Ciudad de México(NDS).- La nacionalización del litio en México inicia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de convertir al país en una potencia del mineral, pero levanta dudas sobre expropiaciones, la capacidad del Estado para explotarlo y la cantidad real de yacimientos.

La reforma a la Ley Minera, promulgada esta semana, declara al litio como mineral de utilidad pública cuya explotación será facultad exclusiva del Estado mediante un nuevo organismo público, un modelo similar al de Bolivia, detalla Juan Pablo Aguirre, investigador del apartidista Instituto Belisario Domínguez del Senado.

“Con esta reforma del litio, y lo importante es la explotación y el aprovechamiento, se puede convertir México en un referente. Si no en una potencia mundial del litio, sí será un país competitivo con otras naciones de América Latina, como Chile, Argentina, Bolivia y Perú”, expresa Aguirre.

¿Una potencia mundial?

Al defender la reforma en el Congreso, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) argumentó que México está en el décimo lugar de los 23 países con reservas del mineral, con el yacimiento más grande del mundo en Sonora.

El gobierno, que ha comparado la trascendencia de la reforma con la expropiación petrolera, estimó que en ese yacimiento hay 243 millones de toneladas de litio con un valor de 70,000 dólares por tonelada, por lo que busca que esos ingresos vayan directo al Estado.

Pero el investigador Aguirre advierte que “no hay un cálculo exacto del nivel de litio” en México, y que “se ha dicho erróneamente que México tiene las mayores reservas del mundo de litio, lo cual es falso”.

“Sí cuenta México con reservas interesantes, (pero) son superadas por las de Perú, Bolivia, Australia y Estados Unidos. Y hay que decir que México está en una fase de exploración para encontrar la cantidad y calidad de yacimientos”, matiza.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) solo identifica yacimientos de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, según la investigación del Instituto Belisario Domínguez.

Además, los últimos datos del SGM reportan exportaciones de litio por poco más de 650,000 dólares en 2018 frente a 3,8 millones dólares de importaciones, de las que más de tres cuartas partes provienen de Chile, que tiene una ley del mineral desde hace más de 40 años.

La sombra de la expropiación

La reforma ha creado polémica porque la empresa con capital chino Bacanora Lithium tiene ahora una concesión en Sonora que le permitiría extraer 35.000 toneladas por año de carbonato de litio en un yacimiento con 8,8 millones de toneladas equivalentes con reservas que durarían 250 años.

“El hecho de poner la característica de utilidad pública anticipa de alguna manera el intento del Gobierno mexicano de probablemente expropiar las concesiones mineras que ya han sido otorgadas”, avisa en entrevista Patricia Vivar, abogada minera de Tete a Tete Consultores y VHG Servicios Legales.

La jurista expone que la ley podría ser “atacada” en términos de los tratados internacionales, realizados antes de la reforma, aunque primero hay que agotar las instancias nacionales, en las que podría haber amparos porque la reforma fue legal y no constitucional, como pretendía el presidente.

Y aunque debe analizarse caso por caso, Vivar opina que la expropiación “mandaría el peor mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros en términos de minería”.

Ante la incertidumbre, México está en riesgo de perder la atracción de inversiones por 24.200 millones de dólares para nuevas minas en los próximos seis años, según alertó la Cámara Minera de México (Camimex) esta semana.

El reto para el Estado

El Gobierno también ha prometido 50 millones de pesos para explorar la existencia de litio en 18 estados.

“Estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología. Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro”, justificó esta semana el presidente López Obrador.

A pesar de las promesas, la abogada Vivar recordó la historia de las empresas del Estado, como el manejo financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Uranio Mexicano, una empresa creada en 1979 para aprovechar la energía nuclear que fracasó en 1985.

“Dados los antecedentes que tenemos ya con empresas como Pemex, como CFE, realmente sabemos que es solo para beneficiar a un grupo determinado, el grupo en el poder en este caso, y que realmente no trae crecimiento y beneficios económicos para el país en general”, sostuvo.

Tan solo para construir una minera de mediano tamaño se necesitan cerca de 300 millones de dólares, además de la inversión en exploración, según apuntó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

“En minería los riesgos son muy altos como para que el Estado asuma dichos riesgos con recursos que podrían emplearse en otras necesidades del país”, opinó esta asociación en un posicionamiento.