Por Karina Barraza

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Hasta el último hueso, entre el lodo, en el fondo de una fosa común, con sus propias manos y con un dolor inexpresable, Beatriz Jacobo Pérez exhumó los restos de su hijo José Ángel López Jacobo quien fue sepultado con tres cuerpos más.

 El joven de 25 años había sido reportado como desaparecido el 18 de julio de 2019. Pese a que las autoridades habían localizado su cuerpo 44 días después en la Costa de Hermosillo, fue hasta el 4 de octubre de 2021 que su familia pudo recuperarlo, después de dos años del hallazgo y coincidencia genética.

 Para cuando José Angel desapareció la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya contaba con un Laboratorio de Inteligencia Científica Forense pero, al interponer la denuncia, los familiares no fueron orientados de que se hicieran las pruebas de ADN; se las practicaron 26 días después de la desaparición. 

  “Duró un mes 10 días en Semefo y de ahí lo mandan a la fosa común y después de dos años es cuando nos avisan que mi hijo se encuentra en una fosa común desde hace dos años”, recuerda Beatriz.

El amor de madre llevó a Beatriz a introducirse en una de las fosas comunes del Panteón Municipal Sahuaro en Hermosillo, Sonora, para reencontrarse con su hijo y darle una digna despedida.

José Ángel se encontraba en el ataúd número tres, en la parte inferior lateral izquierda de la fosa, en donde el fango, la humedad y la mala calidad hicieron lo suyo. El cajón de material aglomerado no protegió completamente sus restos.

 “Con mis manos yo fui abriendo, buscando, buscando, entre lodo, tentando que no quedará ningún hueso de él, hasta que tuve la certeza de que no, no quedó. A la hora de sacarlo pues por el mismo peso, pues se caían (los huesos) y yo para estar 100% segura de que no iba a quedar ningún resto de mi hijo yo me metí y con mis propias manos fui tentando centímetro por centímetro”, recordó Beatriz con dolor.  

La exhumación parecía sencilla, pero fue más complicada de lo esperado: tomó alrededor de ocho horas. Las palas no fueron suficientes para llegar hasta el fondo de la fosa común, hasta los restos de José Ángel, por lo que se utilizó una retroexcavadora.

 Después de varias maniobras, ahí estaban sus restos. Algunos lograron concentrarse en la bolsa en la que fue envuelto el ataúd y en lo que quedó de este, otros más fueron rescatados entre el lodo.

  “Una cosa muy dolorosa la forma en que lo encontramos porque se pudiera decir que los ataúdes en donde a ellos los entierran son de un material que con cualquier humedad y eso se desbaratan. A la hora de sacar los ataúdes pues salían en pedazos, salía en pedazos la madera y por lo tanto los cuerpos también”, comentó la madre, quien es integrante del colectivo Buscadoras por la Paz.

La exhumación estuvo a cargo del arqueólogo y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pero ante la desesperación y la incertidumbre de que pudieran quedar restos, también actuó la familia, hasta intentar exhumar la totalidad.

De la manera más dolorosa e inimaginable, Beatriz vivió en carne propia la crisis forense que enfrenta el país, una crisis que en Sonora se refleja en los cuerpos sin identificar enviados a la fosa común: 2 mil 235 en menos de dos años.

Crisis forense: en el anonimato

Que Beatriz encontrara a su hijo dos años después de que las autoridades localizaran el cuerpo no es un caso aislado.

 De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con corte al 31 de agosto de 2020, existían 52 mil 004 cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes, cifra que reconoció, el 17 de marzo de 2022 en conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

 En dicho informe, Sonora es uno de los diez estados que concentran el 80 por ciento de los cuerpos no identificados, con mil 205, los cuales se encuentran en fosas comunes o servicios forenses.

Sin embargo, por acceso a la información pública con folio 261156221000162, la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que, en menos de dos años, se enviaron a fosas comunes de cementerios públicos de Sonora 2 mil 235 cuerpos o restos óseos;  952 en 2020 y de enero a noviembre de 2021, mil 283.

 El banco de genética estatal cuenta con un registro de mil 800 muestras de ADN de cadáveres no identificados que no han coincidido con la base de familiares informó en entrevista Erika Ruiz García, directora de Servicios Periciales de la Fiscalía.

 “No coinciden con estos (restos humanos)  no identificados. Entonces muchas familias no se han acercado a que se les tomen las muestras para hacer ese cruce y tratar de identificar a estos cadáveres”, aclaró.

 Informó que existen otros cuerpos no identificados correspondientes a años anteriores al 2018 que pudieron ser inhumados en fosas comunes con expedientes incompletos, sin pruebas genéticas y de los cuales se desconoce su ubicación exacta, así como el número de fosas comunes en los cementerios.

“Tenemos registros de números, pero así en el dato exacto en qué parte está del panteón o en qué espacio se encuentra hasta ahorita no lo tenemos, es un trabajo que se está haciendo para poder ubicar y localizar cada uno de ellos. De 2018 a la fecha ya de todos los cadáveres que entraron catalogados como no identificados se tiene las muestras para genética”.

De 2015 al primer trimestre de 2022 se han realizado 33 exhumaciones de cadáveres que estaban en fosas comunes de panteones del estado para restituirse a familiares, entre ellas cuatro que fueron efectuadas en 2021 y documentadas mediante testimonios de familiares en este reportaje.

El hallazgo y las omisiones

La familia de José Ángel hizo todos los trámites legales necesarios ante una desaparición: pusieron denuncia, proporcionaron las características físicas y de vestimenta, además se practicaron las muestras de ADN antes del hallazgo del cuerpo.

Beatriz Jacobo todavía se culpa por no haber identificado en la Fiscalía las fotografías de una osamenta, parte del material disponible para que las familias con desaparecidos puedan revisar perfiles de cadáveres.

 El documento describía que el cuerpo de la osamenta- que era de su hijo- correspondía al de un hombre mayor de 40 años, siendo que al momento de la desaparición tenía 25 años de edad. Nunca se anexó información de la vestimenta del cadáver; jamás lo reconoció.

  “Mi hijo tenía todo, todo para poder ser identificado en el momento que lo encontraron, porque la vestimenta que él llevaba estaba tanto en la Agencia Ministerial como en Servicio Médico Forense y con esa misma vestimenta a él lo encontraron. Fue una impotencia, un dolor muy grande, porque yo no podía entender si ellos tenían toda la información referente a mi hijo, cómo es que él llegó a una fosa común” reprochó Beatriz Jacobo.

Sin luz, de fosa a fosa

El caso de la familia Jacobo es una de muchas historias de familias con personas desaparecidas, que señalan se han encontrado con varias negligencias u omisiones en el proceso de desaparición, búsqueda, localización, notificación y restitución de los cuerpos.

 Para evitar que más personas fallecidas queden en el anonimato en fosas comunes, colectivos de búsqueda han sido insistentes y exigen se cumpla con lo que marca la Ley y se respeten sus derechos humanos, aseguró Sinthya Maritza Gutiérrez, que en 2018 fundó el grupo Guerreras Buscadoras de Sonora.

  “De qué nos sirve tanto esfuerzo de nuestra parte para sacarlos de un hoyo y al final llegan a otro peor o igual que donde estaban, eso es lo que le decimos a las autoridades. ¿A mí quién no me dice que está mi hijo en una fosa? Es lo que yo les digo. Y se los he dicho muchas veces, porque les digo, tengo cuatro años buscando, quién no me dice a mí que está mi hijo en una fosa, que ya lo saqué o lo sacó otro colectivo y cayó a otra fosa” cuestiona.

 En ello coincide Cecilia Grijalva Delgado, líder del colectivo Buscadoras por la Paz.

 “Ahorita tenemos un problema pues que consideramos muy grave que es la identificación humana y que muchos se están yendo a la fosa común por, vamos a decirles así, por negligencia, de parte de las autoridades” destaca la madre de familia.

Procesos erróneos alargan agonía de familiares

De los casos documentados y en los que se denunciaron fallas en el proceso está el de Julio César Castillo Rascón, encontrado y exhumado de una fosa común del panteón Municipal de Hermosillo en el mes de julio de 2021.

La familia tuvo conocimiento de la localización sin vida de Julio, 4 años 9 meses después de su desaparición, pero el cadáver fue hallado por las autoridades a los tres meses de que fuera privado de su libertad el 29 de septiembre de 2016 recuerda su prima, Laura Elena Castillo.

“No entendemos cómo y después de tanto tiempo nos salgan con que ahí estaba, ahí estaba, estaba en la fosa común. Nosotros no nos explicamos cómo es posible, que si se hicieron tantas pruebas de ADN”, explicó Laura.

El padre de Julio fue quien interpuso la denuncia por desaparición. El señor junto a su mamá y una hermana se hicieron las primeras muestras de ADN. Cinco meses después, en febrero de 2017, también fue reportado como desaparecido.

Al no tener conocimiento del paradero del padre e hijo, con la incertidumbre y miedo de que existiera algún error, en mayo de 2021 la familia solicitó nuevas pruebas genéticas.

La mamá del joven se hizo la muestra con el fin de actualizar la base de datos. Un mes después se notificó de la coincidencia genética con el cadáver del joven Castillo Rascón.

“Salía compatible 99.9 por ciento con la mamá, pero también con la abuela. Las pruebas de mi abuela, te estoy hablando que están desde 2016-2017. Fue lamentablemente un error, pero como te digo, así como el caso de nosotros, son muchos. Yo digo, fue un error porque se pudieron evitar otras tragedias como el que desapareciera mi tío”, recordó Laura Elena Castillo.

A la familia se le explicó en qué consistía el proceso de exhumación y que debían pagar los costos de la misma pese a que en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas se señala que los costos derivados de esta y restitución del cadáver deben ser cubiertos por las autoridades de atención víctimas.

“Ella (una empleada) nos explicó que teníamos que pedir permiso para exhumar el cuerpo y que se tenía que exhumar el cuerpo por nuestros propios medios y que todo eso por ser un proceso”, indicó Castillo Rascón.

Según Laura Elena los gastos que realizaron para llevar a cabo el proceso, así como los costos funerarios fueron, aproximadamente, de 15 mil pesos.

“Están hechos bolas, para empezar, están irreconocibles, en sí no es un ataúd, es una caja, es como si te metieran una caja de zapatos y te dejarán ahí. Julio estaba cerca de la calle, los carros que pasaban, pasaban. Tú podías caminar por encima de él y no sabías que ahí había un cuerpo” describió Laura.

Identificación selectiva, ADN exprés

En Sonora existen casos que se han considerado de alto impacto, urgentes o mediáticos en donde los resultados en muestras y comparativas de ADN han quedado en menos tiempo de lo estimado.

 Como ejemplo la desaparición de diez personas, en su mayoría integrantes de la etnia Yaqui, hecho ocurrido el 14 de julio de 2021 y cuyos restos óseos fueron hallados el 19 de septiembre del mismo año en la localidad de Chichiquelite, Cajeme.

Ocho días después del hallazgo se confirmó, por pruebas de ADN, la identidad de cinco de los diez desaparecidos. Un día después de esta identificación el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Vícam, Sonora.

 Por la inmediatez en los resultados de ADN no parecieron confiables a familias afectadas recordó Anabela Carlón Flores, abogada y vocera de familias Yaquis.

 “El ministerio público nos decía que, de 15 días a un mes, eso fue lo que nos dijeron y de tanto que habían repetido eso a las familias y después que le que les hayan identificado a sus familiares en menos de una semana o en una semana aproximadamente pues fue el primer punto de desconfianza que tuvieron y la otra fue que cuando fueron a la Fiscalía a identificar prendas, la mayoría no identificó las prendas presentadas como pertenecientes a sus desaparecidos solamente a uno de ellos. Venía el presidente, se quiso hacer disque justicia o se apresuraron en el asunto para pues presentar resultados” consideró la abogada Yaqui.

 Otro caso resuelto en escasos días fue el del vocero yaqui, Tomás Rojo. Sus restos óseos fueron hallados en Vícam y su identificación mediante confronta genética se confirmó cuatro días después, el 21 de junio de 2021.

 “Cuando hay un caso urgente o casos mediáticos se tiene que dar una respuesta inmediata, entonces hay personal que se dedica a sacar los casos urgentes y el resto del personal sigue trabajando sus muestras, hay muchas que se procesan, mucho más rápido como las muestras de sangre, si tenemos un cadáver reciente y le tomamos su muestra para un proceso ADN la obtención de su perfil es más rápida que una muestra de hueso” confirmó Erika Ruiz García, directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de Sonora

En los últimos seis años el presupuesto de egresos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se elevó en un 115.87 por ciento, al pasar de 813 millones 716 mil pesos en 2015 a mil 756 millones 577 mil pesos en 2021.

El presupuesto de egresos de 2017 tuvo una ampliación presupuestal de 60 millones de pesos para la creación del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, CIF, inaugurado en Hermosillo en enero de 2019.

Mediante información vía transparencia se confirmó que el gasto para crear el laboratorio fue cercano a los 62 millones de pesos. El CIF cuenta con cuatro especialidades: balística, química, criminalística y genética.

Con la tecnología del laboratorio se prometió reducirían los tiempos de espera en comparativas de ADN para identificación de personas y restos humanos, al pasar de meses y/o años a resultados en 15 días o menos, según la preservación de la muestra y complejidad de los casos.

 “Hay unas muestras que en un periodo de a lo mejor de tres días, de cinco días, de diez días se han obtenido resultados de perfiles genéticos, ha habido muestras difíciles o extremadamente difíciles que los tiempos se han prolongado, pero ese número de muestras no es el mismo que hace diez años”, explicó Erika Ruiz García, titular de Servicios Periciales de la FGJES.

 De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el laboratorio se han analizado mil 444 cadáveres catalogados como no identificados y logrado 853 cruces efectivos por muestras de ADN y 591 por huellas dactilares.

 Hasta marzo de 2022 en la base de datos se registraban alrededor de 6 mil 500 muestras de personas que corresponden a 3 mil 400 familias con alguna denuncia por desaparición.

“Tesoros” visibilizan crisis, no solo de seguridad

Entre 2006 y 2021 la Fiscalía General de Justicia del Estado registró un total de 569 fosas clandestinas, con un repunte en los últimos tres años, sin precisar el número de cuerpos o restos recuperados, de acuerdo con datos obtenidos mediante la solicitud de acceso a la información con folio 261156221000163.

 En Sonora y México no existen censos del total de fosas comunes, fosas clandestinas, de los cuerpos no identificados ni de los identificados no reclamados.

 Las cifras están muy por debajo de los hallazgos positivos que han hecho los 14 colectivos de búsqueda creados por ciudadanos, consideró la activista Cecilia Delgado Grijalva.

 “Con la Fiscalía jamás, jamás van a coincidir (cifras). No le conviene, no sé por qué no le conviene”, señala la líder del colectivo Buscadoras por la Paz.

 Con picos y palas, así como otro tipo de herramientas rudimentarias, integrantes de colectivos excavan en montes para rastrear fosas clandestinas, conocer el paradero de sus seres queridos a quienes llaman sus “tesoros” para que sean identificados por las autoridades, darles un destino digno, ser restituidos a sus familias y que estas vivan sus procesos de duelos.

Dichas acciones han tenido como resultado importantes hallazgos de cadáveres, pero ante la deficiencia en materia forense y de identificación humana, la Fiscalía General de Justicia del Estado se ha visto rebasada e inclusive ha solicitado en ocasiones a los colectivos detener las búsquedas por la falta de espacio para el resguardo de cuerpos o restos.

Integrantes al colectivo Buscadoras por la Paz, denunciaron que también ha habido omisiones en el levantamiento de cuerpos o restos de cadáveres por parte de peritos de la Fiscalía, como ejemplo, una pierna que olvidaron en una fosa clandestina en la que encontraron cuatro cadáveres, en el Ejido Fructuoso Méndez, Hermosillo, en abril de 2021.

Entre los hallazgos más importantes en fosas clandestinas está el de 52 cuerpos, en el área conocida como Ostionera 2, en Puerto Peñasco, entre octubre y noviembre de 2019. A la fecha todavía existen restos sin identificar de esta y otras búsquedas positivas numerosas.

Inconsistencias en notificación a familias sobre hallazgos y coincidencias genéticas

A seis meses de que comparativas genéticas habían resultado positivas, por una casualidad, la familia dio con el paradero de Manuel Jesús Bernal Romero; sus restos estaban en una fosa común de Guaymas, Sonora.

 Patricia Bernal Mercado, acudía constantemente a solicitar información a la Fiscalía y así confirmó que su papá había sido localizado sin vida 13 días después de su desaparición y que en menos del mes lo inhumaron como desconocido en una fosa común.

  “Botó el ADN, pero nunca nos avisaron, de hecho, yo porque fui con el colectivo, fuimos a preguntar para ver si estaban las muestras y fue cuando me dijeron que mi papá ya había salido, que lo habían encontrado el 9 de septiembre del 2020”, relató Patricia.

 Manuel Jesús Bernal Romero fue privado de la libertad  al salir de su trabajo el 24 de agosto de 2020, en Hermosillo, justo al mes de que asesinaran a su yerno y privaran de la libertad a su hija, Cynthia Lizeth Bernal, elemento de la Policía de Hermosillo, quien sigue desaparecida.

Familiares denuncian públicamente revictimización

Las autoridades de la Fiscalía argumentaron que la familia no presentó denuncia por desaparición y que sí intentaron localizarlos para notificarles del hallazgo de Manuel Jesús. A pesar de la denuncia, pruebas de ADN y estar en la misma ciudad, en seis meses, no lograron contactar a ningún integrante, expuso Patricia.

 “Que nos habían marcado mucho y que también habían venido a buscarnos, que habían venido a nuestra casa, pero de hecho nunca nos avisaron. Y todavía hicieron el comunicado -boletín de prensa- que no lo buscamos, que no hicimos denuncia. Es una burla, la verdad, porque ellos sabían, podían preguntar, ya sea en el Ministerio Público o donde sea para localizarnos” dijo Patricia Bernal.

 La negligencia se denunció públicamente por la familia y el colectivo Buscadoras por la Paz, para alertar a más familias con desaparecidos y exigir se respetarán sus derechos. “Quisieron culparnos a nosotros, de que nosotros nunca lo buscamos, querían lavarse las manos realmente”, destacó Patricia.

Hasta marzo de 2022, su hermana Cynthia no era localizada y aunque la esperanza es encontrarla con vida, temen que esté como desconocida en alguna fosa común. 

“A lo mejor ya lo encontraron y no han avisado o no sé, a lo mejor no ha votado el ADN o si ya votó muchas veces como lo echan a la fosa, pues realmente uno no sabe ni qué pensar”, comparte Bernal Mercado.

Ismael desapareció tres veces; la burocracia, omisiones y negligencia lo llevaron a la fosa común

Ismael Céliz García fue buscado por sus familiares por más de un año y cuatro meses, luego de su desaparición forzada un 19 de mayo de 2020, en el municipio de Guaymas, Sonora. A los 32 días fue localizado sin vida en la localidad de La Cuadrita, San José de Guaymas.

 Familiares intentaron de inmediato hacer la denuncia por desaparición, pero en la Fiscalía les dijeron que debían esperar 72 horas. Las muestras de ADN fueron tomadas días después porque tampoco se les orientó del proceso.

 “Que porque se tenían que esperar 72 horas, porque a lo mejor la persona andaba de vaga o andaba con un amigo o con una amiga, esas son las excusas que nos pusieron y que así eran las reglas de ellos” recordó su hermana, Verónica Célis.

 A los días de que el padre y hermana se tomaran muestras de ADN, el 20 de junio de 2020 se encontró el cadáver de Ismael, mismo que permaneció tres meses en una funeraria, pues Guaymas no cuenta con instalaciones del Servicio Médico Forense. Posteriormente se envió a la fosa común en calidad de no identificado.

Durante ese tiempo la familia se unió al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, emprendieron búsquedas entre el monte sin imaginar que los restos estaban en la misma ciudad, bajo el resguardo de la Fiscalía. Esta fue su segunda desaparición.

 ¿Qué sucedió? que las muestras genéticas se extraviaron y nunca llegaron al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de Sonora. Pese a las características, vestimenta y datos del hallazgo, aparentemente, tampoco hubo un cruce de información, denunció Verónica Célis.

 “Nos dijeron que esas muestras que había otras personas, que había otro personal y que ese personal estaba trabajando mal y que ahora había otro personal y que ya se estaban haciendo las cosas mejor. No estaban en la base de datos, nunca se enviaron”, recalcó Verónica.

 En abril de 2021 familiares practicaron segundas muestras de ADN que a los tres meses coincidieron con una de las muestras que había en el banco genético, pero nadie les informó. Aquí se registra la tercera desaparición de Ismael.

 Verónica recuerda que dio con el paradero de su hermano hasta el 2 de septiembre de ese año porque se trasladaba constantemente a Hermosillo para solicitar información a la Fiscalía del Estado.

 “Salen con que esos ADN de nosotros ya estaban compatibles con una persona que había sido hallada, a nosotros nunca nos llamaron para decirnos que tenemos a una persona que es compatible con su ADN”, recordó.

 Ante la desesperación de la familia por recuperar los restos de Ismael, denunciaron públicamente el caso y exigieron la exhumación inmediata del cuerpo, que se encontraba junto a cinco más en una fosa común de Guaymas.

  “Había cinco personas más y antes de eso, pues por equivocación, abrieron la otra fosa y había otras cinco. Se equivocaron, nos tardamos seis horas. Pienso que para que no hubiera pasado todo ese tiempo podía haber habido algo que lo señale, que hay gente ahí porque no son perros, son seres humanos”, dijo Verónica.

 Y es que una de las cosas que se ha olvidado son precisamente los derechos póstumos señala la antropóloga física forense del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Sonora, Patricia Olga Hernández Espinoza.

 “Todos los seres humanos vivos o muertos merecemos respeto y hay una parte en la bioética actual que es precisamente los derechos póstumos de los individuos, o sea, no son ni reses, ni perros ni nada, o sea, son un ser humano y principalmente porque además es parte fundamental también del proceso de duelo”, dijo la antropóloga.

Los casos de extravíos de muestras de ADN de familiares con alguna persona desaparecida tampoco han sido aislados, pues líderes de colectivos señalan que no todas llegan al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense.

“Hay familias que, de hecho, dos de las compañeras hemos ido a Hermosillo tres veces y esas tres veces les han practicado su muestra genética y no aparecen. Que muchas veces dicen que no les llega y les llega uno incompleto” denunció la pionera de los colectivos de búsqueda en Sonora, Sinthya Maritza Gutiérrez.

Insuficiente capacidad para la identificación humana

Tras el hallazgo de un cuerpo, es trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. En caso de ser identificado permanece ahí de uno a seis días y si está en calidad de desconocido puede durar hasta 14 y después se traslada a fosas comunes.

 “Después de que se terminan los análisis y si se les da un tiempo, tanto en Semefo o en funerarias para que después pasen a ser inhumados, porque no podemos tener tantos cadáveres, ni en Semefo ni en funerarias, entonces recurrimos ante el Ministerio Público para hacer todo el trámite e inhumar esos cadáveres”, detalló Erika Ruiz García, directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

 A inicios de marzo de 2022, dijo, permanecían 198 cuerpos o restos en instalaciones de los Servicios Médicos Forenses, 33 en Ciudad Obregón y 27 en Hermosillo, así como 138 en funerarias de municipios pequeños que prestan el servicio al estado al no contar con Semefo.

 Pese a que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que para generar información confiable debe contarse con especialistas en antropología física, arqueología, radiología, odontología, dactiloscopia, genética, sociología, entre otras especialidades, el servicio forense no cuenta con el personal necesario.

 De acuerdo con el directorio –obtenido mediante acceso a la información pública– hasta 2021 el estado tenía 55 peritos médicos legistas, cinco en identificación humana y solo un arqueólogo.

Fosas comunes, el destino de cuerpos no identificados

Luego de que pasan un máximo 14 días y un cadáver no logró ser identificado en el Servicio Médico Forense y el Laboratorio de Inteligencia Científica el cuerpo se envía a fosas comunes, mismas que se encuentran ubicadas en los cementerios públicos de los municipios y hay de dos tipos: colectivas e individuales.

Se conoce como fosa común al sitio dentro de los panteones municipales o ministeriales donde se inhuman, de manera individual o colectiva, personas fallecidas no identificadas o bien, identificadas que no son reclamadas por sus familiares.

La Ley General en materia de desaparición de personas – Artículo 12, fracción II- señala que es ilegal inhumar en fosas comunes colectivas a personas fallecidas no identificadas y fallecidas identificadas no reclamadas.

 Por acceso a la información pública se revisaron datos de panteones de Sonora con el fin de identificar qué tipo de esquema es el más común.

 Los municipios de Agua Prieta, Cajeme, Caborca, Navojoa y Nogales cuentan con fosas comunes individuales y otros como Empalme, Guaymas, Hermosillo se tienen fosas colectivas.

 En Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado hay fosas colectivas e individuales. En todos los municipios varían los tamaños de una fosa común, así como su capacidad, en el caso de las colectivas se inhuman de dos a seis cuerpos.

 Los archivos de los panteones son generalmente físicos. Por transparencia se pidió evidencia de los registros realizados. Entre los datos enviados destacaron los del municipio de Puerto Peñasco pues se llevan en un cuaderno.

En Hermosillo en el panteón Municipal Sahuaro y Norte, de 2015 a noviembre de 2021, se contabilizaron 261 fosas comunes, que miden 1.20 metros de ancho por 2.50 largo y 1.90 de profundidad, donde colocan de cuatro a seis cuerpos, osamentas y extremidades, información obtenida por información pública con folio 260498321000361.

El registro de cadáveres no identificados e identificados no reclamados se compone de certificado de defunción, nombre o seudónimo del difunto y oficio de sepultura girado por las autoridades.

Es claramente una falla de Estado: especialistas

Para el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, la atención a la crisis forense en México debe atenderse mediante un sistema enfocado en la desaparición, el cual sea multidisciplinario y que incluya investigación, al considerar que las identificaciones por ADN no lo son todo.

 Adelantó que ya trabajan en un proyecto con autoridades de Sonora.

 “Es claramente una falla del Estado desde hace mucho tiempo y lo que ha generado ahora, pues tal vez la necesidad de retomar las cosas, de cambiar el rumbo y de probar cosas que talvez funcionan en otros espacios como en Guatemala y por eso es que nosotros estamos en México compartiendo experiencia, es lo único que estamos haciendo, compartiendo la experiencia que tenemos y quizás eso ayude a cambiar el rumbo y de que ahora se respete la participación de la familia, se les dé la atención que merecen y se puedan identificar y entregar estos cuerpos dignamente”, puntualizó el especialista.

 Hecho con el que coincide la antropóloga forense del INAH en Sonora.

 “Ya no hacen ese trabajo fino de identificación, todo se va al ADN, no todo es ADN, el trabajo previo forense, tiene muchos aspectos, hay aspectos de investigación también, el perito o el médico legista o todos no es de ah sí, hombre, mujer, no, hay un proceso, es un proceso muy delicado y no se hace, estamos muy deshumanizados”, destacó Patricia Olga Hernádez Espinoza.

Cifras de desaparecidos van en aumento

Los recursos económicos parecieran no ser suficientes, pues entre 2020 y 2021 el estado de Sonora recibió 54 millones 767 mil 786 pesos, lo que ubica a la entidad como la tercera con más recursos recibidos mediante subsidios federales para estas acciones.

 Aun con el recurso, equipamiento de alta tecnología, dos laboratorios móviles que no se utilizan, la Comisión no cuenta con todo el personal especializado. Durante los primeros meses de este año presentaban dificultades para el pago de nómina al personal, al aseverar que no se liberan los recursos federales.

 José Luis González Olivarría, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sonora, explicó que en 2020 se registraron 107 personas desaparecidas y en 2021 un total de 254 personas desaparecidas. Hasta marzo de 2022 sumaban 14 personas desaparecidas.

 Dichos datos no coinciden con los de la plataforma de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Sonora es uno de los estados que tiene deficiencias en la actualización de la información en la plataforma.

Al 19 de marzo de 2022, el estado se ubicaba en el séptimo lugar en personas desaparecidas y no localizadas con 4 mil 252 casos. Por género, 3 mil 332 hombres y 923 mujeres; 2 mil 345 de los hombres entre 15 y 44 años, así como 669 mujeres entre los 10 y 34 años.

El funcionario dijo que ya se trabaja con un enfoque masivo para la identificación forense y que en 2022 iniciará operaciones el Centro Regional de Identificación Forense.

“Nosotros pretendemos en cierta manera darle un nombre y apellido a todas aquellas personas que están sin identificar en cosas comunes cuando la Fiscalía ya tenga un cuerpo reciente y que no logró la identificación por muchos motivos los que quiera, porque hay bastantes, pasará a manos del Centro Regional de Identificación Forense para que se hagan otros procedimientos para poder lograr identificación”, agregó González Olivarría.

Información fragmentada y falta de voluntad

Para resolver la crisis forense en México se requiere voluntad política a nivel estatal y que la información no se mantenga fragmentada por las autoridades consideró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

 “No existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes, esto es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales, hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en cementerios”, señaló durante conferencia de prensa el 17 de marzo de 2022.

 Encinas Rodríguez aceptó que los servicios médicos son insuficientes y que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas de las familias como de las que se levantan de los cuerpos hallados.

 “Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades, que ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada”, concluyó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Para enfrentar la crisis forense, más allá de la tecnología, se requiere acabar con la burocracia y que exista personal capacitado, pero sobre todo comprometido, concluyó la antropóloga física forense del INAH, Patricia Olga Hernández Espinoza.

“No se trata de montar un laboratorio a todo dar se trata de tener a los especialistas, a gente entrenada y comprometida con el proceso de identificación, porque ese es un compromiso, o sea, es una vocación, no es de si es perro, es gato, no pues no, es un individuo, es parte de la familia de alguien, fue el pariente, el padre, la madre, el hermano, el hijo de alguien y allá afuera están esperando, entonces no se vale, entonces si no hay compromiso y no hay responsabilidad puede haber millones, pero si no hay el material humano necesario para llevar a causa tarea no se va a hacer” enfatizó.