Hermosillo, Sonora(NDS).- Por considerar que el delito de rapto contiene eximentes de responsabilidad que no tiene el de privación ilegal de la libertad, la LXII Legislatura aprobó derogarlo del Código Penal para el Estado de Sonora, ya que representaba una medida discriminatoria en contra de las mujeres y ahora se fortalecen los principios de igualdad de género en el Estado, además de darle debido cumplimiento al interés superior de la niñez.

En congruencia con las recomendaciones internacionales, el Pleno también aprobó la creación de un nuevo tipo penal denominado: Turismo Sexual, con el que se busca sancionar a quienes promuevan viajes al interior o exterior del territorio estatal con la finalidad de realizar cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con menores de edad o con personas que no tengan capacidad para comprender este hecho.

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora.

Asimismo se aprobaron dos acuerdos: el primero resuelve exhortar al Congreso de la Unión, a efecto de que realice las modificaciones necesarias en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, respecto del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, y se establezca que estos deberán ejercerse en los municipios en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales.

El segundo Acuerdo está dirigido a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y estatal, así como a los titulares de las respectivas secretarías de Hacienda, para que en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos del próximo año, se etiqueten los recursos necesarios y suficientes para la atención de los servicios de salud del Estado de Sonora, que requiere la población sonorense.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó al Pleno el dictamen con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, con base a una iniciativa de la Gobernadora del Estado, quien propuso derogar el delito de rapto y la sanción de esta conducta a través del delito de privación ilegal de la libertad.

“No obstante los grandes avances que se han hecho para fortalecer el combate a la discriminación en materia de género, aún existen disposiciones jurídicas en nuestro Estado que dan cabida a los actos de discriminación en contra de las mujeres, como es el caso del delito de rapto, establecido en el Capítulo IV del Título Décimo Segundo del Código Penal en los artículos que van del 221 al 225”, establece uno de los considerandos del dictamen al que dio lectura el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz.

En dicho tipo penal (rapto) se sanciona con prisión de seis meses a seis años y multa de diez a 200 Unidades de Medida y Actualización, lo que a simple vista podría parecer una medida protectora de las mujeres, cuando en realidad hace una discriminación que afecta a sus derechos y a su seguridad, ya que la sustracción o retención de una persona por cualquier medio y motivo, implica la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, que se castiga con pena prisión de tres a nueve años y de 20 a 200 días multa, la cual es mayor que la del delito de rapto.

El dictamen destaca que además de lo anterior, al poner en riesgo, específicamente, a niñas y adolescentes, el delito de rapto que existe en el Código Penal de Sonora representa una clara violación al interés superior de la niñez, previsto en el párrafo noveno del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La misma dictaminadora presentó el proyecto de Decreto que adiciona los artículos 169-D y 169-E al Código Penal para el Estado de Sonora, con base al estudio de una iniciativa presentada por la diputada Rosa María Mancha Ornelas, a efecto de establecer lo siguiente:

“Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio estatal con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años. Al autor de este delito se le impondrá una pena de diez a 15 años de prisión y multa de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización”.

A quien lo cometiera en contra de una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, la sanción irá de 15 a 20 años de prisión, y multa de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida y Actualización, establece el Decreto.

Aprueban acuerdos y turnan iniciativas

El diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó la iniciativa con punto de Acuerdo para que el Congreso de la Unión realice las modificaciones necesarias para que los recursos que eran destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable del Estados y Municipios se ejerzan en los municipios en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales.

También está dirigida al titular de la Secretaría de Educación Pública y a la titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con el objeto de que los lineamientos para la aplicación y administración de los recursos transferidos del Fondo Minero al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, sean aplicables para los recursos del primero en los ejercicio fiscales 2019 y 2020.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó una adición al Acuerdo y fue aprobada por la asamblea, a efecto de que los recursos del ejercicio fiscal 2020 que destinará la Secretaría de Educación Pública se destinen, preferentemente, a los municipios donde hay explotación minera, y si alcanzan, se apliquen en los polígonos de influencia de explotación minera y sus municipalidades.

En el segundo Acuerdo aprobado, el diputado Filemón Ortega Quintos expuso que en países como Japón, Alemania y Suecia se destinó más del 9 por ciento de su Producto Interno Bruto al gasto público en salud, mientras que México se ubica en el último lugar de los países miembros de la OCDE en cuanto al gasto en salud como porcentaje del PIB, por lo que el exhorto es para que se etiqueten los recursos necesarios para el sector en el ejercicio fiscal de 2020.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por considerar, expuso, que al ser el Congreso del Estado un sujeto obligado a cumplir con las disposiciones que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional y Sistema Estatal Anticorrupción, resulta necesaria la creación del órgano interno de control.

“Además se debe dar cumplimiento a la voluntad del Constituyente Permanente local en la reforma aprobada el 13 de agosto de 2018, reformando y adicionando la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y crear el órgano de control interno del Congreso del Estado, así como los cargos superiores del mismo”, aseveró.

La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Anticorrupción, mientras que la Segunda de Hacienda estudiará la presentada por la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Artículo 218-BIS de la Ley de Hacienda del Estado.

Se trata de otorgar incentivos fiscales a todas aquellas empresas radicadas en Sonora que apoyen económicamente a los hijos de sus trabajadores para que puedan continuar con sus estudios. El estímulo fiscal consistiría en una reducción de hasta el diez por ciento del pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Instituto de Becas y Crédito Educativo, elaborarían los lineamientos y criterios bajo los cuales se acreditaría el otorgamiento de dicho apoyo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudiará por su parte la iniciativa presentada por la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con el objeto de que esta Soberanía presente ante el Congreso de la Unión un proyecto de decreto para reformar el párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuso que el Ministerio Público sólo pueda solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y la prisión preventiva oficiosa se otorgue en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso y otros delitos graves.

La diputada Rosa María Mancha Ornelas presentó una iniciativa para adicionar un artículo 78 bis a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la finalidad de que los centros y plazas comerciales de la entidad proporcionen cajones de estacionamiento gratuito a los usuarios de dichos inmuebles por un periodo de tiempo no mayor a cuatro horas continuas, tiempo que deberán comprobar con el ticket respectivo.

Una vez cumplido el tiempo de gratuidad, los propietarios o poseedores de dichos estacionamientos, entre los que se incluyen hospitales y otros establecimientos, pueden realizar el cobro respectivo a los usuarios por el uso de cajones de estacionamiento correspondiente.