Lavado de dinero es un delito con poco castigo en México

Amparos vs el lavado
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento, debido a que en los últimos trece años han sido levantadas mil 632 averiguaciones por este delito, pero solamente 44 han tenido una sentencia condenatoria. La mayoría de los condenados —expone— obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.

Míriam Castillo, una de las creadoras de la investigación «Lavar dinero en México: un delito del que se sale fácil», detalló en entrevista que la información fue posible rastrearla luego de realizar solicitudes de acceso a la información durante un año a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Además, entre las respuestas de las autoridades, se obtuvo que durante los últimos tres sexenios 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados del delito de recursos de procedencia ilícita.

Dichos amparos —señala Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— revelarían que existieron al menos tres patrones por los cuales se cayeron los casos en los tribunales, entre ellos: que el Ministerio Público no logró acreditar el delito; que hubo irregularidades durante la detención, y que fueron cometidas violaciones a los derechos humanos, como tortura y retención ilegal, entre otros.

Santiago Nieto, actual titular de la UIF, dijo a Mexicanos contra la Corrupción, el 13 de marzo del 2020, que la corrupción dentro del Ministerio Público, la colusión de jueces con el crimen organizado y la inexperiencia en materia penal de las anteriores administraciones de la UIF han sido las razones por las cuales existe este índice de impunidad.

La investigación precisa que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador la UIF ha interpuesto alrededor de 200 denuncias ante la Fiscalía General de la República, igualando a todo el periodo del Gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con el titular de la UIF, otro de los factores que ha influido en que el delito de lavado de dinero quede impune es la poca experiencia en materia penal de las otras administraciones de dicha unidad de investigación.

Es decir, si bien se hacía análisis financiero de las cuentas, esto no lo convertían en un proceso judicial. Sin embargo, la organización refiere que en lo que va de la administración tampoco se ha tenido un caso en el que una alerta bancaria derive en una averiguación judicial.

Sistemas bancarios
Míriam Castillo explicó además que el delito de lavado de dinero podría catalogarse como muy poco complejo porque se necesita la preexistencia de otro delito comprobado, como trata de personas o narcotráfico, y después de ello ya se puede configurar el lavado de dinero.

Hizo hincapié en que uno de los principales obstáculos que hay para castigar este delito es comprobar que el dinero tiene una procedencia ilícita: «Sí, efectivamente, el sistema legal o de castigo facilita en buena parte que se puedan hacer este tipo de operaciones sin que haya necesariamente un castigo», recalcó.

La investigadora de Mexicanos contra la Corrupción sostuvo que este trabajo es una serie de entregas periódicas, que también pone sobre la mesa el sistema financiero mundial; es decir, los grandes bancos ayudan a que no haya un castigo por el movimiento de grandes sumas de dinero que tienen que ver con dinero sucio.

«Es algo que se hace. Hay una falla aquí de los sistemas de monitoreo financiero a nivel mundial, pero, efectivamente, en México está en uno de los países donde los controles financieros no ayudan a que se castiguen este tipo de delitos, y como lo ves, los asuntos y los índices de impunidad es una de las cosas que facilitan mucho la práctica de este delito», mencionó.

Al respecto, abundó que los bancos tienen un sistema en el que van levantando cierto tipo de alertas o de información cuando hay un movimiento extraño en las cuentas bancarias, como transferencias altas.

Entre los ejemplos, destacó que si un joven de 18 años en un periodo de tres meses empieza a recibir cantidades enormes de dinero, el banco en sí no puede acusar a nadie, pero tiene que levantar una alerta y enviarla a las autoridades.

Las autoridades a su vez tienen que analizar esa alerta, ver de quién es esa cuenta, de dónde provino en dinero y cuántas transferencias hay: «Sin embargo, este trabajo es complejo, es muy caro, y hasta ahora lo que nosotros alcanzamos a notar es que las autoridades mexicanas no tienen esta infraestructura que debería tenerse para poder castigar este tipo de delito», reconoció. 

Falta personal y recursos
En entrevista Míriam Castillo añadió que para lograr más castigos penales en contra de quienes realizan este delito son necesarios expedientes e investigaciones financieras más solidas, no solamente llevar las copias de las cuentas al Ministerio Público, sino que verdaderamente se haga una investigación a lo largo de las transferencias: «Creemos que de alguna manera hay una deficiencia de personal que pueda llevar a cabo estas investigaciones. Los bancos o algunas de las quejas que ellos marcaban es que a veces los bancos han mandando diversas alertas, focos rojos, reportes; sin embargo, las autoridades no han trabajando a partir de estos reportes, entonces digamos que me parece que es una falta de coordinación de las autoridades y una falta de capacidad».

En este punto, explicó que la UIF reconoció que se recibe el número completo de los reportes bancarios, de las cajas de bolsas, de alertas, que incluso algunos notarios levantan. Sin embargo, solamente hay una actuaría que se dedica a revisar toda esa información que se genera. Por lo tanto, dijo que humanamente hay un déficit de personal o de recursos para castigar ese tipo de delitos.