La lista la integran los ciudadanos Gilberto Ayón Reyes, Óscar Sotelo Badilla, Javier Alfonso Pérez Chávez, Julio Javier Montalvo López, Claudia Verónica Wahnnatah Vera, José Isasi Siqueiros, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, José de Jesús Mercado Contreras, Juan Francisco Alcaraz García, Daniel Velasco Hernández, Ramón Ángel Orozco Bustamante.

También por Luis Carlos Monge Escárcega, Ramón Tadeo Gradias Enríquez, Víctor Bonillas Murrieta, Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, Ana Luisa Chávez Haro, Lourdes Rivera Valle, Claudia Indira Contreras Córdova, René Francisco Luna Sugich, Rafael Acuña Griego, Octavio Grijalva Vásquez, Jesús Ariel Gándara Toledo.

Además de Ramón Armando Álvarez Nájera, Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Héctor Contreras Pérez, Abel Murrieta Gutiérrez, Carlos Enrique Aubry Lemarroy, José Enrique Guerra Fourcade, Ricardo Daniel Álvarez Ojeda, Rafael Ramírez Leyva, Luis Alberto Ruiz Coronado, Abelardo Alberto Rodríguez Urías, Francisco Javier Carrasco Valenzuela y Gerardo Pérez Fuentes.

El diputado Montes Piña dio a conocer que los aspirantes Judith Amalia Padilla Tiznado y Héctor Hernández García, presentaron título profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad menor a la establecida en la fracción III del Artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es de diez años, razón por la cual no pueden ser tomados en cuenta al tener títulos expedidos con ocho y cinco años de antigüedad, respectivamente.

Por lo que toca a la aspirante Mariela Yrene Vivas Ponce, el legislador dijo que no presentó documentos que acrediten su ciudadanía mexicana por nacimiento, como lo exige la fracción I del Artículo 95 de la Constitución Federal, en tanto que los aspirantes Francisco Javier Dueñas Mercado, Martín Gerardo Murrieta Romero y Régulo Ríos Cervantes, no presentaron los documentos necesarios para acreditar que son ciudadanos mexicanos por nacimiento.

Tampoco carta bajo protesta de decir verdad de que no ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, indicó el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La dictaminadora valoró como importante que los aspirantes a dicho cargo no tengan relación alguna con partidos políticos y/o representantes o directivos de éstos, diputados de esta LXII Legislatura, miembros del Comité Ciudadano de Seguridad Pública o funcionarios de nivel Director General o su equivalente de cualquiera de los tres poderes del Estado, razón por la cual se solicitó una carta en el inciso h) de la Base Tercera de la Convocatoria respecto a tener los conflictos de intereses señalados. Al respecto, sólo cinco aspirantes hicieron manifestaciones, a saber:

· La ciudadana Claudia Verónica Wahnnatah Vera manifestó pertenecer a la primera generación de mujeres del Partido Revolucionario Institucional;

· El ciudadano Raúl Arturo Ramírez Ramírez manifestó haber integrado la lista de candidatos a diputados federales plurinominales por Movimiento Ciudadano, por lo que puede deducirse que tiene una relación cercana con la dirigencia de ese partido;

· El ciudadano Luis Carlos Monge Escárcega aseguró tener una relación de parentesco espiritual con el ciudadano José Luis Gámez García, miembro activo del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado;

· El ciudadano Jesús Ambrosio Escalante Lapizco dijo tener un despacho de abogado en materia electoral, en el que tiene relación de tipo laboral con diversos dirigentes partidistas actualmente en funciones;

· El ciudadano Ricardo Daniel Álvarez Ojeda manifestó que fue candidato a la Presidencia Municipal de Altar, Sonora, por Movimiento Ciudadano, por lo que se deduce una relación cercana con la actual directiva de ese partido.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña aseveró que de la revisión realizada por la dictaminadora a los expedientes de los aspirantes se estimó que pudieran constituir posible

conflictos de interés en los siguientes casos:

1. El aspirante Ramón Tadeo Gradias Enríquez es Coordinador General del Sistema Estatal Penitenciario;

2. El aspirante Jesús Ambrosio Escalante Lapizco ha sido representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana;

3. El aspirante René Francisco Luna Sugich se desempeñó como encargado de despacho de la Coordinación General del Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí, en la administración pública estatal 2009-2015;

4. El aspirante Abel Murrieta Gutiérrez ha sido diputado local y diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional.

Una vez presentado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño presentó un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario de MORENA, en el que solicitó que el proceso de designación de nuevo Fiscal de Justicia se realice con altura de miras y se privilegie el interés del pueblo de Sonora.

Agregó que la condición que ponen al Comité Ciudadano de Seguridad Pública es que las propuestas simplificadas que se envíen a la titular del Poder Ejecutivo estatal para su valoración, realmente contengan los mejores perfiles, sin consignas ni propuestas a modo, ya que si la propuesta de la Gobernadora que se reciba en el Congreso no corresponde a un sentido responsable de institucionalidad y con visión de Estado, no la respaldarán.

A propuesta de la diputada María Dolores Del Río Sánchez, al Acuerdo se le adicionó un segundo párrafo, en el sentido de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tenga de manera urgente una reunión de trabajo interinstitucional con el citado Comité, donde se busque coincidir en parámetros para el perfil del Fiscal de Justicia.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela solicitó que se agregue a las observaciones del dictamen que el aspirante Octavio Grijalva Vásquez no cuenta con experiencia en asuntos de procuración de justicia, que ha sido acusado de conflicto de interés como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por la defensa de una persona sentenciada por un asesinato.

Al Acuerdo que se enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública también se le anexará un documento presentado por la ciudadana Mariela Yrene Vivas Ponce, en el cual solicita se reconsidere su inclusión como aspirante, toda vez que la determinación de excluirla trastoca sus derechos humanos, al ser mexicana por naturalización. La solicitud la hizo la diputada Del Río Sánchez.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña informó que los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordaron de manera consensada en relación a los puntos presentados por las dos legisladoras.