Hermosillo, Sonora(NDS).- Acuerdos en materia de salud aprobó la LXII Legislatura, durante la sesión ordinaria de este jueves en la que se presentaron iniciativas para modificar diversas leyes, así como para crear nuevas normas sobre derechos de los usuarios de transporte público y de movilidad, y se acordó dar segunda lectura al dictamen y el respectivo debate sobre la terna de aspirantes a titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la plenaria del martes 11.

El primero de los acuerdos aprobados establece exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con el objeto de que amplíe el rango de edad establecido en la NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvicouterino, específicamente en el numeral 8.1.1.

La diputada Rosa Icela Martínez Espinoza planteó que la edad mínima para realizarse la prueba de detección del cáncer cérvicouterino sea de 17 años, ya que actualmente la referida norma dice que debe ser a partir de los 25 y hasta los 64 años.

“El personal de salud de primer contacto (médicos, enfermeras y técnicos capacitados) ofrecerán a toda mujer entre 17 a 64 años de edad, y en especial a aquellas con perfil de riesgo, la prueba de detección del cáncer cérvicouterino y se le realizará a quien la solicite, independientemente de su edad”, es la propuesta incluida en el Acuerdo para que la Secretaría de Salud Federal modifique el numeral 8.1.1 de la NOM-014-SSA2-1994.

La diputada Martínez Espinoza expuso que, según cifras de 2018, en Sonora se registraron 108 defunciones a causa de ese padecimiento, lo que pone a la entidad en el noveno lugar con mayor número de muertes asociadas a este.

El segundo Acuerdo aprobado resuelve que este Poder Legislativo envíe un exhorto a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y de la Comisión Nacional del Agua, a la titular del Poder Ejecutivo estatal, al titular de la Secretaría de Salud Pública del Estado y a la Presidenta Municipal de Guaymas, para que den solución a la problemática que ocasiona el drenaje obsoleto en este Municipio.

El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano explicó que las instalaciones de drenaje en el municipio de Guaymas cuentan cuando menos con 50 años de uso, por lo que ya cumplieron su vida útil y es necesario cambiarlas.

“En este sentido, se desechan por el drenaje 360 litros por segundo de aguas residuales y se necesita una inversión aproximada de 460 millones de pesos, de los cuales 200 millones son de manera urgente para la infraestructura de drenaje, y 256 millones para la planta tratadora de aguas residuales”, afirmó.

Se trataría de una inversión histórica en recursos que resuelva la problemática que se narra desde meses atrás, con gran intensidad en diversos medios de comunicación y que alzan la voz de las y los ciudadanos guaymenses, sin distingos de clase, molestos porque no se resuelve este problema, dijo el diputado Lizárraga Arellano.

Turna Presidencia iniciativas a comisiones

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras diversas iniciativas, la primera presentada por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Ley de Bienes y Concesiones, y la Ley de Defensoría Pública del Estado de Sonora.

Indicó que dentro de las disposiciones transitorias de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se establece de manera imperativa que las legislaturas de los estados tienen un plazo de 180 días, contados a partir de que entre en vigor dicha norma, para armonizar sus legislaciones a lo que dispone el referido ordenamiento. El plazo culmina este 6 de febrero.

La legisladora presentó una breve reseña de la armonización que propone en su iniciativa, la cual se turnó para estudio y dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Comisión de Transporte y Movilidad estudiará por su parte una iniciativa presentada por la diputada Miroslava Luján López, con proyecto de ley de los derechos de los usuarios de transporte público del Estado de Sonora, la cual se compone de 21 artículos distribuidos en seis capítulos.

En dicha propuesta se define un catálogo de derechos mínimos que deben ser respetados a los usuarios de autobuses del transporte público, las obligaciones de los usuarios y los concesionarios, y la creación de la procuraduría de la defensa de los usuarios del transporte público, sostuvo.

Además de la creación de un fondo para indemnizar o apoyar económicamente, de manera temporal o permanente, a los usuarios que hayan sufrido un accidente y como consecuencia les haya dejado lesiones que les impidan llevar el sustento a sus hogares o bien solventar los gastos inherentes a la vida misma, puntualizó la diputada Luján López.

A la misma dictaminadora se envió para estudio la iniciativa con proyecto de ley de movilidad para el Estado de Sonora, que tiene por objeto establecer las bases para definir un modelo de prestación de servicio que permita al concesionario sonorense ofrecer a sus usuarios un servicio de calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y cuidado del medio ambiente.

El diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz presentó la iniciativa con la que busca que se abrogue la actual Ley de Transporte para el Estado de Sonora, mediante la creación de un modelo que deberá ser visualizado como unidad de negocio, indicó, de manera que sea rentable para el concesionario y, al mismo tiempo, establezca una tarifa accesible y justa para el usuario.

“La actual Ley de Transporte no contempla esta modalidad por lo que resulta imprescindible que se regule tanto a las empresas de redes de transporte, que se autodefinen como intermediarias entre el cliente y el conductor del vehículo, y quien materialmente presta el servicio”, sentenció.

En esta sesión ordinaria se presentaron cuatro posicionamientos de los diputados Marcia Lorena Camarena Moncada, Orlando Salido Rivera, Lázaro Espinoza Mendívil y Filemón Ortega Quintos, con temas sobre los jornaleros agrícolas de Sonora, la niñez sonorense, el Día Mundial de los Humedales, y el antecedente y situación actual del “coronavirus”, respectivamente.

El Pleno sesionará el martes 11 de febrero, a las 11:00 horas.