Hermosillo, Sonora a 20 de Marzo.- Para dar respuesta a demandas de la ciudadanía, este día en la sesión del Pleno del Congreso del Estado fueron presentadas iniciativas para modificar las leyes de Agua, Estatal de Responsabilidades, de Gobierno y Administración Municipal, de Salud, la Ley Federal de Derechos y el Código Penal para el Estado de Sonora, a las cuales se les dio turno a comisiones dictaminadoras.

También para su análisis y posterior dictaminación se presentó un proyecto de ley de fomento y apoyo a la proveeduría del Estado de Sonora, así como una propuesta de acuerdo para eliminar la tarifa DAC y un posicionamiento con relación a los 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Agua para el Estado de Sonora y de la Ley Estatal de Responsabilidades, la cual fue turnada por la Presidencia a la Comisión del Agua.

Lo que el legislador propuso es que los ayuntamientos puedan fijar en sus respectivas leyes de ingresos, cuotas o tarifas sociales que beneficien con un 50 por ciento de descuento a personas discapacitadas o declaradas incapaces, adultos mayores y madres jefas de familia, así como tarifas sociales a las personas que perciban ingresos no mayores a 40 salarios mínimos mensuales vigentes en la capital del Estado de Sonora.

La iniciativa establece que los funcionarios que incumplan con dicha disposición se harán acreedores a las sanciones previstas en las fracciones III y IV del Artículo 115 de la Ley Estatal de Responsabilidades, y se sancionará con destitución o inhabilitación al servidor público que realice la suspensión total de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sin realizar estudio económico.

La diputada Rosa Icela Martínez Espinoza se dirigió al Pleno para informar que tienen que analizar muy bien la iniciativa, ya que aunque son muy ciertas las necesidades que atraviesan los más vulnerables, también debe considerarse la situación de los organismos operadores de agua, cuya operatividad es cada vez más difícil.

En el siguiente punto del orden del día, el diputado Jorge Villaescusa Aguayo presentó un proyecto de ley de fomento y apoyo a la proveeduría del Estado de Sonora, con el objeto de otorgar certeza jurídica a las empresas que inviertan en la entidad, mediante la entrega de incentivos para que puedan operar de manera exitosa y mayores oportunidades a los proveedores locales que sean debidamente reconocidos.

La iniciativa, que se turnó para estudio a la Comisión de Fomento Económico y Turismo, consta de 54 artículos y siete títulos: Disposiciones generales; Del comité para el desarrollo de proveedores; De la coordinación del Estado con el comité para el desarrollo de proveedores; De la política estatal de fomento a la proveeduría; De los estímulos; Del fondo para el financiamiento al fomento y apoyo a la proveeduría; Del procedimiento administrativo y las sanciones.

Y para que los cabildos de los ayuntamientos no lleven a cabo reuniones secretas, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin duda esta figura contribuye a que las autoridades no tomen decisiones sin una real justificación sobre las necesidades de la gente y sumado además a la eliminación de las sesiones secretas, contribuirán a la máxima publicidad y a la rendición de cuentas, sostuvo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, se envió para estudio una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora, presentada por el grupo parlamentario del PAN en relación a la legítima defensa como causal de exclusión del delito.