Hermosillo, Sonora(NDS).- El Congreso del Estado aprobó enviar a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 79 que adiciona el Artículo 25-G a la Constitución local, relativa al establecimiento de la figura del Municipio y localidad rural, lo que permitirá garantizar la protección de los derechos humanos de todos los sonorenses, sin importar el lugar del territorio estatal donde se encuentren.

En esta primera sesión del mes de noviembre también se aprobó un Acuerdo para que autoridades estatales atiendan la problemática que actualmente aqueja a los integrantes de la etnia Yaqui asentados en la comunidad de Loma de Guamúchil, así como dictámenes relativos al desechamiento de solicitudes de recursos extraordinarios a cuatro ayuntamientos y de Decreto que adiciona la Ley de Hacienda del Estado, en materia del Impuesto al Hospedaje.

Al inicio de la ordinaria, el diputado Eduardo Urbina Lucero propuso modificar el orden del día a efecto de incluir posicionamientos con relación a los hechos ocurridos el lunes 4 en los municipios de Bavispe y Agua Prieta, Sonora, donde fueron asesinadas diversas personas, por considerar, dijo, que era necesario exponer los puntos de vista sobre las estrategias de seguridad pública que implementan los gobiernos federal y estatal.

Sobre los hechos se pronunciaron los diputados Urbina Lucero, Carlos Navarrete Aguirre, María Dolores Del Río Sánchez, Fermín Trujillo Fuentes, Jorge Villaescusa Aguayo y Rodolfo Lizárraga Arellano, quienes coincidieron que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han cumplido a cabalidad y cuestionaron si la estrategia es la correcta, además se guardó un minuto de silencio en memoria de quienes fallecieron en el ataque en la sierra entre Sonora y Chihuahua.

Enseguida se aprobó el Acuerdo presentado por la mesa directiva, que resuelve enviar a publicación la Ley número 79 que adiciona el Artículo 25-G a la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de crear las herramientas necesarias para alcanzar el desarrollo integral de la entidad, misma que el Pleno aprobó el pasado 10 de junio y que ha sido avalada por 49 ayuntamientos.

Aprobaron Bacerac, San Javier, Altar, Granados, Rayón, Huásabas, Nácori Chico, Baviácora, Huachinera, San Pedro de la Cueva, Aconchi, Sahuaripa, Cumpas, Santa Cruz, Moctezuma, Rosario, Carbó, San Felipe de Jesús, Cucurpe, Bavispe, Pitiquito, Banámichi, Bacoachi, La Colorada y Benito Juárez.

También Agua Prieta, Oquitoa, Mazatán, Tubutama, Arivechi, Arizpe, Villa Hidalgo, Tepache, San Miguel de Horcasitas, Fronteras, Álamos, Opodepe, Magdalena de Kino, Villa Pesqueira, Santa Ana, Yécora, Trincheras, Naco, Divisaderos, Sáric, Ónavas, Huépac, Suaqui Grande y Cananea, Sonora. Los ayuntamientos de Bacanora y Nacozari de García se pronunciaron en contra de la Ley número 79.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó un Acuerdo que resuelve exhortar a la Gobernadora del Estado y a la Fiscal General de Justicia del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para atender la problemática que actualmente aqueja a los integrantes de la etnia Yaqui, con motivo de un fraude del que fueron objeto dentro de la cooperativa de transporte de los ocho pueblos.

Agregó que los manifestantes, que se encuentran en bloqueo por la carretera federal 15 México-Nogales, a la altura de la comunidad de Loma de Guamúchil, a manera de protesta por la no solución a su demanda, solicitaron ser atendidos por el Gobierno Federal, sin embargo, dada la naturaleza del problema, compete al Estado y no a la Federación.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto que reforma el Artículo 5, párrafo segundo de la Ley de Hacienda del Estado, con el objeto de que quienes brinden servicios de alojamiento o albergue temporal en casas y departamentos, mediante aplicaciones y plataformas digitales, sean sujetos del Impuesto al Hospedaje.

De acuerdo a uno de los considerandos del dictamen presentado por las comisiones Segunda de Hacienda y de Fomento Económico y Turismo, el servicio de hospedaje bajo la referida modalidad representa una actividad comercial mediante la cual se generan ingresos para el dueño de la propiedad, por lo tanto, ambas dictaminadoras consideraron que debe ser regulada en el sistema jurídico fiscal, con el fin de que se cubran los tributos correspondientes por la referida actividad.

Las comisiones Primera y Segunda de Hacienda presentaron por su parte un dictamen que resuelve la improcedencia de las solicitudes de los ayuntamientos de Bácum, Divisaderos, San Javier y Santa Ana, Sonora, relativos a recursos extraordinarios para poder hacer frente a resoluciones de juicios laborales.

Las dictaminadoras dieron a conocer que se solicitó un informe de viabilidad presupuestal para llevar a cabo la asignación de recursos extraordinarios a dichos municipios y la respuesta, de acuerdo a oficio emitido por la Secretaría de Hacienda estatal, fue que no les resulta posible realizar la asignación respectiva, motivo por el cual se resolvió la improcedencia.

Turnan iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria se presentaron cuatro iniciativas con proyectos de decreto y una con proyecto de ley. En primer término, el diputado Jesús Alonso Montes Piña propuso reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

Se trata de garantizarle a la ciudadanía que los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio actúen bajo los principios rectores que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello generen confianza en su actuar, ya que el espíritu del legislador al elaborar el Código Nacional fue que existiera una separación entre el Ministerio Público, que es quien investiga, y la autoridad encargada de la evaluación y supervisión de medidas cautelares, expuso.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales estudiará la presentada por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objeto de que se brinde capacitación en el servicio público a las nuevas autoridades, pero en especial en el manejo y análisis de la cuenta pública de los municipios.

“Consideramos que al inicio de cada administración municipal, junto con la entrega recepción que se haga de la administración pública municipal, los nuevos funcionarios públicos sean formados y capacitados en el tema de la cuenta pública por funcionarios expertos en la materia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que son los encargados de la revisión de la misma”, aseveró.

La misma comisión estudiará la iniciativa presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por considerar, sostuvo, que los artículos 59 y 89, fracción VI, de la referida legislación contravienen lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

“Si esta Ley (de Transparencia) establece que las actas de ayuntamiento son públicas, no se pide que se acredite el interés legítimo o el no perjuicio al interés público para dar información y, por ende, de solicitarle copias certificadas; no hay razón para que la Ley de Gobierno y Administración Municipal lo establezca, pues la Ley especial es la que rige sobre la general”, expresó.

El diputado Martín Matrecitos Flores presentó un proyecto de ley de protección al ciclista y de fomento al uso de la bicicleta para el Estado de Sonora, con la cual se busca avanzar hacia una movilidad sostenible y para lograrlo resulta imprescindible fomentar entre otros los desplazamientos a pie y en bicicleta, ya que son los medios de transporte cuyos impactos son más irrelevantes, al igual que su coste económico.

Este proyecto consta de 29 artículos, tres transitorios y siete capítulos: Disposiciones generales; De las autoridades y atribuciones; De los derechos y obligaciones de los ciclistas; De las obligaciones de los conductores de los vehículos motorizados; De la promoción y el fomento al uso de la bicicleta; De las sanciones; y De los recursos.

“En esta ley se establecen las obligaciones de los automovilistas, las cuales serán, entre otras, reducir la velocidad cuando se encuentre circulando un ciclista o se vaya a incorporar a la vialidad; respetar la distancia hacia la ciclovía mínima lateral de 1.50 metros; guardar respeto al ciclista que le preceda una distancia razonable que garantice la detención oportuna en caso de que frene y respetar la señalización y espacios para su circulación”, externó.

La iniciativa será estudiada por la Comisión de Transporte y Movilidad. El Pleno sesionará este jueves 7 de noviembre, a las 10:00 horas.