-Instalan Comisión de Minería

Hermosillo, Sonora; 27 de septiembre de 2024.- Integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron las minutas remitidas por la Cámara de Senadores, que reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución Política federal en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, así como de la Guardia Nacional.

El diputado Julio César Navarro Contreras (Morena), presidente de la comisión, sometió a consideración la iniciativa que reconoce y protege el ejercicio de los derechos fundamentales de pueblos originarios y comunidades afromexicanas.

Asimismo, puso a consideración la reforma cuyo objetivo es integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el propósito de consolidarla como una institución profesional y comprometida con la seguridad pública.

Asistieron Paloma Terán Villalobos (PES), Rebeca Irene Silva Gallardo (Nueva Alianza), Ernestina Castro Valenzuela (Morena), David Figueroa Ortega (PVEM), Juan Pablo Arenívar Martínez (PAN), y Gabriela Félix Bojórquez (MC).

Instauran legisladores Comisión de Minería

Este día quedó formalmente instalada la Comisión de Minería, en la cual sus integrantes acordaron apoyar políticas públicas que favorezcan el desarrollo de este sector.

Durante la instalación, la diputada Iris Sánchez Chiu (PRI) destacó la importancia de Sonora como líder nacional en minería y aseguró que se trabajará de manera conjunta para apoyar a esta industria.

Posteriormente, la comisión recibió a representantes de 13 asociaciones mineras de Sonora.

Asistieron las y los diputados: Paloma Terán Villalobos (PES), Alicia Gaytán Sánchez (Morena), David Figueroa Ortega (PVEM), Óscar Ortiz Arvayo (PT), Fermín Trujillo Fuentes (Nueva Alianza) y Raúl González de la Vega (PS).

• Gabriela Félix, diputada de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de la reforma a la Guardia Nacional.

Hermosillo, Sonora, a 27 de septiembre de 2024.- La diputada Gabriela Félix Bojórquez, en representación de la Bancada Naranja de Movimiento de Ciudadano, votó contra la Reforma que permite que la Guardia Nacional sea absorbida completamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando su carácter civil y consolidando el uso de las fuerzas armadas.

“Esta decisión es un retroceso histórico: ya son tres sexenios en los que hemos sido testigos que la militarización de la seguridad pública es una estrategia que ha demostrado ser no solo ineficaz, sino profundamente peligrosa. ¿Dónde está el resultado de esta estrategia de militarización que nos fue prometida como solución? Los números hablan por sí mismos, y lo hacen con crudeza, Sonora es un estado que ha sufrido en carne propia el fracaso de esta política”, comentó Félix Bojórquez.

Cajeme es uno de los municipios más violentos de México y el mundo; en San Luis Río Colorado, la tasa de homicidios alcanzó 46 por cada 100,000 habitantes; en Caborca se registran 57 homicidios por cada 100,000 habitantes, estas cifras aún con la presencia de la Guardia Nacional y demás fuerzas militares.

A nivel nacional en este sexenio se registran las cifras más altas de la historia reciente con 200 mil homicidios, más de 5 mil feminicidios y más de 51 mil personas desaparecidas.

“La impunidad permea antes como permea ahora: Morena renunció a su deber constitucional de fortalecer las policías locales, de capacitarlas, de dignificarlas, de dotarlas de los recursos necesarios para cumplir su función. La militarización no solo es un error estratégico, es un peligro para los derechos humanos”, señaló la diputada ciudadana.

Durante el gobierno del presidente López Obrador se triplicó el recurso entregado al Ejército, en comparación con el sexenio de Peña Nieto, con un total de 259 mil millones de pesos, en comparación de los 80 mil 936 millones que tenía en 2018, según datos de la Cuenta Pública.

Por su parte Gabriela Félix, enfatizó que “no estamos en contra de nuestras fuerzas armadas; respetamos profundamente el trabajo y la labor que realizan en la defensa de nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio, pero su tarea no está en las calles”.

Durante su participación señaló que no solo se está militarizando la seguridad pública, sino también la administración pública, al asignarles más de 120 actividades de otras dependencias, lo que compromete el futuro democrático y es una amenaza directa contra el estado de derecho, contra las instituciones y contra las libertades que tanto ha costado construir.

“En Movimiento Ciudadano nos negamos enérgicamente a aceptar la militarización: en su lugar, buscamos un Sonora en paz; uno que nazca de la justicia, de la oportunidad y del respeto a los derechos humanos. La paz no se construye con balas ni con cuarteles, se construye con justicia, con derechos y con oportunidades.

Quienes cuestionamos las propuestas del oficialismo, nos suelen llamar «oposición»; pero, en realidad, hoy nos damos cuenta que la mayoría del Congreso del Estado de Sonora es la verdadera oposición, pero de las y los sonorenses”, concluyó Félix Bojórquez.

Hermosillo, Sonora; 26 de septiembre de 2024.- La Mesa Directiva del Congreso de Sonora turnó este jueves a comisiones dos iniciativas para sancionar la explotación laboral y el empleo de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas.

La diputada Gabriela Félix Bojórquez y el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez, de Movimiento Ciudadano, presentaron una propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal estatal, con el objetivo de establecer políticas públicas de combate a la explotación y trabajo infantil.

Asimismo, propusieron sancionar con cuatro a diez años de prisión y de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) de multa a quien utilice a una persona menor de 18 años de edad en alguna de estas actividades laborales, así como en la mendicidad.

Por su parte, el diputado Raúl González De la Vega, del Partido Sonorense, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Sonora, con el propósito de imponer penas a las organizaciones criminales que empleen a personas menores de edad en actividades ilícitas, con cárcel de 12 a 30 años y multa de 60 a 600 Unidades de Medida y Actualización.

El legislador añadió que, en caso de que la persona sancionada fuera servidora pública y se aprovechara de los medios o circunstancias de su encargo, además de la pena quedará destituida de su empleo e inhabilitada para desempeñar otro por un lapso igual al de la sanción impuesta.

La primera iniciativa fue remitida a las comisiones de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y Educación y Cultura, en forma unida; y la segunda, a la de Justicia y Derechos Humanos.

Al finalizar la sesión, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, presentó un posicionamiento con motivo del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

El Pleno del Congreso de Sonora sesionará este viernes 27 de septiembre a las 12:00 horas.