Luis Alberto López | Jessica Ayala | Border Hub | Heridas Abiertas

El tortuoso camino en busca de justicia ante un feminicidio comienza desde el momento en que las familias de las víctimas acuden a las autoridades para interponer una denuncia.

“Es tan triste que cuando uno va y pone una demanda no te hacen caso y en lugar de ayudarte te victimizan más”, dijo Cristela Soto al recordar que cuando acudió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila en Torreón para denunciar el asesinato de su hija Daisy Viridiana Martínez Soto encontró mucha empatía, pero hacia el perpetrador.

“Pobre muchacho. ¿Para qué lo quieren encarcelado? Su nieto ya perdió a su mamá, va a perder también a su papá”, fueron algunas de las frases con las que intentaron disuadirla de comenzar un proceso contra la pareja de su hija en julio de 2016.

Cristela no hizo caso y logró que se abriera una carpeta de investigación. Sin embargo, vio cómo pasaba de mano en mano sin que hubiera resultados.

Historias como la de ella motivaron a la asociación Red de Mujeres de La Laguna a solicitar una Alerta de Género para Torreón ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) en 2017.

“Había familias que tenían años con la muerte violenta de alguna mujer y no había avances en  las investigaciones, mucho menos un proceso judicial. El acceso a la justicia para ellas era prácticamente nulo, negado”, explicó Adriana Romo Salado, vocera de la agrupación feminista.

La Conavim admitió la solicitud y procedió a analizar el contexto de violencia feminicida, que incluye todas las formas de violencia contra las mujeres, no sólo en Torreón, sino en todo el estado.

Como resultado emitió 10 recomendaciones que el Gobierno de Coahuila debía seguir para reducir la incidencia de este delito tales como creación de protocolos ante los delitos de género, capacitaciones, más personal y fortalecimiento de instalaciones.

Resolver seis recomendaciones y cumplir parcialmente otras cuatro, fue suficiente para que el gobierno coahuilense encabezado por Miguel Riquelme Solís evitara que se decretara la Alerta de Género en Torreón durante 2018.

La ciudad y la entidad se quedaron sin ese mecanismo que tiene como objetivo enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Pese a que en el papel la autoridad reportó atender la problemática, el riesgo de las mujeres torreonenses y coahuilenses de ser víctimas de ese delito se ha recrudecido.

Desde 2017, cuando colectivas feministas de La Laguna solicitaron Alerta de Género al año 2021 el número de feminicidios en Coahuila creció más del doble, pues pasó de 9 carpetas de investigación a 21, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, más allá de lo que la Federación le palomeó al estado, ¿qué cumplió realmente el Gobierno de Coahuila?, ¿qué se ha logrado con ello?

La simulación

La portavoz de la Red de Mujeres de La Laguna, Adriana Romo, señaló que hay simulación en el cumplimiento de las peticiones que la Federación le hizo a las autoridades coahuilenses para no decretar la Alerta de Género.

Dijo que entre los puntos más visibles está la dotación de más recursos económicos y personal a instancias encargadas de atender la violencia contra las mujeres, tanto en este ciudad como en otras regiones del estado.

Puso el ejemplo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que sigue con instalaciones limitadas en Torreón y sin el personal suficiente para atender los casos de las mujeres que buscan apoyo en materia de reparación del daño.

Refirió que, en el caso de más personal para refugios de mujeres violentadas, se simuló, pues se contrataron trabajadores temporales y vía convocatorias federales para cubrir el requerimiento sólo por unos meses.

Indicó también que, si bien fue creada una Unidad Especializada para Atender el Delito de Feminicidio en Torreón, todavía falta fortalecer aspectos en cuanto a su personal, pues no sólo depende de ministerios públicos la labor de investigar estos crímenes.

Cuestionó también la implementación de campañas masivas en medios de comunicación para prevenir la violencia contra las mujeres, pues algunos de los mensajes revictimizan a las coahuilenses al insinuar que ellas son parte del problema.

Reconoció que la autoridad cumplió con la creación de protocolos para la actuación ante delitos contra las mujeres, además de modificaciones legislativas en el Código Penal. No obstante, hubo detalles que no las convencieron, como el hecho de que no se cambiara el delito de estupro por violación equiparada, ya que esto deja la puerta abierta a los pedófilos.

Para esta investigación periodística se buscó a Katy Salinas, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM) y responsable de las acciones, pero no accedió a la entrevista.

El supuesto fortalecimiento de instituciones

El cuarto punto que la Conavim le pidió atender a las autoridades de Coahuila para no decretar la Alerta de Género está relacionado con el fortalecimiento de políticas y programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Uno de los subtemas más relevantes era incrementar partidas presupuestarias, así como los recursos humanos y materiales del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Torreón.

Otra de las recomendaciones fue fortalecer el refugio para las mujeres ubicado en Torreón, que está a cargo de una asociación civil.

En lo que respecta al refugio para las mujeres violentadas, establece que el Instituto Coahuilense de las Mujeres firmó un convenio de colaboración con la agrupación MUSAS, consistente en un apoyo económico cercano a los 410 mil pesos entre 2018 y 2019.

Sin embargo, a través de una solicitud de transparencia se proporcionaron las copias de ambos acuerdos que muestra que la contratación de personal de psicología y trabajo social también fue mediante recursos federales.

El cuarto punto del listado también consideraba la creación de nuevos espacios para la atención a las mujeres víctimas de violencia en otras partes del estado.

Pese a que sí arrancó la edificación de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en Piedras Negras –cuya primera piedra se colocó el 17 de diciembre de 2018– sigue en construcción luego de más de 33 millones de pesos invertidos.

El informe de la Conavim expone que para este nuevo centro fueron otorgados 13 millones 600 mil pesos de parte de la Federación, a través de un convenio con la Secretaría de Gobernación.

“La Conavim observa que, si bien los convenios firmados constituyen una importante evidencia de las acciones de fortalecimiento de los centros y de las instancias que atienden mujeres víctimas de violencia, es indispensable que se anexen, los comprobantes de los gastos ejercidos o en su caso los informes del uso presupuestal para estos fines”, refiere el documento más reciente en cuanto al seguimiento, emitido a medidados de 2019.

La Secretaría de Infraestructura de Coahuila dio a conocer que la conclusión del proyecto no ha sido posible por la pandemia del coronavirus y no dio fechas para la puesta en marcha del mismo.

“Respecto al avance en la construcción me permito informarle que debido a la contingencia por la pandemia presentada actualmente la obra ha tenido un atraso por falta de personal, motivo por el cual la obra continúa en proceso”, refirió la dependencia a través de la solicitud de transparencia con el folio 050098400001122.

La coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres contestó mediante otra petición que no era competente para dar respuesta sobre la apertura del espacio.

El trato revictimizante persiste

Al igual que el feminicidio, el delito de violencia familiar tiene una tendencia al alza desde 2017 en Coahuila. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2021 se registraron 10 mil 244 denuncias contra 9 mil 281 que hubo en 2020.

De acuerdo con algunos testimonios de víctimas de este delito, la atención en instancias públicas no ha mejorado y mantiene una tónica revictimizante.

Luego de tener que acudir al Centro de Justicia para las Mujeres de Torreón en varias ocasiones durante el último año y medio en busca de apoyo por dos episodios de violencia en su hogar, “Mónica”, quien omitió sus apellidos por privacidad, calificó como deficiente la atención que otorga esta dependencia estata

Recordó que a través de ese primer incidente se percató de que el seguimiento al caso corre por cuenta de la usuaria.

“Te dicen: ‘si no tienes noticias de nosotros, tú tienes que estar viniendo para que preguntes cómo va tu caso’. Fueron varios meses de estar acudiendo a ver si ya se había notificado a la persona. Nunca se le notificó. Y al final de cuentas ya no acudí, pero fueron ocho veces las que yo fui”, aseguró.

Lo que encontró la última vez fue una larga espera para atenderla, pues el personal refirió que estaba desayunando y hasta que terminaran la recibirían.

“En esta ocasión la persona que me atiende me dice que cómo es posible que yo, siendo una mujer preparada, estuviera en esta situación”, recordó la entrevistada.

Luego de tres horas en las que pasó por el escritorio de seis funcionarios –de los que sólo la trabajadora social se portó de forma sensible– la víctima logró salir con una orden de protección.

“Siento seguridad porque es una demanda interpuesta y si volviera a pasar una situación de violencia, ya hay un antecedente. Por ese lado me siento segura, pero para ya no acudiría a que me atiendan”, expresó “Mónica”.

Para este reportaje se buscó una entrevista con la titular de la coordinación estatal de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Leticia Charles Uribe, para que diera su versión en torno al tema, pese a la insistencia por diferentes vías y el argumento fue la veda electoral.

Unidad contra feminicidios con lo que había

El quinto punto de la lista era la creación de mesas especializadas en materia de feminicidios y que se cumplió en esencia con la apertura de una unidad, aunque con resultados poco claros.

Mediante acceso a la información pública se solicitó a la Fiscalía General de Coahuila los datos en torno al número de personal que tiene la Unidad Especializada de Atención a Feminicidios en Torreón así como el costo y número de casos atendidos.

La Dirección General de Investigaciones Especializadas respondió en el documento con folio 050096900002821, que hay dos ministerios públicos y cinco agentes de investigación criminal.

Respecto a los resultados se limitó a responder que el porcentaje de resolución de carpetas de investigación es de 78.12 y con relación a cuánto costó el sitio contestaron que «fue habilitado con mobiliario propio de la Fiscalía del Estado».

Se volvió a solicitar la información a detalle y mediante un recurso de revisión se pudo saber que entre 2018 y 2021 la unidad tenía 27 carpetas de investigación iniciadas en Torreón, de las cuales 11 tuvieron sentencia.

Una solicitud realizada a la propia FGE en 2021 con el folio 0020282 indica que que «no hay asignación presupuestal para actos o actividades especiales, no hay partidas especiales de ninguna índole, el presupuesto es asignado y distribuido para atender todas y cada una de las necesidades según su demanda».

Además de la falta de un presupuesto especial, la unidad carga con un personal poco empático con la ciudadanía y que actúa como debe hasta que existe una presión ejercida por agrupaciones feministas.

Cristela Soto, madre de Daisy Viridiana, puede dar cuenta del antes, durante y después de la conformación de las mesas especializadas para investigar feminicidios.

Dijo que pese a la creación de la unidad no hubo grandes cambios al comienzo, y sólo ante la presión ejercida por acompañantes de la Red de Mujeres de La Laguna, además de señalamientos directos contra el personal, fue que se logró avanzar en las investigaciones para llevar a proceso al feminicida de su hija.

En tanto, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara puntualizó que un eje principal de las recomendaciones que les hizo la Conavim fue la capacitación de su personal y de esa manera mejorar el trato hacia las mujeres.

“Creo que el trato es adecuado y tenemos pocas quejas. Estamos haciendo sinergía también con los colectivos feministas y ellos nos acompañan en las investigaciones y para las integraciones de las carpetas”, destacó el funcionario público.

Reparación del daño, otro pendiente

La reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio sigue siendo uno de los pendientes que Coahuila tiene, esto pese a que la Conavim marcó como prioridad incrementar recursos humanos y materiales para garantizar una mejor atención en la materia.

El sexto punto del listado de peticiones para no decretar la Alerta de Género expone lo anterior, aunque la realidad ha sido otra a lo largo de los últimos tres años.

“Lo que también está en ceros y que no se ha logrado en ningún caso en Coahuila es la reparación del daño”, sostuvo Adriana Romo de la Red de Mujeres.

Explicó que es un tema de especialización muy extenso que no sólo tiene que ver con la reparación económica, sino que implica también una reparación integral, simbólica y la garantía de no repetición.

“Es todo un trabajo posterior a cuando se dicta sentencia, pero en la CEAV para lo que les da la vida es para sacar los juicios orales y creo que no han hecho ni el intento por esta falta de tiempo y por lo que implica”, agregó Adriana Romo.

A través de la solicitud de transparencia con el folio 051142900001621 se pidió conocer el personal que tiene la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Coahuila.

Entre 2017, cuando se solicitó la alerta, y 2018, que se decidió no decretarla, el número de empleados pasó de 56 a 57 en todas sus oficinas en la entidad.

Un año más tarde vino una disminución a 48 trabajadores, mientras que en 2020 ocurrió lo mismo hasta quedar en 45 empleados. El año pasado hubo un ligero incremento de dos más para quedar en 47.

En el caso de la delegación torreonense sí hubo variaciones en los primeros años. En 2017 apenas tenía dos abogados. Un año después ya eran ocho empleados: tres abogados, dos psicólogos, un becario y dos trabajadores sociales.

Para 2019 disminuyó el personal a siete y en 2020 a cinco. En 2021 volvieron a tener un empleado más para quedar en seis: tres abogados, un trabajador social y dos becarios.

“Si bien implica una parte totalmente material de aumentar el recurso humano, no sólo es dar más plazas y contratos, o la contratación de outsourcing, sino tener un personal capacitado, empático, que no tuviera una mecánica clientelar”, dijo Lucía Monserrat Razo Mesta, abogada y acompañante de mujeres violentadas.

Detalló que no se dotó de personal de trabajo social, de psicología, de colaboraciones y convenios óptimos con los servicios de salud y terapéuticos, tampoco se atendió el enfoque psicosocial.

De acuerdo con su descripción, los cubículos son de 4×3 metros, aproximadamente, donde las mujeres no pueden sentirse en confianza de compartir la experiencia que las tiene ahí, ya que se escucha hacia afuera.

“Llegó a pasar varias veces que estaba la persona en la sala de espera escuchando cómo en cada cubículo estaban atendiendo a alguien, y de repente dice: ‘ay, como que yo no estoy tan mal’”, explicó Lucía Razo Mesta.

Por su parte Rosa María Rocha González, madre de Danna Milagros Cigarroa Rocha, asesinada en de octubre de 2015, contó que su proceso para buscar la reparación del daño por el feminicidio de su hija ha sido un largo camino en el que ha encontrado funcionarios insensibles y poco preparados para acompañarla.

Dijo que no genera confianza acudir a las oficinas de la delegación Torreón y confirmó que el espacio consta de dos pequeñas oficinas en las que no se tiene privacidad y el personal es reducido.

Para contrastar el testimonio y el tema de las instalaciones se buscó a la titular de la dependencia, Magdalena López Valdez, aunque no fue posible establecer un diálogo con ella con el argumento de falta de tiempo en su agenda.

¿Igualdad en la atención?

La integrante de la colectiva Morras para morras, Mirna Murillo, calificó el trato que les dieron a las cuatro usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres en Torreón que le tocó acompañar en los últimos meses como “frío y revictimizante”.

Recordó que en una de las ocasiones la espera se prolongó varias horas. Sólo hasta que reveló que era parte de una agrupación feminista la atención se agilizó. Aunque el trato del ministerio público hacia la usuaria que Mirna acompañaba fue hostil: “Ya ve, ya me puso a trabajar”, le dijo cuando la recibió en su oficina.

Cristela Soto también comentó que la presencia de acompañantes es fundamental para que las mujeres violentadas que acuden a las instancias de procuración e impartición de justicia tengan una atención más rápida y sin tratos tan revictimizantes.

“No es nada más: ‘la mandó Madres Poderosas, atiéndela como debe ser’. No. Es que todo sea parejo. Es su obligación tratarte como deben, no porque estés en un grupo”, añadió Cristela Soto.

Tanto Murillo como Soto coinciden en que no se ve que los funcionarios que trabajan en estas dependencias apliquen las capacitaciones que recibieron para mejorar su trato hacia las víctimas.

“¿Qué ganan con tener capacitaciones, si no las ejercen? Mejor nosotras, que nos estamos abriendo camino paso a paso, tenemos empatía para las personas”, enfatizó Cristela.

Para esta investigación periodística se buscó a la coordinadora estatal de estos centros y tampoco se obtuvo respuesta bajo el argumento de la veda electoral.

Estrategias de salud reproductiva en duda

El noveno punto de las recomendaciones realizadas por la Federación para que Coahuila evitará la Alerta de Género marcaba el fortalecimiento de la política pública e interinstitucional para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes, aunque hay activistas por los derechos de las mujeres que sostienen que los esfuerzos quedaron cortos.

La consejera social en la Conavim, Ariadne Lamont Martínez, señaló que las acciones han sido limitadas y con enfoques moralistas.

“Te puedo mencionar algo que de entrada no es suficiente y está mal encauzado: todas las pláticas que dan son en torno a los valores porque creen que las muchachitas se embarazan no los tienen”.

Refirió que hace falta encaminar esfuerzos en cuanto a la prevención de las violaciones en menores de edad por parte de integrantes de sus familias.

“Lo único que hacen es enseñarles a usar el condón, ¿así cuándo? Ahí tiene que ver mucho la impunidad y una educación sexual insuficiente porque hay una población que no quiere que se le hable de eso a sus niños”, apuntó Ariadne Lamont.

Afirmó que la Secretaría de Salud quedó corta en cuanto a la aplicación de la norma 046 que marca el protocolo para un aborto en caso de violación.

“Los médicos se niegan a aplicar la norma 046 que dice que en casos de violación las agredidas pueden abortar sin ningún problema y todavía después del resolutivo de la Suprema Corte hay quienes exponen que es una vida y no lo mates”.

En contraste, Abel Alejandro Garza de León, coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes en la Secretaría de Salud, aseguró que estas normativas se aplican sin negativa alguna ni prejuicios del personal médico.

“Las normas son leyes y documentos que nos dicen cómo hacer las cosas. Debe ser aplicada en su totalidad y no aplica la objeción de conciencia o criterio personal”, dijo Garza de León.

El coordinador del programa de Salud Sexual detalló que desde 2016 está en marcha una estrategia entre 15 instituciones y dependencias de Coahuila para trabajar en la reducción del embarazo en adolescentes.

Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año analizado hubo 9 mil 948 nacimientos de madres menores de 19 años de edad lo que ubicó a Coahuila entre las diez entidades con más embarazos adolescentes entre 2010 y 2019.

Al respecto, Garza de León argumentó que la estrategia es a mediano y largo plazo, por lo que para ver resultados tendrían que pasar de 10 a 15 años.

Acceso a la justicia limitado

A más de tres años de que la Conavim determinó no decretar la Alerta de Género, el número de víctimas por delitos de género creció y el acceso a la justicia ha sido limitado en Coahuila.

Las cifras de los crímenes recogidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el número de sentencias emitidas por el Poder Judicial de Coahuila lo confirman.

Entre 2018 y 2021 hubo 82 casos de feminicidio de los cuales 57 tuvieron sentencia, en violencia intrafamiliar se registraron 41 mil 491 denuncias contra 215 sentencias y en violación mil 431 carpetas de investigación y 316 sentencias.

Sobre el incremento en estos dos últimos delitos el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara destacó que “es la razón por la que sube el número de denuncias. Tenemos las puertas abiertas en las cinco regiones del estado”, concluyó.