Hermosillo, Sonora a 25 de Abril.- En acciones a favor de la protección de la integridad física de las mujeres y de la correcta gestión de los residuos para conseguir un verdadero desarrollo sostenible se traducirán las modificaciones aprobadas este día en sesión del Pleno, relativas a las leyes de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de Educación para el Estado de Sonora.

Se trata de los decretos presentados por las comisiones para la Igualdad de Género y de Educación y Cultura, ésta en conjunto con la de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, los cuales se aprobaron por unanimidad, el primero para ampliar la duración máxima de las órdenes de emergencia hasta un término de 60 días y el segundo permitirá fortalecer la cultura del reciclaje en alumnos, maestros y padres de familias de las escuelas públicas y privadas del Estado.

En esta sesión ordinaria también se aprobaron cinco acuerdos con exhortos dirigidos a autoridades federales y estatales sobre temáticas del Fondo Minero, salud, educación, bienes inmuebles del Estado y para eliminar la tarifa Doméstica de Alto Consumo, DAC.

Además se presentaron dos proyectos de nuevas leyes: de prevención de delitos cibernéticos y de responsabilidad ambiental del Estado de Sonora, así como dos proyectos de decreto para modificar las leyes de Hacienda Municipal y de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

La diputada Yumiko Yerania Palomarez Herrera dio lectura al dictamen que con base a la iniciativa que presentó el pasado 19 de febrero, establece ampliar la duración máxima de las órdenes de emergencia hasta un término de 60 días, con una prórroga de hasta 30 días más, con el fin de brindar mayor protección a la integridad física de las mujeres que se ven amenazadas principalmente por hombres y que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad.

El Decreto contiene la adición de un Artículo 36 BIS a la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora, cuyo propósito es que las sanciones sean arresto hasta por 36 horas y sanción económica, consistente en multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización, para aquellas personas que caigan en desacato de las órdenes de protección de emergencia.

Mediante la adición de un Artículo 40 BIS se establece el supuesto para, en caso de negativa a brindar las órdenes de protección de emergencia y preventivas, dicha acción será considerada violencia institucional, en los términos de esta norma. La Comisión para la Igualdad de Género consideró que con estas modificaciones se abonará a generar mayor protección de la integridad física y emocional, así como de los derechos mismos de las mujeres.

El segundo Decreto aprobado por el Pleno reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, a fin de sensibilizar a la sociedad sobre la correcta gestión de los residuos, pues es un requisito imprescindible y prioritario para poder conseguir un verdadero desarrollo sostenible.

Se pretende cambiar la visión de los residuos como basura e inservibles, para considerarlos como recursos que pueden ser reutilizados y aprovechados como nuevos materiales o valorizados energéticamente, para lo cual el Decreto establece incluir, como parte de la competencia de la SEC, el fomento a la cultura de protección al medio ambiente, dio a conocer el diputado Francisco Javier Duarte Flores, quien en conjunto con el diputado Fermín Trujillo Fuentes, presentaron la iniciativa al Pleno el pasado 12 de febrero.

Mediante actividades coordinadas con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado se harán acciones para la separación de basura para reciclaje en las escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior, dejando a la administración de la escuela el manejo de los recursos económicos que se obtengan por la venta de residuos para el reciclaje, de manera que sean aplicados al mantenimiento o mejora del plantel respectivo.

Acuerdos

En el desarrollo de la sesión ordinaria, el diputado Martín Matrecitos Flores presentó un punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que ordene la realización de una auditoría a los municipios de Sonora que reciben, de conformidad a la Ley Federal de Derechos, recursos del denominado Fondo Minero y, una vez concluida la misma, informe a este Congreso el resultado.

“Es necesario contar con información precisa sobre el destino del recurso que cada municipio minero ha recibido. Queremos constatar que cada peso que se les ha dado se haya aplicado en obras de infraestructura, por lo que resulta de mucha importancia que el resultado de esa auditoría sea entregado a este Congreso para aclarar muchas de las dudas que existen en el Estado”, aseveró.

Enseguida la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó el Acuerdo que resuelve exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Procuraduría Ambiental del Estado y al Secretario de Salud Pública estatal, a efecto de que lleven a cabo acciones de investigación y reforzamiento de tratamiento de residuos peligrosos de hospitales.

Además de los generados por productores agrícolas, relacionados con el tratamiento de desechos y contaminación ambiental que se origina en basureros municipales de las comunidades de Benito Juárez, Etchojoa, Navojoa y Huatabampo, Sonora, expuso, en virtud de que esto trae como consecuencia riesgos en la salud de sus habitantes, por lo que hizo un llamado urgente para que actúen las dependencias mencionadas.

Agregó que en días pasados, la Presidenta Municipal de Benito Juárez denunció que un hospital del municipio de Cajeme y productores agrícolas de la región ha convertido el basurero municipal en un basurero tóxico, sin mediar ningún tratamiento o cuidado de desechos que ahí se depositan.

El tercer Acuerdo aprobado por la asamblea resuelve exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura, y de la Secretaría de Educación Pública, para que se coordinen a fin de implementar un programa piloto en el distrito 13 con cabecera en el municipio de Guaymas, Sonora, en el cual se utilicen herramientas tecnológicas, como tabletas y computadoras personales en la educación primaria.

El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó la iniciativa bajo el considerando de que a lo largo de los años, los libros de texto han sido de gran ayuda para instruir a las y los mexicanos, pero es necesario, dijo, que para educar a las siguientes generaciones se utilicen las nuevas tecnologías.

En contra de suplir el libro de texto gratuito, porque ha sido una gran herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el diputado Francisco Javier Duarte Flores se pronunció más que nada por subir la calidad de las tecnologías en la educación, la cual ha sido bien planteada a través de programas de multimedia, aulas de medios y la asignación de tabletas, postura en la que coincidió la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.

Por mayoría del Pleno fue aprobado el Acuerdo que resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al Secretario de Hacienda del Estado, a efecto de que no se pongan a la venta los bienes públicos como los estadios de béisbol Héctor Espino, en Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán, en Cajeme, así como el parque recreativo La Sauceda, de esta capital.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez recordó que hace meses se retomó por parte del Gobierno del Estado la posible venta de dichos bienes inmuebles como parte de una solución a los problemas financieros que tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON, lo que significaría, sostuvo, solucionar males públicos con bienes públicos.

“Contrario a lo anterior, debemos fomentar nuestra cultura incentivando el desarrollo de espacios públicos deportivos y artísticos, protegiendo nuestros tesoros culturales que consolidan y refuerzan nuestra identidad sonorense”, expresó.

Sobre este tema hicieron comentarios los diputados Luis Armando Alcalá Alcaraz, Jesús Alonso Montes Piña, Carlos Navarrete Aguirre, Filemón Ortega Quintos, Eduardo Urbina Lucero y Fermín Trujillo Fuentes.

Como se acordó el pasado 11 de abril, en esta sesión se le dio segunda lectura al dictamen presentado por la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, con Acuerdo que resuelve exhortar a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que eliminen la tarifa Doméstica de Alto Consumo, DAC.

En el Acuerdo, que en su primera presentación no obtuvo las dos terceras partes de los votos para ser considerado de urgente y obvia resolución, también se solicita que la facturación que realiza la Comisión Federal de Electricidad sea mensual y que el subsidio otorgado se extienda durante todo el año. En esta ocasión el Acuerdo se aprobó por mayoría.

Iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria, los diputados Jorge Villaescusa Aguayo y Luis Mario Rivera Aguilar, presentaron iniciativas con proyectos de ley de prevención de delitos cibernéticos para el Estado de Sonora y de responsabilidad ambiental del Estado de Sonora, respectivamente.

Villaescusa Aguayo expuso que Sonora es la entidad federativa con más acceso a Internet, ya que el 83 por ciento de su población dispone de ese servicio, lo que demuestra la necesidad de establecer regulaciones para también ser pionera en legislar en esa materia, de manera que la propuesta va enfocada al trabajo transversal entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad en general.

Agregó que no existe un registro oficial del número de casos o de víctimas de ciberdelitos, lo que hace difícil que se puedan combatir, sin embargo, dijo, al contar con un marco legal como herramienta de combate, las instituciones podrán llevar a cabo acciones de prevención y erradicación de conductas delictivas que se realizan a través del ciberespacio.

La iniciativa con proyecto de ley, que se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, consta de 28 artículos y los siguientes capítulos: Disposiciones generales; Del consejo estatal de prevención de delitos cibernéticos; De los consejos regionales de prevención de delitos cibernéticos; De la coordinación de programas institucionales; De la asesoría y capacitación; De la evaluación de resultados; De la participación ciudadana; De las sanciones; y Disposiciones complementarias.

La segunda iniciativa con proyecto de ley tiene como propósito instrumentar en la entidad un marco legal que genere un sistema de responsabilidad ambiental bajo un modelo que considere las dimensiones económica, social y ambiental, dio a conocer el diputado Luis Mario Rivera Aguilar.

Agregó que durante este mes, en el cual se celebra a la Tierra, es lamentable que no exista quién se haya hecho responsable de los daños ocasionados al ambiente, de su compensación o sanción a los responsables como factor inhibidor de dichas prácticas, mucho menos de la reparación del daño, a pesar de que en muchos casos se ha demostrado o se presume válidamente que obraron ilícitamente o con mala fe.

“Esto sucede porque en nuestra entidad federativa no existe un andamiaje jurídico que lo haga exigible a través de procesos jurisdiccionales o mecanismos alternativos de solución de controversias para la reparación y sanción de los daños ocasionados al medio ambiente”, externó.

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático estudiará esta iniciativa, la cual consta de 52 artículos divididos en los siguientes capítulos: Disposiciones generales; Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente; Obligaciones derivadas de los daños a la salud y a la integridad de las personas como consecuencia de daños ambientales causados; Acciones y juicio; Fondo de responsabilidad ambiental; y Mecanismos alternativos de solución de controversias.

La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales estudiará una iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del Artículo 55 de la Ley de Hacienda Municipal.

Propuso que toda persona o empresa que extraiga productos de campos agrícolas, ejidos o comunidades agrarias, debe ser obligada a exhibir documentación ante autoridades fiscales para definir el Impuesto Predial Ejidal a pagar, ya que los municipios cuentan con el derecho fundamental de contar con ese ingreso y compartirlo con los núcleos agrarios dentro de su jurisdicción municipal.

Se trata, indicó, de un acto justo y equitativo, en virtud de que los ejidos y comunidades son propietarios de miles de extensiones de tierra.

Y a la Comisión de Obras Públicas se turnó para estudio una iniciativa presentada por el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El legislador explicó ante el Pleno que su propuesta es que se financie la elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública entre 4 y 10 por ciento del gasto de inversión, ya que de esta manera se promoverá el crecimiento económico, se elevaría el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, se combatiría la pobreza y la marginación, además de fomentar la competitividad.

“Con esto se podrá realizar una mejor planeación, se conseguirá realizar obras más baratas, se logrará atraer mayores recursos para la ejecución de obras públicas y además se reducirá la necesidad de estar modificando contratos de obras o servicios mediante la celebración de convenios adicionales al momento de la ejecución”, afirmó.