a diversas instancias para impulsar las indagatorias y el gobierno continúe con el mismo argumento y estrategia en el caso.

Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que no existen elementos suficientes para comprobar que las tres personas fueron detenidas por miembros del trigésimo quinto Batallón de Infantería el 29 de diciembre de 2009, porque los miembros castrenses salieron de Chihuahua el día 26 de ese mes, es decir, tres días antes de la desaparición.

Explicaron que el alegato de que los responsables de la desaparición fueron miembros del crimen organizado es fuerte, principalmente por la presencia que tenían esos grupos en Chihuahua durante esa época.

El equipo enviado por el gobierno a Costa Rica, conformado por 17 personas, resaltó que se ha demostrado que a veces los integrantes de los grupos delincuenciales visten ropa militar y, además, indicó que se ha comprobado que familiares de las víctimas han tenido contacto directo con miembros del crimen organizado, en su intento de esclarecer el asesinato de otro de sus parientes, el cual se registró antes de la desaparición.

Aunque el gobierno destacó avances con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, reconoció que la fragmentación de las denuncias causó dilación en la investigación.

Las representantes de las víctimas, Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), y Alejandra Nuño, abogada y defensora de derechos humanos, destacaron que las familias han hecho todo lo que ha estado en sus manos para dar con el paradero de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene.

Ante el señalamiento del gobierno de que las diversas denuncias -presentadas en 2009, 2010 y 2013- afectaron el avance de la investigación, las representantes de los desaparecidos reiteraron su derecho a denunciar las veces que sea necesario hasta que se haga justicia y criticaron que las autoridades tardaran tres años, tres meses y tres días para conformar una sola indagatoria.

Denunciaron también que han habido violaciones en la investigación, encubrimiento y que, además, el caso ha provocado desplazamiento de miembros de la familia de los desaparecidos, que incluso han pedido asilo político en Estados Unidos, y añadió que los niños y adolescentes están entre los más afectados, como las hijas de Paola, quienes fueron trasladadas a un centro para menores en Phoenix.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivó el caso a la Corte Interamericana, al considerar que presumiblemente se trata de desaparición forzada y que no se han aplicado las sanciones pertinentes.

El caso de la familia Alvarado es el primero de desaparición forzada en México que llega a esas instancias internacionales, y se presentó en el marco del combate contra el narcotráfico que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón.

La de hoy fue la segunda audiencia del caso y la CoIDH dio a ambas partes el 28 de mayo como plazo máximo para entregar sus alegatos.