Ciudad de México a 16 de Marzo.- La Secretaría de Economía, además de revisar la situación en la que se encuentran las 25 mil concesiones mineras que hay en el País, realizará consultas a las comunidades involucradas y así “blindar socialmente” estas inversiones.

En entrevista, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, advirtió que el objetivo de esta medida no es cancelar las concesiones sino regularizar su situación, ya que muchas de ellas no pagaban los derechos correspondientes.

“Las empresas tienen la obligación de trabajar las concesiones y pagar los derechos que le corresponden, existe un entendimiento, en la práctica, de no pagar eso, de tal forma que el Gobierno ofrezca facilidades.

“Nuestro énfasis es que las concesiones no estén inactivas, que cumplan su función, si no las van a trabajar, que las liberen para que alguien más la pueda trabajar”, afirmó.

El sector industrial, indicó, ha mostrado su preocupación al interpretar que la política de la subsecretaría se dirige hacia la cancelación de las concesiones; sin embargo, agregó, el propósito del Gobierno es regularizar.

Detalló que las mineras deben presentar reportes de obra cada trimestre de tal forma que aquellas que no presenten informes de los primeros tres meses del 2019 recibirán un apremio.

No obstante, a las que no paguen derechos, se les cobrará recargos, y si no los liquidan, entrarán a un proceso para la cancelación y posterior liberación.

El funcionario también explicó que los recursos del Fondo Minero que eran administrados por la Sedatu, ahora pasarán a la Secretaría de Economía y se emplearán en obras para las comunidades en las cuales se encuentren operando las minas.

Buscan dar certidumbre a proyectos mineros

Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, afirmó que para dar certidumbre a los proyectos mineros, será necesario realizar consultas a las comunidades involucradas y blindar estas inversiones.

Señaló que se debe modificar la Ley Minera para incorporar la obligación que tiene el Estado de hacer una consulta previa sobre el desarrollo de proyectos, no sólo a las comunidades indígenas sino a las agrarias.

“Tenemos que cambiar la ley, tenemos que incorporar obligaciones que ya tiene el Estado mexicano, específicamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica realizar una consulta previa libre e informada con respecto a cualquier decisión que afecte los derechos indígenas en México.

Quiroga sostuvo que es importante involucrar a las comunidades en estos proyectos, ya sea bajo la figura de copropietarios o por medio de la proveeduría.

“Un proyecto que cuenta con la licencia social, o el blindaje social. ¿Cuánto vale más? ¿Qué pasaría con tu proyecto si el 10% de la propiedad se lo das a la comunidad? El empresario invierte el 10% de su proyecto y eso va a ser que el proyecto valga 70% más; es una buena práctica de negocios el involucrar a la comunidad”, consideró.

Francisco Quiroga también explicó que los recursos del Fondo Minero que eran administrados por la Sedatu, ahora pasarán a la Secretaría de Economía y se emplearán en obras para las comunidades en las cuales se encuentren operando las minas.

Al menos 33 ayuntamientos de cuatro estados han promovido controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, para impugnar un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 que les quitó los recursos que se recaudan por el derecho extraordinario a la minería creado en la reforma fiscal de 2014.