El Gobierno mexicano trazó este lunes dos líneas rojas frente a su difícil negociación con Washington sobre inmigración, a punto de desembocar en una guerra comercial. Una de esas fronteras, muy difusa, es la “dignidad” del país; en la otra se encuentra el nudo nervioso de las conversaciones: México no aceptará convertirse en un llamado “tercer país seguro”, categoría según la cual los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en el país vecino y, al haber pasado por él antes, se les canaliza de nuevo al sur de la frontera.

El canciller mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, comenzó la ronda de contactos en Washington en un ambiente anticlimático: su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, se encuentra de viaje por Europa, y el principal interlocutor designado por Donald Trump para llevar la relación con México, su propio yerno, Jared Kushner, también se hallaba fuera, en la visita oficial a Reino Unido. Pompeo, que le dio plantón en Washington hace tan solo unos días, tenía previsto verle el miércoles, pero para entonces ambos países deben tratar de tener algo avanzado. El día 10 entra en vigor el nuevo arancel del 5% anunciado por Trump para todos los productos mexicanos con el objetivo explícito de presionar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria. No está claro el encaje legal de la medida, ni los objetivos concretos que persigue el Gobierno del republicano, pero el órdago se ha convertido en una carrera contrarreloj mientras López Obrador trata de mantener la calma.

“La imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica podrían tener un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios”, dijo Ebrard a la prensa este lunes por la mañana. La amenaza arancelaria de Trump resulta peligrosa no solo por la escalada que contempla -un gravamen que podría llegar hasta el 25% en octubre, si la Casa Blanca no percibe mejoras en el control de flujo de migrantes que cruza el territorio mexicano hasta llegar a la frontera estadounidense-, sino porque no especifica los objetivos que persigue. “Si la inmigración ilegal se alivia a través de medidas adoptadas por México, algo que determinaremos a nuestra discreción y criterio, los aranceles se quitarán. Si la crisis persiste, sin embargo, subirán al 10% a partir del 1 de julio; 15% a partir del 1 de agosto; 20% desde septiembre y 25% a partir de octubre”, alertó el magnate neoyorquino.

La comitiva desplazada a Washington -incluye a la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el subsecretario de Exteriores para América del Norte, Jesús Seade- tenía previsto verse este lunes con el secretario de Agricultura estadounidense, Sonny Purdue, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross. El objetivo de los representantes mexicanos es enfriar el ambiente y no evitar la amenaza de responderde la misma manera a los aranceles, que inquietan a las propias empresas estadounidenses. México exporta productos por valor de 346.500 millones de dólares a Estados Unidos y este vende por valor de 265.000 millones a los mexicanos.Detrás de esas exigencias por definir México teme la ambición estadounidense de convertir a su vecino del sur en un “tercer país seguro”, según el cual se considera que los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en México y se les puede enviar de nuevo allí. De acceder a esta condición, que ha recibido muchas críticas, el país se afianzaría como el dique de contención para la migración desde Centroamérica y asumiría una pesada losa que implicaría costes políticos y económicos para el Gobierno de López Obrador. “Hemos dicho ya desde hace tiempo que un acuerdo respecto a un tercer país seguro no sería aceptable, no me lo han planteado, pero no sería aceptable”, respondió el canciller Ebrard en rueda de prensa.

El Gobierno de López Obrador busca mantener su política migratoria, apuntalada por el Plan de Desarrollo integral para Centroamérica -un plan maestro para atraer empleo e inversiones que ataque las causas de la migración financiado con el apoyo de Washington- y reivindica que ha cumplido con la contención del flujo irregular de migrantes, al aumentar las detenciones y deportaciones de centroamericanos ante un éxodo que ha sido calificado sin precedentes. El Gobierno mexicano afirma que sin su cooperación llegarán este año 250.000 migrantes sin papeles a territorio estadounidense.”Hay un límite claro a lo que podemos negociar, y ese límite es la dignidad de México”, subrayó Ebrard.