Colectivos LGBT Q+ exigen justicia ante la filtración de imágenes sensibles del magistrado Jesús Ociel Baena y su pareja, Dorián Daniel Nieves, quienes fueron encontrados sin vida en su hogar. En respuesta a esta situación, la Fiscalía de Aguascalientes ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de la divulgación de las imágenes.
Este incidente ha vuelto a poner en el foco de atención pública la Ley Ingrid, un conjunto de reformas legislativas diseñadas para prevenir la exposición indebida de personas en los medios, protegiendo la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familias. Esta ley fue promulgada después de la difusión inapropiada de imágenes de Ingrid Escamilla en 2020.
La normativa, aprobada en marzo de 2022, castiga la revelación o difusión indebida de imágenes, videos o archivos de investigaciones, reforzando la protección de los derechos de las víctimas y combatiendo la violencia de género mediática. Las sanciones son claras: multas de 100 a 150 días para individuos y penas de 6 a 10 años de prisión para servidores públicos que divulguen evidencia sin autorización.
Ante este escenario, los colectivos LGBT Q+ exigen la aplicación rigurosa de la Ley Ingrid y el castigo correspondiente para los servidores públicos involucrados en la divulgación de las imágenes del magistrado y su pareja. Estas medidas buscan desalentar la violación de la privacidad de las víctimas y la indebida difusión de información relacionada con investigaciones penales.