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Nacional

El barril sin fondo de “Agua saludable para La Laguna”

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Por Liliana Rincón

abril 12, 2022 | 7:11 am

Javier García Salcedo nació en San Pedro de las Colonias y creció en Francisco I Madero, estos son dos de los cinco municipios que forman parte de la zona conocida como “La Laguna de Coahuila” y los cuales se caracterizan por sus altas concentraciones de arsénico en el subsuelo. Desde pequeño, Javier vio cómo muchos habitantes de su comunidad tenían los pies negros o las  manos llenas de granos. Años más tarde, cuando empezó a estudiar en la Facultad de Medicina, supo cuál era el motivo.

“Estando en segundo año, el doctor Bulmaro Valdés Anaya me llevaba a investigar (…) nos llevaba a que viéramos una patología ocasionada por contaminación y atando cabos yo le dije ‘yo sé dónde están los pacientes, porque a final de cuentas mis familiares están enfermos de eso’”, recuerda el médico. 

Javier ahora es internista, geriatra, farmacólogo y catedrático, además, desde que inició su segundo año en la facultad se ha dedicado a investigar  el hidroarsenicismo, o consumo de agua contaminada con arsénico, en La Laguna, un problema que se genera al extraer el agua a mayores profundidades. Se estima que en 1950 el recurso natural se podía encontrar a 50 metros, pero actualmente está hasta 400 o 600 metros. 

La presencia de este metal en el subsuelo de la región no sólo pudo haber provocado la muerte de varios miembros de la familia de Javier, sino que sospecha que desde hace tres años, aproximadamente, le ocasionó cáncer, pese a llevar una vida sana. “Mi tía vivía a un lado de la noria -un lugar con 1.0 miligramos de arsénico por litro de agua- cuando yo iba siempre bebía agua de ahí, hasta que entré a medicina me di cuenta que está hasta el tope de arsénico”. 

Infografía sobre la lucha contra el hidroarsenicismo

En La Laguna, la extracción de agua a grandes profundidades es cada vez más frecuente

El problema del hidroarsenicismo en municipios de La Comarca Lagunera  y sus consecuencias en la salud de la población no son nuevos. Desde hace más de 40 años se crearon  diversos proyectos para dotar de agua libre de contaminantes a los habitantes de la zona, pero ninguno ha ofrecido una solución definitiva. El más reciente es “Agua Saludable Para La Laguna”, pero de acuerdo con investigadores, ambientalistas y activistas, su estructura –lejos de erradicar la contaminación del agua potable con arsénico y lograr la recuperación de los mantos freáticos–, da continuidad a la sobreexplotación del acuífero, ya que no contempla medidas contundentes para recargar lo mantos subterráneos, ni la cancelación de pozos clandestinos.

A finales de marzo de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia que marcó el inicio del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, ahí se informó que el gobierno federal haría una inversión de ocho mil millones de pesos, pero a menos de un año de esto, el 10 de enero de 2022, en la presentación del programa de ejecución esta cifra ya se había elevado a 11 mil 252 millones de pesos. Estos montos no son justificables para diferentes investigadores y ambientalistas, quienes señalan que una solución más accesible sería instalar plantas purificadoras (casas de agua), similares a las que actualmente operan en diversas zonas urbanas como negocios privados y ofrecer agua a precios bajos en las diversas ciudades y comunidades, ya que no es necesario potabilizar el recurso natural que se utilizará para lavar la ropa, trapear y asearse, pues el arsénico no afecta a las personas por el contacto con la piel, se tiene que ingerir.

“Para mí es un desperdicio, cuando hay otras vías para purificar el agua que es estrictamente necesaria que esté purificada, que es la de consumo de bebida y de alimentos. Se podría ahorrar mucho dinero”, dice Gonzalo García Vargas, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, toxicólogo y catedrático. Como ejemplo pone a Lequeitio, municipio de Francisco I Madero Coahuila, en donde se está haciendo una prueba piloto con una casa de agua para dotar de líquido a la población en garrafones rellenables a cambio de siete pesos.

Otra de las preocupaciones es que el recurso natural, sin contaminantes, en realidad no alcance para todos. 

Jesús Rentería, jefe de Coprised

Gonzálo García Vargas asegura que sólo es necesario purificar el agua para beber y cocinar. Crédito: Liliana Rincón

“Lo principal es que el agua libre de arsénico llegue a las comunidades con mayor concentración de este contaminante y que llegue suficiente agua a las regiones rurales del norte, del noreste y del este de la región lagunera”, afirma Gonzalo García.

Solución excluyente

“Agua Saludable para La Laguna” no incluye a comunidades de los municipios de Rodeo y Cuencamé que aparecen fuera de la Norma Oficial Mexicana 127, de acuerdo con los reportes de monitoreo de 2019 obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información realizada a la Comisión Nacional de Agua.

A pesar de que los pozos 1 y 2 de Pedriceña, pertenecientes a Cuencamé, presentaban 0.0376 y 0.0333 miligramos de arsénico por litro de agua, cuando el nivel permitido es 0.025; el pozo 2 de Velardeña tenía 0.849; el 1 y el 4 de Cuencamé reportaban 0.0534 y 0.0485 respectivamente y el Rodeo 0.0426, no fueron incluidos en este proyecto, que es considerado uno de los más importantes del actual sexenio.

Sobre la decisión de dejar fuera a estas zonas, la Conagua argumentó que Velardeña, municipio de Cuencamé, y Gotera, de Rodeo, tienen plantas de remoción de arsénico por ósmosis inversa, pero las autoridades locales tienen otra información. “No se han detectado niveles de arsénico en los pozos o galerías de la cabecera municipal y la planta tratadora existente tiene más de 3 años sin funcionamiento”, aseguró Clarisa Ibañez, directora del Sistema de Agua del municipio de Rodeo, en una respuesta a una solicitud de acceso a la información.

Por otro lado, el Sistema de Agua de Cuencamé indicó que no existe un plan ni procedimiento que se ponga en práctica para disminuir los niveles de arsénico en el municipio y no hay una planta tratadora o filtros de remoción de arsénico instalados a pie de pozo, de acuerdo con información entregada vía transparencia. La mala calidad del recurso natural también está presente en otros municipios que no están incluidos en este proyecto.

Jesús Rentería, jefe de Coprised

Jesús Rentería, jefe de Coprised, alerta sobre lagunas de oxidación que van a dar al Río Nazas. Crédito: Liliana Rincón

“Hay municipios -fuera de este proyecto- donde el agua es muy dura, el indicador que tiene la gente es que no se puede ni cocer frijoles, el agua tiene muchos metales […] es un agua turbia, no requiere ni de laboratorio para ver que esa agua tiene muchos minerales”, aseguró Jesús Rentería, jefe de la Comisión para la Prevención de los Riesgos Sanitarios del estado de Durango en la región.

 “Lo que pedimos es el apoyo de la CAED (Comisión del Agua del Estado de Durango) y a la Conagua para que a estos municipios se les apoye con esto y que sea un agua de calidad la que les ofrezcan”.

Además, hay una seria duda sobre los riesgos en el Río Nazas, que es de donde se entregará el agua para potabilizar y usar para consumo humano.

“Hay lagunas de oxidación que están cerca del río y no sé cómo lo van a manejar cuando se eche a andar el proyecto, en el caso de las comunidades de Nazas y Rodeo tienen las lagunas de oxidación cerca del río, es agua que está contaminada, la vemos correr, pero la verdad se tiene que tratar y hacer algo con esas lagunas de oxidación. Esa parte de Nazas está muy cerca del río y filtra las aguas al río, esas lagunas de oxidación tienen que cambiarse, reubicarlas”, explicó Rentería. 

En Nazas, una región con apenas 12,957 habitantes, son pocos los que consumen agua de la red de agua potable, la gran mayoría compran garrafones o los rellenan en máquinas donde proveedores privados las expenden a bajos costos. Parecería que nadie confía en el agua de la llave, de acuerdo a los testimonios de varios pobladores. 

“Ahí (en Paso Nacional) unos químicos mandaron analizar el agua y salió con arsénico”, relató una mujer que lleva muchos años viviendo en esa localidad. A pesar de este resultado, ninguna autoridad acudió a explicarles el tema.

Esta es una de las zonas en donde se encuentran las lagunas de oxidación. Habitantes de Nazas han señalado malos olores procedentes de descargas residuales. Crédito: Liliana Rincón

Por su parte, Jesús Ortega, habitante de esta zona, describe la contaminación del agua “como sarro que queda en las tuberías, en las llaves o los tinacos”. Y cuenta que en la comunidad de Santa Teresa de la Uña se deja agua reposando por la noche y en la mañana “queda cebosa”.

La tercera es la vencida

Ingeniería y Gestión Hídrica S.C., en asociación con Fro Ingenieros S.A. de C.V. y Servicios y Consultores S.C., fueron los ganadores para la elaboración del proyecto del que parte toda la iniciativa Agua Saludable para La Laguna, pero levanta suspicacias que obtuvieron el contrato después de que en un inicio fueron descalificadas, tanto en la licitación pública como en la invitación restringida. 

Aunque todo este procedimiento es legal, lo sospechoso es que contrataran a las mismas tres empresas que ya habían participado, asegura Daniel Felipe de la Garza Ferrer, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna. “Si siguen participando los mismos, y de alguna  manera no cumplieron, es sano que se transparente por qué no cumplieron y por qué están volviendo a participar, definitivamente no es algo muy ordinario, no es algo que al  menos genere confianza”.

Fernando Izaguirre, exdiputado local y miembro fundador de la asociación Alianza Laguna por el Agua se hace las mismas preguntas . “Meten tres empresas amigas y no pasan la primera vez, no pasan la segunda y la tercera por ley se hace adjudicación directa, esto es un show como pasa en México, ya tienen claro quién lo va a hacer para que se repartan el dinero”, asegura. 

En agosto de 2020, Germán Martínez Santoyo, entonces director general de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, declaró a Noticieros GREM  que se hizo la licitación y “ los que concursaron y propusieron no presentaron todos los requisitos que marcamos, sobre todo en la parte técnica. Hay que considerar que este proyecto tiene muchas áreas de ingeniería que requieren de alta especialización. Tenemos conducción, derivación, una planta de bombeo y una planta potabilizadora”, aseguró Martínez Santoyo.

Esto dista un poco de lo que está publicado en los documentos de Compranet, en donde se especifica que Ingeniería y Gestión Hídrica S.C., en asociación con Fro Ingenieros S.A. de C.V. y Servicios y Consultores S.C., no cumplieron con requisitos financieros ni en la licitación pública, ni en la invitación restringida, pero no se hace referencia a los requerimientos técnicos del proyecto. 

El 10 de julio de 2020, Karyna López de la Torre, directora de Administración del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, firmó la resolución negativa de la licitación pública LO-016B0032-E19-2020. El documento especifica que se declara desierto el concurso porque “los recursos legales, técnicos y económicos propuestos por los invitados no son los necesarios para ejecutar satisfactoriamente los trabajos”.

En ese concurso participaron nueve empresas con diversas propuestas económicas que oscilaron entre los 8 millones 40 mil pesos y 35 millones 21 mil . Una de ellas fue Ingeniería y Gestión Hídrica S.C., en asociación con Fro Ingenieros S.A. de C.V. y Servicios y Consultores S.C., con un monto de 19 millones 829 mil pesos, de acuerdo con el documento del fallo de la licitación LO-016B032-E19-2020 publicado en el portal electrónico Compranet.

Aunque la  propuesta de Ingeniería y Gestión Hídrica S.C., y sus socios, era la quinta más baja, la Comisión Nacional del Agua les negó el proyecto porque una de las compañías asociadas no presentó domicilio ni acta constitutiva y no fue posible verificar su objeto social, según consta en la información publicada en Compranet. 

Documento en el que se declara que ninguna de las propuestas cumple con los requisitos para obtener el contrato

 Documento en el que se declara que ninguna de las propuestas cumple con los requisitos para obtener el contrato

El siguiente paso, la invitación restringida IO-1600032-E22-2020, resultó desierta. Ahí nuevamente participó la empresa Ingeniería y Gestión Hídrica S. C./FRO Ingenieros S.A. de C.V./ Servicios y Consultores S.C, ofreció hacer los trabajos por 18 millones 787 mil pesos, pero tampoco lo obtuvo. El motivo: “el licitante hizo un cálculo incorrecto de los costos indirectos ya que utiliza el “importe total de indirectos de oficinas centrales” cuando debió utilizar el “importe total de oficinas centrales” , de manera que  “la proposición no es congruente con todos los documentos económicos que la integran”, según consta en los documentos publicados en Compranet. Además de que tampoco presentaron el cargo del cálculo adicional (impuesto de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública).

Documento de fallo de invitación
Documento de fallo de invitación

En la invitación a cuando menos tres personas, Ingeniería y Gestión Hídrica, en conjunto con Fro, Ingenieros S.A. de C.V. y Servicios y Consultores S.C. tampoco cumplía con los requisitos necesarios.

A pesar de estas fallas en los requisitos, apenas 42 días después de la negativa en la primera licitación y siete de la invitación restringida , es decir el 21 de agosto de 2020, se emitió el oficio de adjudicación directa en beneficio de Ingeniería y Gestión Hídrica S. C./FRO Ingenieros S.A. de C.V./ Servicios y Consultores S.C. El contrato alcanzó los 17 millones 489 mil 602.20 pesos, dos millones 300 mil pesos menos que su propuesta inicial. Karyna López de la Torre fue la responsable de firmar los documentos de rechazo y también de asignación.

El contrato 2020-B04-B22-DE-05-CAF- AD-A-OR-001 justifica que esta decisión porque se llevó a cabo la licitación pública E016B00032E192020, que se declaró desierta el 10 de julio de 2020, y posteriormente se realizó la  invitación restringida 01600032-E22-2020 a tres empresas que también se declaró desierta y por ello, con fundamento a los artículos 41 y 44 de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas,  y el artículo 78 del reglamento se procedió a la adjudicación directa. 

Un baile de cifras y un proyecto que no alcanza para todos

Aunque la razón de ser de “Agua Saludable Para La Laguna” es velar por la salud de la población, a la fecha la Secretaría de Salud federal no tiene estudios epidemiológicos que revelen la cantidad de personas afectadas por el hidroarsenicismo, por lo que no se tiene una verdadera idea de la magnitud del problema,  tampoco hay datos sobre los tratamientos que se le estarían brindando, así consta en la respuesta a la  solicitud 330026921000524 en la que la SSA Aseguró que no cuentan con “copia de estudios históricos o información estadística epidemiológica sobre pacientes afectados por hidroarsenicismo en municipios de la zona conocida como La Laguna de Coahuila y Durango desde 1970”.

El problema del arsénico está relacionado con la sobreexplotación del acuífero, que a su vez tiene que ver con la extracción de una mayor cantidad de agua de los pozos en comparación con la autorizada, por eso la vigilancia debería de ser uno de los focos principales del gobierno, pero contrario a esto, sólo hay tres inspectores para revisar que más de 2 mil fuentes de abastecimiento del líquido cuenten con medidores y garanticen que se sacan únicamente las cantidades concesionadas, de acuerdo con las declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, durante una rueda de prensa  realizada el 26 de julio de 2021. En ese mismo evento se le cuestionó si aumentaría el número de verificadores y su respuesta fue que “tienen mucho trabajo de gabinete primero”.

Rueda de prensa del director de Conagua

Rueda de prensa en la que  director de la Conagua reconoció que solo hay tres inspectores para alrededor de 2 mil 600 pozos. Crédito: Liliana Rincón

Ambientalistas, activistas sociales, académicos, investigadores y representantes de los módulos de riego han manifestado su preocupación por la apertura de pozos de agua ilegales, un tema que tampoco es nuevo en La Laguna. Aunado a la falta de verificadores, hay un desconocimiento total del número de pozos de aguas concesionados e ilegales que existe en la región. El  27 de marzo de 2021, fecha en que se dio el banderazo de inicio al proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, la entonces directora de la Conagua, Blanca Jiménez, hablaba de  2 mil 600, pero en 2016 la misma dependencia federal respondió a una solicitud de acceso a la información que había 3 mil 75 pozos únicamente para uso agrícola y  la Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Principal Región Lagunera (523) Estado de Coahuila, publicada en 2018, informaba la existencia de 2 mil 350.   

Blanca Jiménez explicó que del acuífero subterráneo se extraen 931 millones de metros cúbicos de agua, cuando solo ingresan 519 millones, es decir mucho menos.

Para recuperar el agua que no llega al acuífero se pretende sacar de operación 160 pozos de los 2 mil 600 que ella afirma que existen, menos del 10 por ciento y únicamente se van a clausurar los que dan servicio a los usuarios domésticos, esto a pesar de que solo el 20 por ciento del agua que se utiliza en la región va para consumo humano, la industria y servicios y el otro 80 por ciento es para uso agrícola. 

Y es que si no se pone en marcha un plan de ordenamiento de la extracción del acuífero este colapsará, reconoció Gabriel García, encargado del proyecto de La Laguna, pero a un año de que se anunciara oficialmente el arranque del proyecto no se tenía un plan para evitar esto. 

“Les he pedido a los de Conagua que presenten un plan para evitar la sobreexplotación y las tomas ilegales, yo espero que en los tres meses de diagnóstico tengamos un plan consensuado y empecemos a actuar de inmediato”, dijo García. 

Activistas protestan por pozos clandestinos

Activistas, ambientalistas, ejidatarios, líderes sociales y académicos han señalado la existencia de pozos clandestinos. Crédito: Liliana Rincón

No solo existe el riesgo de que el acuífero colapse, también está el hecho de que el agua no alcance para todos.  En el manifiesto de impacto ambiental del proyecto Agua Saludable para La Laguna se asegura que no se prevé darle preferencia a la población en el abasto de agua sobre el sector agropecuario porque  “se ha propuesto que ambos tengan los mismos privilegios”, pero también se habla de la posibilidad de  que “durante cuatro años consecutivos se dejen de entregar 33 hm3 (millones de metro cúbicos) de  agua potable”.

Tomando en cuenta esto, la sola ejecución del proyecto no será suficiente para abastecer de agua a toda la población que lo requiere, por lo que se pretende tener un esquema de respaldo en el que, a pesar de que los usuarios cedan sus derechos a favor del proyecto para que no haya afectaciones en el sector agrícola, los Organismos Operadores de agua tendrán que conservar sus pozos actuales para que entren en operación cuando sea necesario. 

En el manifiesto de impacto ambiental también se simularon los efectos del cambio climático y la ocurrencia de una sequía extrema, como la que se presentó en el periodo de 1993 a 2004, y se concluyó que definitivamente será necesario disponer de los pozos (los que conserven agua de buena calidad). 

A pesar de tener en papel todos estos escenarios, en los que “Agua Saludable para La Laguna” no alcanza para todos, y de que Gabriel García reconoce la posibilidad de que en algún momento se tenga que elegir entre dotar de agua para la población y el sector agropecuario, el funcionario también afirma que “son decisiones que no se tienen que tomar por ahora”, por lo que se desconoce de manera oficial cuál va a ser el plan si todo esto sucede. 

Para Javier García Salcedo, investigador y médico, la clave es frenar la sobreexplotación del acuífero, apoyar a los campesinos, a los ganaderos y los agricultores a través del subsidio a la tecnificación del campo, poner medidores, tecnificar cultivos y que no se amplié la frontera de cultivos, es decir, que no se siembre una mayor cantidad con el agua que se ahorra.

“Que se cultive lo que está concesionado y cerrar definitivamente los pozos clandestinos […] Agua saludable es solamente un paliativo, nos hace falta el agua para las vacas, para la agricultura, La Laguna es una y no debemos dejarla morir. Hay que poner los medidores y cerrar los pozos clandestinos”, asegura de manera firme García Salcedo. 

Desperdicio de dinero y una serie de planes fallidos

“Agua saludable Para La Laguna” no es el único proyecto que se ha puesto en marcha en la Región. Esta problemática lleva más de 40 años y desde 1978 se busca llevar agua libre de arsénico a las comunidades más afectadas, entre ellas el ejido de Batopilas, recuerda Javier García Salcedo.   

“Primero fue llevar agua con pipas, luego los destiladores solares y después plantas desaladoras de ósmosis inversa, una en el ejido Batopilas, otra en San Salvador y otra Itinerante”. 

Sumado a esto, a inicios de los 90 se creó el sistema conocido como Caballo Blanco (que según el borrador con originales costó alrededor de 11 mil millones de pesos), más adelante un sistema interestatal de agua que lleva el líquido de Torreón a Matamoros y posteriormente los filtros a pie de pozo, uno de ellos, establecido en la colonia El Fresno, una zona residencial, cerrada al público en general.

El resultado: de las 52 plantas potabilizadoras a pie de pozo que se construyeron en los últimos 10 años, 39 no funcionan por diversas causas y 13 no cumplen con la Norma Oficial Mexicana, de acuerdo con una presentación realizada por la Comisión Nacional del Agua a mediados de 2021.

Los filtros a pie de pozo más que una solución fueron un gasto millonario: sólo 31 de los instalados costaron más de 249 millones de pesos, de acuerdo con la respuesta a  una solicitud de información. 

Planta tratadora de agua

“Agua saludable para La Laguna” no es el primer proyecto que busca terminar con el problema del arsénico en la región.  Crédito: Liliana Rincón

Y el acueducto “Caballo Blanco”, cuyo nombre oficial es “Acueducto interestatal de agua en bloque libre de arsénico”, el cual iniciaría con una dotación de 410 litros por segundo y en 2010 debería llegar a 715, nunca logró su objetivo. 

“El gobierno se ha acostumbrado a que grandes problemas los soluciona con grandes proyectos que cuestan muchísimo dinero, el cual sale de los impuestos de los ciudadanos, y son  proyectos  técnicamente muy buenos, pero no resuelven la justicia social. Mientras no se detenga la sobreexplotación del acuífero el problema va a continuar, ya no tomamos agua del acuífero porque está contaminada, ahora vamos a tomar agua del río, ¿pero este problema cuándo lo vas a combatir? ¿Cuándo se va a combatir la sobreexplotación?”, explica Mygdy Vargas, integrante del observatorio socioambiental de la  Universidad Iberoamericana en La Laguna.

Las conclusiones de los especialistas son claras: mientras no haya un equilibrio entre la recarga del acuífero y la extracción, el problema no será resuelto, pues en la medida en que saquemos agua a mayor profundidad tendrá más arsénico, explica Salvador Hernández Velez, rector de la U A de C y quien en su juventud fue activista a favor de llevar agua libre de arsénico a la población de La Laguna. 

Responsabilidad histórica

Ambientalistas promovieron un amparo contra la construcción de una presa derivadora en el área natural protegida del Cañón de Fernández, pero se vieron obligados a retirarlo, esto después de que en agosto de 2021, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,  les pusiera un ultimátum al asegurar que si esta obra no se llevaba a cabo destinaría los 10 mil millones de pesos (cifra que dio en ese momento) de Agua Saludable para La Laguna a otros proyectos.

Ante el descontento de diversos sectores de la población y los juicios promovidos, el Presidente de la República nombró en octubre de 2021 al senador Gabriel García Hernández como representante del proyecto, pero es importante recalcar que en la semblanza curricular desplegada en el portal del senado no se menciona que tenga experiencia en estos temas, sólo se indica que fue senador de agosto a noviembre de 2018 (puesto al que regresó en julio de 2021) y coordinador general de programas de desarrollo de la Presidencia de la República de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021. 

Con Gabriel García ya como representante del gobierno federal, el grupo Prodefensa del Nazas aceptó firmar un acuerdo conciliatorio en el que se indica que “se respetará el caudal ecológico (…) y el agua de estiaje(…) para asegurar las condiciones del sistema rivereño, se realizarán las gestiones para garantizar una correcta distribución hídrica con fines agrícolas a los ejidos que conforman el módulo 03 San Jacinto, a través de los sistemas de tecnificación”, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información 330009421000398. Con esto se buscó calmar la preocupación de decenas de campesinos sobre el hecho de que sus dotaciones de agua para riego se vean disminuidas.

Ejidatarios se manifiestan contra proyecto de agua

 Ejidatarios manifestaron por muchos meses su inconformidad con el proyecto. Crédito: Liliana Rincón

Además, parecería que se negoció remover el amparo a cambio de la creación de una nueva área natural protegida que implicaría la asignación de recursos, pues el acuerdo menciona: “Se reconocerá una nueva área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biósfera de la comarca lagunera que llevará como nombre ‘Ríos y Montañas de la región lagunera’ e incluirá el Cañón de Fernández, la Sierra del Sarnoso- La India y la reserva ecológica municipal sierra y Cañón de Jimulco. Los recursos que sean determinados por la dirección general de gestión forestal y de suelos por concepto de compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto sean destinados únicamente al manejo, desarrollo y conservación del área natural cuya creación se propone”. 

Prodefensa del Nazas confirmó que aceptaron este acuerdo bajo la promesa de la creación de esta nueva área natural protegida, pero que ellos como organización no estarán a cargo de este dinero, aseguró Juan José Rojas, abogado de la asociación.

Agua Saludable Para La Laguna representa un parteaguas, un antes y un después en cuanto a la disponibilidad del recurso natural para la región y Gabriel García, encargado del mismo, no asume la responsabilidad histórica de poner en marcha un proyecto de miles de millones de pesos que puede cambiar el rumbo de La Región y que de no funcionar puede generar su desaparición.

“La responsabilidad histórica que habría que asumir no es un asunto individual, es un asunto de todas y todos, si se continuara sin realizar un proyecto de esta envergadura estaríamos destinados al colapso, porque la gente no puede seguir consumiendo agua con arsénico”, dijo el funcionario, aunque también aseguró que el  éxito del proyecto va a radicar en las y los laguneros. 

infografía de los municipios beneficiados y los que no se benefician

García afirma que el agua del río está libre de arsénico, pero el agua de las presas no es tan saludable, pues el manifiesto de impacto ambiental señala algunos puntos que han rebasado la Norma Oficial Mexicana en materia de arsénico, de acuerdo con datos obtenidos a través de una  solicitud de acceso a la información.

Por su parte, Javier García Salcedo hizo hincapié en la relevancia de hacer un estudio epidemiológico y verificar las concentraciones de arsénico en los pozos, cuando menos en Torreón. Además de que no se pueden dejar a ciertas comunidades fuera del proyecto. “No porque estén aislados vamos a dejarlos sin atención. Cualquier lagunero, aunque sea solo uno, merece atención”.

Y a pesar de los argumentos de los diversos sectores de la sociedad sobre la posibilidad de que este proyecto se sume a la lista de inversiones fallidas y la necesidad de velar por el acuífero subterráneo, combatiendo su sobre explotación al exigir que únicamente se extraigan los volúmenes concesionados y se tecnifiquen las superficies de riego, apenas el 02 de marzo de 2022, un año después de su  anuncio y ya con una serie de amparos desistidos y trabajos de obra pública licitados, iniciaron las mesas de diálogo entre la Coalición de Organizaciones Civiles que se han dedicado a luchar por tener agua de calidad en la región  y Gabriel García, encargado de ser la cara del proyecto.

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Gobernador Rubén Rocha Moya del estado de Sinaloa debe abstenerse de estigmatizar a la prensa

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Culiacán, Sinaloa(NDS).- Iniciativa Sinaloa y ARTICLE 19 rechazan los discursos estigmatizantes de Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado de Sinaloa en contra de periodistas y medios de comunicación en la entidad.

En diversas ocasiones del 2022 y en enero de 2023 las organizaciones documentaron el uso de un discurso estigmatizante por el funcionario público contra la prensa sinaloense, principalmente como reacción a cuestionamientos y preguntas de periodistas. En espacios como sus conferencias de prensa, Rocha Moya ha catalogado a la prensa como “vendidos”, “exagerados”, y de “estar buscando a ver dónde encuentran algo” en contra de su gobierno.

Los hechos más recientes fueron el 2 de enero cuando, tras presentar algunas cifras sobre delitos en algunos municipios de Sinaloa, catalogó a la prensa de «carroñeros», que «no quieren que le vaya bien a su administración» y que “no quieren que les tiente el gobierno pero sí empresarios y los conservadores”. Asimismo, el 21 de enero pasado, en un evento de entrega de equipos médicos en la Universidad Autónoma de Occidente el gobernador reaccionó negativamente a preguntas sobre visitas de funcionarios federales y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum:

Que si cuándo viene Sheinbaum, y bueno cuándo va a venir, y le digo, yo no manejo la agenda de las corcholatas, y además, le digo, pregúntenme de lo que voy a hacer, no les importa eso, les importa vender […] Nada más que les aclaro y con esto termino: el mejor comprador de los medios es el Gobierno. Muchas gracias.

Preocupa a Iniciativa Sinaloa y ARTICLE 19 que este discurso se continúe utilizando contra la prensa luego de los hechos ocurridos el pasado 5 de enero, en donde durante enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales y estatales, ARTICLE 19 documentó una serie de amenazas con armas de fuego, robos y quemas de vehículos y equipo de trabajo de periodistas durante sus coberturas.

Ambas organizaciones recuerdan que la prensa ejerce un rol esencial para la democracia y para dar a conocer temas de interés público, por lo que el estigma contraviene obligaciones de las y los funcionarios públicos y aumenta la hostilidad bajo la cual la prensa ejerce su labor.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas: […] una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.

En vista de lo anterior, Iniciativa Sinaloa y ARTICLE 19 exigen a Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado de Sinaloa:

Abstenerse de emitir discursos que estigmaticen a la prensa y desestimen su labor de investigación o reporteo, pues al ejercer puestos públicos está sujeto a umbrales de tolerancia mayor a la crítica.

Generar una política pública integral de prevención y protección para periodistas y medios para que puedan ejercer su libertad de expresión a través del ejercicio periodístico.

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Lidera municipio de Cuauhtémoc delitos contra mujeres; víctimas acusan impunidad

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Reportaje de Ricardo Hernández, becario del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte

El Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, ocupó el quinto lugar nacional en presuntos feminicidios de acuerdo con un estudio realizado en 2021. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres enfrenta un rezago en las carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia de género con apenas un 2.3 por ciento de sentencias condenatorias emitidas del 2019 al 2021. 

El municipio de Cuauhtémoc se ubica al occidente del estado de Chihuahua y es aquí donde en los últimos cinco años se registra una de las tasas más elevadas del país en los delitos de violencia de género y, al mismo tiempo, un alto índice de impunidad. 

A partir de documentos, cifras oficiales y entrevistas, que integran esta investigación, se pone en evidencia una realidad invisible a la vista de muchos, pero que impacta en la dinámica social de esta localidad, y que coloca a las mujeres víctimas en desprotección. 

Pareciera que se les atiende de forma regular y legal por parte de la Fiscalía y el juzgado; sin embargo, la mayoría de las víctimas que buscan justicia pasan meses o años en espera sin que el daño haya sido reparado.

Aquí unas cifras que lo demuestran: durante los años 2019, 2020 y 2021 se interpusieron 2 mil 168 denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la mujer, en promedio dos denuncias por día. 

Sin embargo, sólo 50 de esas denuncias han recibido sentencia condenatoria, es decir, 2.30 por ciento, adicionalmente 2 recibieron sentencia absolutoria, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Víctimas de la violencia y abogados, quienes han solicitado el anonimato por temor a represalias por parte de las autoridades, ofrecieron su testimonio sobre las dificultades a las que se han enfrentado en la búsqueda de acceso a la justicia.

Miriam (nombre ficticio) fue víctima de golpes por parte de su expareja. Hace dos años presentó una denuncia ante la Fiscalía de Chihuahua pero hasta el momento la investigación no ha tenido avance.

Al poco tiempo de denunciar recibió amenazas por parte de su agresor: “Si me llegan a meter al bote verás cómo les va a ti y a tus testigos”. 

Y aunque el sujeto ya tenía varias demandas en su contra, las autoridades, dijo, no actuaron. 

“Ya tiene varias demandas en la Fiscalía, por el mismo delito, supongo que por eso lo protegen. No es la primera, en una sí negoció con la víctima, pero de las otras no sé qué pasó, además de que trabaja en gobierno, por eso no me quiero acercar para pedir apoyo”, señaló. 

El abogado Emanuel Villalobos, a quien le ha tocado litigar casos de este tipo, aseguró que existen varios motivos por los que una carpeta de investigación no avanza, entre ellos, el tráfico de influencias. 

 “Nos ha tocado conocer de algunos casos de tráfico de influencias, resulta que el agresor es conocido de alguien que está en Daños o está en Robos, ‘échame la mano, minimízalo, no lo politices tanto, no lo lleves a los medios’. 

“Se da mucho cuando las personas agresoras detentan cierto nivel o posición económica o bien detentan algún puesto social”, dijo el abogado. 

De las 2 mil 168 carpetas iniciadas en tres años, el 56.3 por ciento, mil 222 denuncias, no ha sido resuelto por las autoridades ya que se encuentra en proceso de investigación o en proceso de judicialización, esto más de la mitad de todos los expedientes recibidos por la Fiscalía en 36 meses.

Adicionalmente, 894 carpetas de investigación, es decir, el 41 por ciento fue archivado por alguna razón, ya sea porque la víctima declinó, porque los jueces dictaron el no ejercicio de la acción penal, porque el Ministerio Público determinó el sobreseimiento y/o suspendió el proceso por distintos motivos. 

Ante esta situación, y a pesar de que desde el año 2020 el ex gobernador panista Javier Corral anunció una inversión de 64 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en este municipio, en 2021, durante la administración María Eugenia Campos, también del PAN, se redujó el presupuesto para dicho centro a 11 millones de pesos. 

Es decir, a una obra que tendría una inversión de 64 millones de pesos, solamente se le asignaron 11 millones, razón por la cual no se ha concluido.

Plaza principal del Municipio de Cuauhtemoc

Plaza principal de Ciudad Cuauhtémoc. Autor: Ricardo Hernández

EL ESCENARIO

A Cuauhtémoc se le conoce como el municipio de las Tres Culturas, por la convergencia de las comunidades rarámuri, mestiza y menonita, aunque también existe una importante cantidad de descendientes de origen chino. En total, es el hogar de 180 mil 638 personas, de los cuales 92 mil 221 son mujeres, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el INEGI.

Se ubica en el centro y un poco al oeste del estado de Chihuahua y es el tercer municipio más importante de la entidad, sólo por debajo de la frontera Juárez y la capital Chihuahua. 

En este municipio los problemas sociales y las denuncias van a la alza.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia reales al número 911 (de enero a diciembre de 2021), del total de ilícitos reportados en el país, los relacionados con posibles delitos de género representaron casi el 8 por ciento de 15 millones 836 mil 379 llamadas. Siendo las más numerosas las relacionadas con violencia familiar, con un 4.36 por ciento, seguida por violencia contra la mujer con 1.84 por ciento, y violencia de pareja en tercer lugar, con 1.64 por ciento de los casos. El resto son por abuso sexual, violación, acoso y hostigamiento.

Foto panorámica de la ciudad de Cuauhtemoc.

 Foto panorámica de Ciudad Cuauhtémoc. Autor: Ricardo Hernández

Para dimensionar la gravedad del problema, en los últimos tres años en el país se registró un alza consistente de estos delitos. En el caso de violencia familiar, en el año 2019 fueron 210 mil 188 casos; para el año siguiente, 2020, sumaron 220 mil 031, y en el 2021 fueron 253 mil 739. Es decir, en sólo 24 meses el incremento fue del 20 por ciento.

Pero si se coloca la lupa en este municipio de Chihuahua, resulta que Cuauhtémoc tiene una incidencia delictiva muy alta en esos delitos en el mapa nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2019 y 2021, ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM) se interpusieron 2 mil 168 denuncias por delitos relacionados con violencia contra las mujeres, sólo en Cuauhtémoc. Es decir, las mujeres denunciaron dos delitos por día, en promedio en esos tres años, en un municipio donde habitan menos de 100 mil mujeres.

Para la atención de las denuncias, la Fiscalía General del Estado destina alrededor de 30 millones de pesos al año para la Fiscalía Especializada en Atención a los delitos contra la Mujer en todo la entidad, de acuerdo con Martha Teresa González Rentería, defensora de los derechos de las mujeres en Chihuahua.

Un estudio comparativo, elaborado en 2021 por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento, muestra que Cuauhtémoc ocupó los primeros lugares en incidencia delictiva relacionada con la violencia de género por cada 100 mil habitantes:

Grafica de cifras de delitos de homicidios y violencia de genero.

Nota: El ranking tomó en cuenta a los 238 municipios del país con más de 100 mil habitantes y fue elaborado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

*Lugar Estatal se refiere al puesto que ocupa Cuauhtémoc en el comparativo de los municipios del estado de Chihuahua.

IMPUNIDAD, DISPARA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Los datos obtenidos de la Fiscalía General del Estado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que del total de denuncias por violencia contra las mujeres, que son 2 mil 168 casos,  el 43 por ciento, es decir 939 casos, se encuentran en investigación, y 283, es decir, el 13 por ciento, en proceso de judicialización; 285 de las denuncias, el 13.1 por ciento, han sido declinadas por distintos motivos; en 22 casos, el 1 por ciento, el juez determinó el no ejercicio de la acción penal; en 438 denuncias, el 20 por ciento , se determinó el sobreseimiento de la acción penal o la suspensión de la acción penal, es decir se dio carpetazo.

Estos números oficiales significan que el 34.1 por ciento de los casos se archivan por alguna razón que determina el juez o el Ministerio Público, y que no se explica a las víctimas, de acuerdo a las entrevistas realizadas para este reportaje. Es decir, simplemente tres de cada 10 mujeres no reciben justicia y no saben por qué, pues en la fiscalía no les explican las razones.

La otra parte, ese 43 por ciento sigue en investigación por años, y las denunciantes aseguran que simplemente no avanzan.

Sumando ambos rubros, resulta que el 77 por ciento de los casos, o lo que significa casi 8 víctimas de cada 10, no ha recibido justicia en los últimos tres años.

A pesar de que la legislación en el estado de Chihuahua contempla mayor protección a las mujeres, y penas más graves a los agresores, la atención brindada por parte de las autoridades está lejos de cumplir con esta norma.

Gafica de crimenes de genero

Gráfica elaborada con cifras obtenidas por transparencia.

Abogados que litigan en el municipio de Cuauhtémoc consideran que el Ministerio Público incurre en una serie de omisiones que terminan por generar impunidad. 

Carlos, abogado que pidió que no fuera revelado su nombre ante posibles represalias de la fiscalía, explicó en entrevista que hay casos de violencia contra la mujer en donde pasan años, y llega a prescribir el delito porque no se investiga, y no hay un seguimiento adecuado. 

“El Ministerio Público es ineficiente en su trabajo por su preparación, en ocasiones por deficiencias institucionales y en otras existe la posibilidad que sea por consigna”, apuntó. 

Cuando se llega a integrar la carpeta de investigación para vinculación a proceso del agresor, detalló el litigante, ésta lleva pruebas deficientes y el juez la rechaza por falta de elementos, por lo que regresa a la fiscalía y se estanca. 

En otros casos, dijo, cuando se llega a la vinculación a proceso se le da un beneficio al agresor por no ser reincidente, no tener antecedentes penales y solamente se le condiciona al pago de la reparación del daño. 

A decir del abogado, estas acciones provocan una reincidencia en el delito, ya que la mayoría de los agresores quedan en libertad. Este beneficio no se da en ningún otro ilícito, porque “la violencia familiar no se considera un delito de alto impacto”, subrayó el jurídico.

Una de las razones que explica el desistimiento del caso por parte de las víctimas, precisó el litigante, es el desgaste que sufren durante el proceso de investigación. 

Es un factor determinante, sostuvo Carlos, para que prefieran no continuar en la búsqueda de justicia. 

“Hay víctimas que ya están muy violentadas y desgastadas por el proceso, primero porque no hay justicia, pasan por la pericial psicológica, van con el médico legista, presentan videos, fotografías, presentan a los hijos como testigos de la violencia y después de uno o dos años de estar así ya no quieren saber nada”, expuso el litigante que conoce de cerca los casos.

Sin embargo, la titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Ana Murga, explicó en entrevista que el motivo por el que no se han emitido tantas sentencias condenatorias es porque se promueven soluciones alternativas para restablecer el tejido familiar. 

“Aquí la intención es generar otra vez el contexto familiar, entonces ahí se les dan terapias a ambas partes, se les dan salidas de que se le pague la reparación del daño y que cumplan ciertas condiciones y por eso muchas veces se considera como que es impunidad, porque no se llega a una sentencia. Sin embargo, sí están sujetos a unas condiciones para que se cumpla y que no vuelva a ejecutarse estos actos de violencia”, apuntó Murga. 

“NUNCA ME QUISIERON RECIBIR”

Ocurrió en julio de 2021, de la agresión verbal y económica, rápido evolucionó a las amenazas de muerte. Ante el trato que recibió de su pareja, Francisca (nombre ficticio para proteger su identidad por seguridad) interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado. La atendieron y le dijeron que la canalizarían para que recibiera apoyo psicológico, algo que nunca ocurrió.

“En algunas ocasiones fui a la Fiscalía porque me mandaron supuestamente con el psicólogo que nunca me quisieron recibir, por una u otra cosa, pero nunca se me dio la audiencia que necesitaba”, relató la víctima en entrevista para este reportaje el 18 de junio de 2022 y hasta la publicación de este reportaje su caso no ha sido resuelto. 

A los 15 días que interpuso su denuncia, acudió a su domicilio una abogada, que le indicó que tenía que presentar testigos. Pero desde esa fecha hasta un año después, “ni una llamada ni absolutamente nada”.

Lo que sí ocurrió, narró Francisca, es que su pareja se enteró de la denuncia y se incrementaron las amenazas, cuando aún vivían juntos. Denunció cada una pero el caso no avanzó en la Fiscalía, solamente le han realizado la entrevista por parte de la psicóloga de la Fiscalía, por lo que su esperanza de que el agresor sea castigado, se diluye. 

“Como se han portado, de la autoridad no espero absolutamente nada, lo que voy a hacer es protegerme yo”, aseveró.

El abogado Carlos explicó que cuando una víctima acude ante la Fiscalía a presentar una denuncia, en la carpeta de investigación se solicita una orden de restricción con la cual el agresor no puede tener contacto con ella; sin embargo, esa restricción sólo existe en papel.

“Ese oficio se presenta ante el 911 para que las operadoras tengan conocimiento de que una persona tiene una orden restricción en contra de otra y se supone que cuando una víctima hace una llamada al sistema de emergencias, tiene prioridad a su llamada”, refirió el litigante Carlos. Pero el problema se agrava toda vez que en la mayoría de las veces las corporaciones policiacas no acuden.

CRECEN DELITOS DE FEMINICIDIOS Y ABUSO SEXUAL

El delito contra las mujeres más recurrente en Cuauhtémoc es el de la violencia familiar, seguido del abuso sexual y violaciones.

En 2021, año en el que el gobierno federal decretó la alerta de género en Cuauhtémoc, ocurrieron seis asesinatos de mujeres por razón de género, posicionando al municipio en el quinto lugar a nivel nacional.

Y ese no es el único delito contra las mujeres en el que esta localidad destaca. Datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican que el municipio en el 2021 ocupó la posición número 14 en abuso sexual y también en violaciones entre los 238 municipios con más de 100 mil habitantes.

Imagenes de patrullas afuera de un inmueble atienden el reporte de un feminicidio.

Caso de feminicidio ocurrido el 6 de junio de 2022. Autor: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Sin embargo, la cantidad de casos podría ser mayor debido a que existen un gran número de agresiones que no se denuncian ante la Fiscalía de la Mujer, según Delma Cecilia Martínez, fundadora y vocera de la organización Colectiva de Estudios Feministas Maye, con sede en Cuauhtémoc  y que impulsó la creación del Instituto Municipal de las Mujeres.

Martínez sostuvo que tienen “una estadística impresionante de no denuncia. En México solamente el 3 por ciento de los delitos se denuncian … Incluso muchas desisten del proceso de denuncia porque ven que no avanza, tienen esa sensación de que es mucha la tardanza, la espera o la inatención”, dijo. 

“Tenemos usuarias que dicen ya no quiero nada, mejor me voy de la ciudad porque está amenazada de muerte por el tipo, porque no se les da las medidas de protección adecuadas”, añadió. 

ACUSA ACTIVISTA ‘JUSTICIA SELECTIVA’

Martha Teresa González Rentería, defensora de los derechos de las mujeres en Chihuahua, opinó que existe una “justicia selectiva” en la que se priorizan los casos que involucran a personajes públicos, con poder económico o político, y que tengan impacto mediático, dejando sin atención a las víctimas que carecen de recursos económicos.

Esto, dijo, se debe a la falta de presupuesto, personal, capacitación o interés por parte de las autoridades y hace que se acumulen las carpetas de investigación.

“Si tiene un número elevado de casos que atender y tiene tres gentes de personal, pues aunque quiera, se ven rebasados, atenderán el caso más mediático, pero se quedan rezagados miles de casos”, aseveró en entrevista.

La selectividad y la falta de atención de la Policía Municipal es sólo la primera parte de este tejido que provoca impunidad, de acuerdo con abogados. 

“No tienen la capacitación debida, revictimizan a la persona que está sufriendo el delito de violencia familiar”, sostuvo Carlos, uno de los abogados.

Afirmó que la Fiscalía deja de atender a las víctimas que pretenden interponer una denuncia.

“Es una manera recurrente de rechazarlas, o decirles que acudan otro día o no acuden con lesiones visibles, tienen que ir golpeadas o con lesiones graves para que procedan a tomarles las denuncias. 

“Conozco casos de personas que tienen con la denuncia seis o cuatro meses ni siquiera se les ha llamado para la pericial psicológica que es muy importante para determinar si una persona ha sufrido o no violencia y pues se quedan en el olvido las carpetas”, afirmó.

Para Andrés, otro abogado particular entrevistado, “las fallas son más o menos conocidas en la sociedad, presentas una denuncia y muchas veces se va quedando en el olvido, si no existe una agresión física muy fuerte o si no existe un escándalo muy fuerte en redes sociales hay ocasiones en que las denuncias se quedan ahí”.

El litigante Emanuel Villalobos detalló que la atención a las víctimas está sujeta a una serie de filtros.

“Las personas llegan al módulo de denuncias en donde se les da lo que se conoce como atención temprana, el agente del Ministerio Público funge como calificador si considera que los hechos narrados son constitutivos de delito pasa el primer filtro, muchas veces, les niegan la atención”.

Ana Olivas, representante del Frente Nacional Mujeres, precisó que “5 de cada 10 casos que ha atendido el frente en donde presentan la denuncia y al cabo de muchos meses, inclusive, las víctimas, por el vínculo traumático que tienen con su agresor, regresan a estas relaciones abusivas, y luego la fiscalía meses después les llama para hacer periciales psicológicas. 

“La Fiscalía hace que se demoren tanto las gestiones como una simple pericial psicológica para que determinen el grado de vinculación traumática con su agresor y poder atender a estas víctimas para que no regresen y no lo hacen”.

Existen avances en casos que han tenido relevancia mediática como los seis feminicidios registrados en el 2021, en donde a decir de la propia titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Ana Murga, ya se tiene identificado al responsable y se ha girado orden de aprehensión a una persona presunta responsable de por lo menos cuatro casos. 

Otro de los casos en donde hubo avances, es la denuncia presentada en enero de 2011 en contra de José Alfredo Pacheco, quien iba ser nombrado recaudador de Rentas en el municipio y que por esta denuncia no asumió el cargo. Han pasado siete años y al momento de concluir este reportaje, solamente ha sido vinculado a proceso sin que se haya emitido alguna sentencia.

El segundo caso que se trató con aparente celeridad, fue la denuncia en contra del director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Pañeda, quién debió dejar su cargo y su expediente fue turnado a un juzgado de la capital del estado y un juez determinó que no existía responsabilidad penal.

ASEGURA QUE NO HAY PRIVILEGIOS

Contrario a estas versiones la titular de la FEM, Ana Murga, aseguró que no existen privilegios para ciertos agresores ni se le da prioridad a algunos casos sobre otros. 

La funcionaria admitió que se requiere más personal para darle celeridad a los casos, sin embargo, aseguró que ninguna carpeta se encuentra detenida. 

“Sabemos que todos requerimos más personal para dar una mucho mejor atención, más sin embargo sí quiero ser reincidente que, no obstante que seamos por falta de personal, sí se le está dando una atención y un seguimiento a las carpetas, pero claro, sí, necesitamos un poco más de personal en toda la Fiscalía, no nada más aquí en la Fiscalía de la Mujer”, afirmó. 

Murga señaló que el proceso es el mismo para todas las víctimas que acuden a presentar una denuncia a la Fiscalía. 

“Cuando acuden las víctimas en primer plano se mandan inmediatamente con el médico legista, o sea de una forma inmediata se levanta el certificado médico al igual que el informe preliminar por parte del personal de la Fiscalía de la Mujer en psicología, eso se hace de forma inmediata, está aquí la persona declarando y aquí mismo ponemos a una psicóloga que la asiste en su declaración y hace el informe al mismo tiempo”, indicó. 

SEÑALAN VIOLENCIA INSTITUCIONAL

A pesar de que en agosto de 2021 se declaró una Alerta de Género por parte del Gobierno Federal, lo que obliga a las autoridades municipales y estatales a asignar los recursos suficientes para prevenir, atender y garantizar la seguridad para las mujeres, activistas aseguran que esto no se refleja en la realidad.

Delma Cecilia Martínez, vocera de la colectiva Maye, indicó que falta coordinación institucional para que las víctimas no pasen de un organismo a otro sin recibir la atención adecuada. 

“Se requiere de una atención integral en donde para atender a la víctima no basta con levantar una denuncia, en Cuauhtémoc no tenemos un albergue y no hay una manera de brindar seguridad completa a las víctimas”, expuso.

La activista denunció que si bien “hay cosas que sí funcionan, tenemos acercamiento con las autoridades y nos han recibido bien, pero hemos estado poniendo el dedo en la llaga de la violencia institucional la cual aparece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que cuando una institución que es servidora y debe atender a las mujeres, no lo hace de forma holística o integral, las usuarias, incluso algunos primeros respondientes, nos refieren que son muchas las horas de espera, hay veces que no les quieren recibir la denuncia, falta perspectiva de género, falta empatía, falta una médica legista disponible para atender las necesidades de las víctimas de violencia sexual”.

CIFRAS OFICIALES EVIDENCÍAN AL MP

Ana Murga, la titular de la Fiscalía de la Mujer en Cuauhtémoc, declaró en entrevista que al momento se tiene más de un 50 por ciento de carpetas de investigación judicializadas que involucran delitos contra las mujeres. 

“Yo puedo asegurar que sí se trabaja, que sí tengo más de un 50 por ciento de (carpetas) ante los juzgados. De hecho, este año hasta septiembre llevamos 500 carpetas y 570 carpetas iniciadas, y de estas hemos solicitado 296 audiencias, tenemos más de 160 vinculaciones a proceso y más de 90 órdenes de aprehensión”, apuntó. 

La información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que recopila datos oficiales de la propia Fiscalía muestra que la mayoría de las carpetas de investigación iniciadas en los años 2019, 2020 y 2021, todavía están en proceso de investigación, en total 939.

Sin embargo, de las 2 mil 168 carpetas de investigación que se abrieron, 894 se cerraron sin que el agresor haya recibido una sentencia condenatoria. Es decir, casi 4 de cada 10 (el 41.23 por ciento) no alcanzaron siquiera tener una resolución en un juicio.

A detalle, en 285 casos hubo declinación por parte de la víctima, en 22 casos los jueces determinaron el no ejercicio de la acción penal, en 263 ocasiones se suspendió el proceso por distintos motivos y en 175 casos el Ministerio Público determinó el sobreseimiento o la extinción de la acción penal. Éstos datos fueron solicitados en junio del 2022. 

Grafica que muestra la cantidad de las carpetas de investigación activas.

Gráfica sobre las carpetas de investigación acumuladas en la Fiscalía del 2019 al 2021, realizada con información obtenida vía transparencia.

Los documentos revelan que la mayoría de las denuncias presentadas ante la Fiscalía se detienen por diferentes motivos.

Por ejemplo, 285 carpetas iniciadas entre 2019 y 2021, han sido declinadas por las víctimas. Es decir, determinaron no continuar con el proceso en contra de quién en su momento la agredió, “no todas las denuncias tienen el mismo final, porque hay que decirlo, hay ocasiones en que la víctima abandona sus pretensiones, pide un archivo, va y como se dice vulgarmente se arregla con el agresor, vuelve con él, situaciones que también suceden, no todas las carpetas tienen que terminar con una sentencia”, mencionó el abogado particular Andrés.

En 175 carpetas de investigación se declaró el sobreseimiento. “Hemos atendido casos en los que les negaron la atención a las víctimas y al momento de que les narran los mismos hechos, ya con abogado, les dan la atención; si llegan a pasar el primer filtro, debido a la carga de trabajo que tiene la representación social (Fiscalía), la víctima tiene que insistir en el seguimiento de su caso, de lo contrario, el agente del Ministerio Público va dejando las carpetas olvidadas y archivadas y rara vez un proceso termina en sentencia”, detalló Emanuel Villalobos.

Y la tercera forma en que existe la omisión de la justicia es el letargo. Hay casos iniciados en 2019 y 2020, que no han sido presentados a un juez.

De las 2 mil 168 carpetas iniciadas en tres años, el 43.3 por ciento no ha sido resuelto por las autoridades, muy cerca de la mitad de todos los expedientes recibidos por la Fiscalía en 36 meses están en el limbo.

En el año 2019 se registraron oficialmente 468 denuncias por delitos relacionados con violencia de género. Para 2020 se reportaron, de acuerdo a los documentos, un incremento importante, pasando a 964 denuncias, y en 2021 fueron 736 expedientes iniciados.

INTENTO DE HOMICIDIO

Pedrita, una mujer de la tercera edad, hace más de un año que presentó su denuncia y el caso permanece detenido.

Ella fue agredida físicamente con un objeto contundente por parte de un hombre al grado de causarle daños severos en el rostro.

“En la Fiscalía han pedido que retire la denuncia”, aseguró en entrevista Pedrita (nombre ficticio por su seguridad) y añade que no le dan argumento alguno, no obstante que por tratarse de una mujer de la tercera edad ya que el delito es más grave.

Para ella, es tiempo perdido ir a la Fiscalía, “hace tres meses, después de la última audiencia nos comentaron que en dos meses se realizaría el juicio, pero hasta la fecha no nos han dicho nada… deberían de ponerse más al día para ayudar a las mujeres golpeadas, porque por eso hay tanta mujer golpeada, tanta muerta, porque no ayudan”.

Y añadió: “Muchas veces dicen, ¿Por qué no va a denunciar?, uno dice para qué voy si no hacen nada, mi abogada me pidió papeles, estudios, le dije: ‘Si no me han ayudado en nada, para qué quiere que gaste’. Ni siquiera me dieron ni copia del expediente”, aseguró que el personal de la Fiscalía algo tiene que ver para no dar continuidad a su caso.

Hasta el cierre de este reportaje y a casi dos años de que se registrara la agresión, el caso sigue sin registrar algún avance.

¿POR QUÉ NO SE RESUELVEN LOS CASOS?

El abogado Carlos mencionó que lleva casos en donde a pesar de tener las evidencias, pruebas y testigos suficientes la sentencia resulta favorable al agresor, “esta problemática radica en la mala preparación de los ministerios públicos, no integran de manera correcta las carpetas de investigación y no llegan bien preparados a las audiencias, esto también provoca un temor del agente del Ministerio Público hacia los jueces a que los humillen en las audiencias, al no estar bien preparado llega con temor en la audiencia.

Por ejemplo, Laura (nombre ficticio de una víctima de violencia familiar), reconoció en entrevista que se ha visto en la necesidad de recurrir al tráfico de influencias para que su asunto sea atendido, a servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia como de la Fiscalía General del Estado con los que tiene contacto para evitar que existan fallas en su expediente y proceso. “Es desgastante padecer abuso durante varios años y todavía tener que enfrentar a mi agresor en un juicio y todavía de que la carpeta de investigación esté deficiente y que el juez determine que no existen los elementos para castigarlo, aún y cuando ha manifestado que sí me cree, pero no pueden vincular a proceso al agresor porque el Ministerio Público no se allegó de los elementos suficientes”, relató.

CONTINÚA DETENIDO EL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES

En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujer del gobierno del estado solamente existe una abogada que brinda apoyo a quienes acuden ante esta instancia, lo que resulta insuficiente, el CAVIM requiere de por lo menos cuatro personas que acompañen a las víctimas durante su proceso judicial.

Delma Cecilia Martínez, vocera de la colectiva Maye, expuso la urgencia del inicio de la operación del Centro de Justicia para las Mujeres en Cuauhtémoc a cargo de la Fiscalía General del Estado, ya que concentraría la atención a las víctimas en un solo lugar. Y es que es tanta la desatención a la violencia contra la mujer, añadió, que se han tenido que generar muchos lugares de atención; por ejemplo, el Instituto Municipal de las Mujeres tuvo que meter a un equipo de psicólogas, “se trajo a una organización experta en atención de violencia denominada Alma Calma financiada por Ficosec, tenemos el CAVIM, otra organización que se llama Faro de Luz, pero nosotras tenemos ese conocimiento porque lo hemos construido, pero ¿una víctima que en este momento está nublada? No sabe qué hacer”.

A pesar de la existencia de todos estos organismos, agregó, hace falta personal, “el CAVIM tiene un equipo de dos abogadas, totalmente insuficiente”.

ÚNICO CAMINO, HUIR

La mayoría de las víctimas están sometidas a amenazas constantes. “Las amenazan primeramente diciendo que tienen conocidos en la Fiscalía que pueden realizar el juicio a favor de los agresores; con quitarles a los hijos, ha pasado que hay hombres que sustraen a los hijos y no vuelven a saber de ellos; mediante el acoso, ‘sé dónde trabajas’; hasta amenazas de muerte ‘tengo una pistola, tengo conocidos en el crimen organizado’” son algunas de las formas de presión que el abogado Carlos ha ventilado.

Ante estas amenazas las víctimas que deciden permanecer en sus lugares lo hacen con mucho miedo. No salen ni a trabajar, porque tienen terror, que desarrollan por la violencia psicológica por parte de los agresores.

Sin embargo, hay algunas víctimas que han buscado una red de apoyo para salir de la ciudad y se fueron a vivir a otra.

Al momento, en el municipio de Cuauhtémoc no existen albergues o estancias en donde las mujeres puedan resguardarse en tanto llevan a cabo su proceso judicial, lo cual resulta peligroso para la integridad de ellas y de sus familias.

Las víctimas que tienen necesidad de resguardarse en un lugar diferente a su hogar para su protección son canalizadas a la “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ellos buscan un albergue que no está dentro de Cuauhtémoc, para evitar el contacto con la persona agresora, puede ser en Juárez o Chihuahua, determinando el grado de riesgo”, puntualizó la Fiscal de la Mujer en Cuauhtémoc. Pero es un mecanismo que no todas las mujeres están dispuestas a vivir, dejar todo atrás.

Letrero de "ni una más" en la plaza principal de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Letrero de “ni una más” en la plaza principal de Cuauhtémoc, Chihuahua.

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Nacional

“El equipo”, la serie que Genaro García Luna le pidió a Televisa que le hiciera

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Ciudad de México(NDS).- Hace 12 años, para exaltar las virtudes y el desempeño de la Policía Federal, al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ahora en proceso legal en una corte de Nueva York, se le ocurrió la idea de una serie de televisión.

 Por su realización pagó 118 millones de pesos a la principal televisora del país, que le encargó el asunto al productor Pedro Torres. Este delegó a los guionistas Luis Felipe Ibarra y Carlos Quintanilla Sakar, la historia de algunos personajes que deciden ser policías federales. 

La dirección de la primera y única temporada de 15 episodios de 30 minutos cada uno, la realizaron Carlos García Agras y Chava Cartas.

En tono poco creíble —de ahí su fracaso en el horario estelar— la historia de los federales Santiago, Fermín, Magda y Mateo; o sea: Alberto Estrella, Zuria Vega, Alfonso Herrera y Fabian Robles no se la creyeron ni los servicios de inteligencia de los federales, y mucho menos los televidentes.

 Las tramas de amor, celos, sentimientos encontrados y aspiraciones que se dirimen en cada capítulo son poco creíbles, como el estilo de vida que llevan en condiciones de súper lujo en casas y coches los protagonistas. Por si fuera poco, El Ejército y la Marina ni siquiera existen en la historia policial.

Lo que más molestó en su momento de El equipo fue el uso y recursos de las instalaciones de la secretaria de Seguridad Pública Federal y su descarado uso promocional, que preconizaba su lucha frontal contra la delincuencia organizada representada por tipos de mala pinta como “El Prieto Urrutia” (Manuel Ojeda).

 Su slogan frontal en la edición pirata es de por sí muy lastimero: “Ellos saben que el bien… vence al mal”. En la realidad del efímero momento televisivo, otra serie (La reina del sur, con la amiga del “Chapo” Guzmán, Kate del Castillo) acaparó la atención, por lo que las críticas y el bajo raiting de El equipo terminaron sepultándola en el olvido. Lo peor que le pudo haber pasado (y le pasó) es que la gente la llamara telenovela, en lugar de serie.

Según algunos críticos, el principal defecto de El equipo, fue hacerla ver como una versión mexicanizada de la serie estadounidense CSI, que rodó por sus propias incoherencias y poca credibilidad en el combate del crimen organizado. 

Encima, los piratas que la copiaron del mismísimo Canal de las Estrellas, para venderla en precio amigo, se molestaron porque nadie la pedía y por poco su denuncia hizo eco en la mismísima Policía Federal real, que no veía como defenderla por ser tan sólo un panfleto. De nada valieron las quejas de García Luna, por el resultado final que no les generó ningún tipo de reconocimiento, ni como thriller de género. 

Además de que nadie de su equipo delincuencial como Luis Cárdenas Palomino o Ramón Enrique Pequeño García, Facundo Rosas y otros no tuvieron sus momentos, ya que nadie fue requerido, bueno, ni como personajes de cuadro.

Ahora, citando un buen ejemplo para realizar televisivamente la biografía criminal del personaje, está el muy recomendable libro García Luna, El señor de la muerte, de Francisco Cruz, con un detallado y puntual prontuario criminal del personaje manipulador, experto en montajes (como el de Florence Cassez), que le rindió cuentas al narco y que se inició como espía en el gobierno de Salinas de Gortari, brincando luego, pese a sus limitaciones, para acaparar un poder mega criminal en los sexenios de Fox y Calderón, donde estiraba la mano para recibir los favores monetarios de Los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, por mantenerlos informados y en estado de alerta.

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