Este lunes, el gobernador Greg Abbott de Texas firmó una controvertida ley antinmigrante que ha sido calificada como la más severa en los últimos 20 años en Estados Unidos. La nueva norma, conocida como SB4, autoriza a las autoridades locales a detener e iniciar procesos de deportación a quienes ingresen ilegalmente al estado, permitiendo incluso interrogar sobre su estatus migratorio en cualquier parte del territorio. La medida, que entrará en vigor en marzo de 2024, ha generado críticas y tensiones.

Abbott ha justificado la ley, afirmando que la falta de acción del Gobierno federal ha obligado a Texas a protegerse por sí mismo. Según él, la situación en la frontera representa un riesgo para la seguridad nacional, citando casos de intentos ilegales de entrada, incluyendo 24,000 ciudadanos chinos el año pasado. El mandatario ha expulsado a 65,000 migrantes y espera que la SB4 frene la ola migratoria en Texas.
La nueva legislación ha desencadenado respuestas negativas tanto a nivel nacional como internacional. México ha rechazado la ley, argumentando que criminaliza a los inmigrantes y puede resultar en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial. Organizaciones de derechos humanos han amenazado con demandas, calificando la ley como inconstitucional y propensa al perfilamiento racial y acoso.
En medio de la creciente tensión, Abbott también ha promulgado otras dos leyes: una destinada a inyectar $1,500 millones para reforzar la vigilancia en la frontera y continuar la construcción del muro, y otra para endurecer las penas contra los traficantes de personas. Estas medidas han sido criticadas por su supuesta inhumanidad y han generado disputas diplomáticas con México.
La promulgación de esta ley coincide con las declaraciones de Donald Trump sobre una mayor deportación de inmigrantes si regresa a la presidencia en 2025, respaldando los métodos implementados por Abbott en Texas. Mientras tanto, críticos advierten que la SB4 podría desencadenar una disputa legal con el gobierno de López Obrador, afectando los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano en Texas.