“Hay que replantear las leyes que aplican al combate a la corrupción, hay que mejorarlas y darles más herramientas a todas las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción. Adecuémonos como reto a las convenciones internacionales que van dirigidas al combate a la corrupción, reflexionemos sobre el esquema de la extinción de dominio, reglamentemos la figura del testigo protegido y del denunciante”, expresó.

Informó que en el área de atención temprana y de orientación se han atendido 9 mil 45 personas y al 15 de noviembre de este año se habían recibido 567 denuncias, de las cuales 241 corresponden a ciudadanos y 325 fueron presentadas por órganos de fiscalización y de control interno del Estado, de los municipios y de representación política.

De esas 567 denuncias, en la Fiscalía se han resuelto 230 investigaciones que se han presentado a través de denuncias, lo que significa que, a la fecha, la FAS resuelve el 41 por ciento de sus investigaciones, a diferencia del ámbito nacional, donde el promedio de las fiscalías en general no llega ni al diez por ciento de las resoluciones que se emiten por el Ministerio Público, sostuvo Espinoza Valdez.

El Fiscal Anticorrupción informó que otros resultados son: 64 personas que han rendido cuentas ante la justicia estatal, 53 de ellas bajo el sistema tradicional y once en el nuevo sistema de justicia penal; hay gente procesada de niveles 12, 13 y 14; a nivel municipal dos ex alcaldes, uno de ellos sentenciado; ex tesoreros municipales, directores de órganos paramunicipales y paraestatales.

“En tales procesos penales los delitos que competen a nosotros alcanzan fianza y el procesado puede exhibir una garantía, y a la fecha, en la FAS se tienen más de 77 millones de pesos que están exhibidos en garantía y en un futuro, cuando haya una sentencia condenatoria, con eso se podrá reparar el daño”, aseveró.

En Sonora se tienen seis sentencias condenatorias, lo que refleja que el Estado es referente nacional, dijo, ya que la complejidad y el contexto implican diferencias sustanciales en una forma de procurar justicia en delitos comunes o en el combate a la corrupción, además de que se han remitido 105 incompetencias a la Procuraduría General de la República, a la que se les turna la investigación casi terminada y la PGR ejerce la acción penal.

En términos de auditoría se tienen 65 dictámenes periciales, 238 opiniones técnicas para determinar si existió o no posible desfalco, sumado a la parte de la investigación, cuya coordinación en materia de análisis de información ha recibido 909 órdenes ministeriales y se han cumplimentado 644 a la fecha.

El titular de la FAS informó que se han presentado 104 recursos en contra de las sentencias favorables a la Fiscalía que le ha otorgado el Poder Judicial de la Federación, de manera que dichos recursos se llevan hasta 18 meses para su resolución, lo que hace que retarde la procuración de justicia, que aunque calificó como válido acudir a una suspensión provisional por parte del acusado, en la mayoría de los casos dilatan los procesos, señaló.