MEXICO,18 DE JUNIO.-
La crisis migratoria que atraviesa México ha roto las costuras de la política de austeridad que ha guiado los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El aumento de la presión por parte de Estados Unidos para que el país latinoamericano frene el flujo de migrantes ha obligado a un cambio de rumbo. Tras varios meses de recortes, el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, ha reconocido este lunes que no tienen una estimación del costo total que implicará contener la crisis y ha asegurado que no han solicitado ampliar el presupuesto para cumplir con Washington. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó casi 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, casi un 50% más de lo aprobado para ese mismo periodo en los presupuestos. Un incremento que, según los expertos en migración y presupuesto consultados, se acentuará tras el reciente acuerdo con la Administración Trump.

Tras ocho días de incertidumbre a causa de la amenaza arancelaria, México se comprometió hace dos semanas a tomar medidas “sin precedentes” para frenar la inmigración. Sin embargo, el rastro del dinero indica que el grifo de recursos ya había sido abierto desde hacía unos meses, según muestran las cifras del Informe de avance de gasto. Además del presupuesto correspondiente a sueldos y retribuciones, unos 370 millones de pesos, el INM, encargado de aplicar la política del país en este ámbito, gastó 230 millones más, casi 12 millones de dólares, en los primeros cuatro meses. El organismo público, cuyo titular, Tonatiuh Guillén, dimitió el viernes, no ha respondido a las peticiones de aclaración de este periódico.

De este gasto extra, un 36% corresponde a asignaciones de vigilancia, un 23% a alimentos y limpieza, y casi un 5% a gastos de “traslados”, una etiqueta que incluye las deportaciones. Todo esto en el marco de una intensificación de las detenciones, la triplicación del número de personas deportadas de diciembre a abril y el colapso de los centros de internamiento de migrantes. Preguntado sobre este último punto, el subsecretario Maximiliano Reyes ha revelado este lunes que el Gobierno contempla “modernizar y ampliar” albergues de acogida, entre ellos la Estación Migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. Esto se hará con contribuciones del Fondo Yucatán, un instrumento de cooperación que México creó en 2011 para financiar proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe.

El dinero destinado a alimentos para los migrantes es una muestra de lo sucedido con el presupuesto. En los primeros tres meses de 2019, el INM adjudicó contratos de manera directa para abastecer de comida a los centros migratorios por un promedio de nueve millones al mes. Pero ya a finales de marzo, en pleno desarrollo de la crisis, el Instituto abrió dos licitaciones públicas para cubrir ese servicio el resto del año por un promedio de 24 millones al mes, cerca del triple mensual.

El desglose de los datos muestra que el mayor salto de gasto se ha producido entre marzo y abril. Los expertos consultados explican que ese aumento, del 78%, puede darse por dos factores. El primero es el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de López Obrador, que lo ha llevado a gastar más para contener la crisis. El segundo es la lentitud en la ejecución del presupuesto y el retraso en los pagos de los contratos, típicos del cambio de Administración.

En cualquier caso, es probable que el gasto anual supere con creces el monto asignado a finales de 2018 por el Congreso. Pese a que la ley actual permite a la Secretaría de Hacienda un margen de maniobra sobre lo aprobado por el poder legislativo, los contratos firmados en abril para el resto del año implican que en diciembre de 2019 el Gobierno habrá gastado al menos unos 875 de millones por encima de lo presupuestado. Es una estimación a la baja de la dimensión del sobregasto, ya que no tiene en cuenta el aumento de presupuesto al que el Gobierno ha hecho referencia para responder a las exigencias planteadas por EE UU. “Si bien en abril se habían incrementado los recursos, el acuerdo tiene una implicación mucho mayor que rebasa el presupuesto total que se tiene para este año”, explica el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz.