Según pudieron constatar periodistas de The Associated Press, fueron dos las operaciones que se desarrollaron casi a la entrada de la localidad de Pijijiapan después del mediodía.

Kevin Escobar, un hondureño de 27 años, desafió a las autoridades migratorias mexicanas junto a por lo menos 500 migrantes más que viajaban en la caravana, al cruzarse a una propiedad privada donde los funcionarios no ingresaron.

“¿Por qué me quieres detener?”, les cuestionó a gritos Escobar. Luego les dijo que no quería volver a San Pedro Sula de donde era oriundo por la presión y violencia de las pandillas.

La aparente estrategia de las autoridades para detener a unos 3 mil migrantes que iban en la caravana fue instar a los grupos que estaban separados a descansar después de caminar por alrededor de unas siete horas bajo el ardiente Sol. Pero cuando esas personas se iban reuniendo para recuperar fuerzas, los agentes aprovecharon para detenerlos.

Las autoridades se dividieron en dos grupos, uno al final y otro al inicio de la caravana para coparlos. También había personas vestidas de particular participando en el operativo y que informaban sobre los movimientos de la caravana.

Las fuerzas de seguridad forzaron a adultos y menores a subir a las camionetas conocidas como perreras. Las mujeres y niños lloraban y gritaban desde dentro, desconsolados. Atrás dejaron ropa, zapatos, maletas y carruajes de bebés.

Los migrantes fueron llevados posteriormente a unos autobuses que tomaron rumbo desconocido, aunque se presume que las autoridades los llevaron para realizar los trámites migratorios de retorno a sus países.

En el segundo operativo los migrantes, que ya se habían percatado de la acción de las autoridades, caminaron en bloque y optaron por armarse de palos y piedras para defenderse aunque no llegaron a lanzarlas.

A distancia, delegados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) observaban los operativos. “Estamos documentando las cosas, nosotros no podemos decirle a la autoridad la función que tenga que hacer, pero sí estamos documentando y lo vamos a investigar”, dijo al ser consultado Jesús Salvador Quintana, director general de la Quinta Visitaduría de la CNDH. Agregó que tampoco intervendrían en la acción de las autoridades.

Esta es la primera vez que se conoce que las autoridades migratorias intervienen el núcleo de la caravana, la cual quedó dispersa. Durante los últimos meses, aunque el gobierno de México ha seguido devolviendo a sus países de origen a miles de centroamericanos, también miles de ellos, más de 15 mil, obtuvieron visas humanitarias que permiten permanecer y trabajar en el país.

Sin embargo, el gobierno mexicano se enfrenta a una creciente presión de Estados Unidos para que controle los flujos migratorios. El presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con cerrar la frontera, que está desbordada tanto del lado mexicano como del estadounidense.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció a finales de marzo que el ejecutivo quería instalar una especie de cinturón de contención en el Sur del país para evitar que los migrantes avanzaran hacia el Norte.

El viernes, la prensa local informó sobre una serie de detenciones en el municipio de Mapastepec, donde miles de personas esperaban una respuesta de las autoridades para regularizar su situación migratoria.

El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha contestado reiteradas solicitudes de información de la AP sobre los operativos y detenciones y la Secretaría de Gobernación al ser preguntada por el operativo del lunes indicó que “no hay información oficial al respecto”.

No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, dijo el domingo haberse entrevistado con más de 200 personas que habían sido arrestadas en Mapastepec y trasladadas a la estación migratoria de la localidad fronteriza de Tapachula.

Una decena de organizaciones sociales de reconocido prestigio que organizó un colectivo de monitoreo y lleva vigilando la situación de los migrantes de forma ininterrumpida desde el pasado 23 de marzo, denunció el pasado jueves un incremento de las detenciones y de las violaciones a los derechos humanos de estas personas.

“Nos alerta el número de operativos de detención que se han implementado en los últimos días en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar la migración”, indica la nota.

Según estas organizaciones, entre las que figura el Servicio Jesuita a Refugiados, los centros Digna Ochoa o Fray Matías de Córdova o American Friends Service Comittee, todos esos arrestos han colapsado la capacidad de la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, que se encuentra muy por encima de su capacidad. También la CNDH denunció hacinamiento en estas instalaciones.

Las últimas cifras ofrecidas por el INM el viernes decían que 5 mil 336 los migrantes que están siendo atendidos en albergues o estaciones migratorias de Chiapas. Agregó que más de mil 500 de ellos estaban en espera para ser retornados.

El domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elevó el número de migrantes en el estado a más de 7 mil 500, entre los que figuran detenidos, los alojados en albergues y los que estaban en movimiento, e instó a las autoridades a hacer un censo adecuado, sobre todo de menores, y a darles la debida atención.

Varios miles llegaron a México en caravana principalmente desde Honduras en las últimas semanas. En el estado ya había grupos de caravanas previas integradas por centroamericanos, así como cubanos y africanos.