Hermosillo, Sonora(NDS).- Un nuevo procedimiento para que los diputados justifiquen sus inasistencias a sesiones del Pleno o comisiones de trabajo a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de producida la falta aprobó la LXII Legislatura, y en caso de no hacerlo, la Oficialía Mayor ordenará el descuento de la dieta del legislador sin trámite adicional de por medio.

Se trata del Decreto que reforma el Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que responde a una de los principales señalamientos que se presentan en contra de los legisladores, por la no aplicación del procedimiento actual de sanción a aquellos que no justifican de manera fehaciente sus inasistencias a su trabajo en el Pleno o en comisiones, establece uno de los considerandos del dictamen.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminó con base a la iniciativa presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, quien planteó la importancia de que los integrantes del Poder Legislativo ejerzan su función legislativa con apego a los principios constitucionales, uno de los cuales establece estar presentes en las sesiones del Pleno y de las comisiones de las que forman parte, para que el Congreso pueda legislar y atender los asuntos que les corresponden en beneficio de la sociedad.

El Decreto establece que, en caso de inasistencia de algún diputado por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, quien no asistió a la sesión o reunión respectiva contará con un plazo de 24 horas para justificar fehacientemente por qué no acudió o se retardó, en términos de la Ley Orgánica, ante la Presidencia de la mesa directiva o de la comisión, según corresponda, debiendo presentar copia ante Oficialía Mayor.

Agrega que al término de cada sesión del Pleno del Congreso o reunión de comisión, el Presidente de la mesa directiva o de la comisión correspondiente, informará a Oficialía Mayor del registro de la falta o retardo; en caso de que el diputado no justifique alguna de estas, vencido el término de 24 horas, la Oficialía girará la instrucción para que se realicen los descuentos correspondientes sin ningún trámite adicional de por medio.

En esta sesión ordinaria se aprobó el Acuerdo relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Rosa María Encinas Cornejo al cargo de regidora propietaria del Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora, con efectos a partir de hoy, razón por la que deberá hacerse del conocimiento de la ciudadana Teresa de Jesús Miranda Ruiz, regidora suplente, el contenido de dicha resolución a efecto de que rinda la protesta de Ley.

Se comisionó al diputado Fermín Trujillo Fuentes para que acuda a la toma de protesta, en nombre y representación del Poder Legislativo.

Un segundo Acuerdo aprobó la asamblea, el cual resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos 2020, integren la creación y sostenimiento de comedores públicos para niños menores de doce años, como apoyo a las familias donde uno de los progenitores se dedique al cuidado del hogar, en los municipios de Huatabampo, Álamos y Etchojoa, Sonora.

El diputado Filemón Ortega Quintos, quien presentó indicadores de medición de la pobreza en Sonora de 2008 a 2018, expuso que conseguir los alimentos que se requieren para una adecuada alimentación cada vez es más difícil para importantes sectores de la sociedad, lo cual se agudiza en zonas rurales, donde son los niños quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Turnan iniciativas a comisiones

La Presidencia turnó a la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PRI, con el objeto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a diversas secretarías del Gobierno Federal y comisiones de la Cámara de Diputados, para que de forma inmediata ordenen la liberación y restitución de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2019 destinados al campo.

También para que se modifiquen los fondos y programas productivos para el campo en el presupuesto 2020, expuso el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, quien manifestó la preocupación de su grupo parlamentario por los productores y todos los que se dedican a las actividades del campo, que se preguntan por qué no se liberan los recursos del presupuesto.

“Esta situación pudiera merecer la atención e intervención de la Secretaría de la Función Pública, simplemente porque se estarían incumpliendo las acciones de gobierno programadas y autorizadas en el ejercicio fiscal, que por cierto ya pronto cierra”, aseveró.

La propuesta, que no recibió los votos suficientes para ser considerada de urgente y obvia resolución, al no votar a favor el grupo parlamentario de MORENA, recibió comentarios de los diputados Miguel Ángel Chaira Ortiz, Lázaro Espinoza Mendivil y Fermín Trujillo Fuentes.

Y a la Comisión de Transparencia se envió para estudio la iniciativa presentada por el diputado Martín Matrecitos Flores, con proyecto de ley de archivos para el Estado de Sonora, con el objeto de armonizarla con la Ley General de Archivos, la cual se publicó el 15 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Esta establece los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, estados y municipios.

La Ley General señala en el Artículo Cuarto Transitorio que las legislaturas locales tendrán un año a partir de la entrada en vigor de la Ley General, para armonizar sus leyes de archivo, es decir, este Congreso tiene como fecha límite el 16 de junio de 2020 para tener aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la armonización de la ley de archivos local.

La diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al Artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora, con el fin de tipificar el delito de robo comúnmente llamado rapiña y que ocurre cuando las personas se llevan o roban mercancía que transportan por vía terrestre, al ocurrir un accidente en las ciudades o en las carreteras.

“Además de lo anterior se está considerando una arista dentro de este tipo de hechos, la cual podría tipificarse como una agravante adicional en aquellos casos donde se acredite que padres o mayores de edad utilicen el apoyo de menores para el efecto de referencia”, expresó la legisladora, quien propuso una penalidad de seis a doce años de prisión.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que a la de Gobernación y Puntos Constitucionales fue remitida la presentada por la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con proyecto de ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Sostuvo que su propuesta busca reivindicar en su justa y debida dimensión a cada Poder del Estado, acotar la designación de funcionarios de primer nivel que se puedan perpetuar y volver inamovibles, así como retomar facultades que tenía y debe tener el Congreso del Estado dentro de su marco jurídico, al ser este el contrapeso con los demás poderes, además de dotar de más herramientas a las instituciones encargadas de procurar justicia, entre otros puntos.

La diputada Alicia Gaytán Sánchez propuso modificar la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, con el objeto de que en las ofertas de empleo no se restrinja el acceso por motivos de edad, aspecto físico y que no se exija a las mujeres un examen de embarazo.

También para que se establezca coordinación entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría del Trabajo para la implementación de campañas de concientización y cualquier tipo de acción que inhiba ese tipo de discriminaciones, además de establecer una sanción equivalente a 35 a 70 Unidades de Medida y Actualización establecidas para un día. Se turnó a la Comisión de Asuntos del Trabajo.