Hermosillo, Sonora(NDS).- La creación de un nuevo tipo penal para sancionar de manera ejemplar a quienes priven de la vida a una persona menor de doce años y brindar protección especial a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo es la niñez, fue aprobado dentro del Código Penal para el Estado de Sonora como delito de homicidio infantil.

Con base a una iniciativa remitida a esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos concluyó que en la misma queda claro que el bien jurídico que se pretende tutelar es el derecho a la vida, por lo tanto la propuesta es congruente con la protección que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local, así como los tratados internacionales de los que México forma parte.

Al que cometa el delito de homicidio infantil se le impondrán de 30 a 70 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización. Para la individualización de las sanciones se impondrá la pena máxima cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o se ejecute utilizando armas de fuego.

“Como correctamente se asegura en la iniciativa que es materia de este dictamen, las niñas y los niños representan el futuro de toda nación, siendo estas razones más que suficientes para que consideremos procedente que se haya establecido como sujeto pasivo del nuevo delito a las personas menores de doce años de edad”, establece uno de los considerandos de la dictaminadora.

La Gobernadora del Estado expuso en su iniciativa que recientemente han ocurrido hechos que indignan sobremanera a la población en general, ya que se atentó contra lo más vulnerable de la sociedad: la vida de la niñez, que está protegida por tratados, convenciones, así como por la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que existe un deber ineludible del Estado para garantizar su protección.

De acuerdo al Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, emitido por la UNICEF, desde 2007, cuando se tuvo el registro más bajo de homicidios de niñas, niños y adolescentes de los últimos tres lustros, el número de casos se ha ido incrementando de manera sostenida, hasta llegar a su punto más alto en 2012, cuando se alcanzó la cifra de mil 614 homicidios.

El Decreto aprobado reforma el Artículo 21 y adiciona un Capítulo III TER denominado Homicidio Infantil dentro del Título Decimosexto denominado Delitos contra la vida y la salud, y un Artículo 263 TER, todos del Código Penal para el Estado de Sonora.

En el Estado de Sonora, el derecho a la vida está tutelado expresamente en el Artículo 1º de la Constitución local, junto con los demás derechos humanos que reconocen la Carta Magna y los diversos tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano, derechos que las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y de los municipios tienen la ineludible obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, de acuerdo a lo que establece el precepto constitucional en cita.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también dictaminó la procedencia de sustituir el delito de infanticidio por el de homicidio infantil, establecido entre el listado de ilícitos que ameritan prisión preventiva en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se hará llegar una iniciativa al Congreso de la Unión.

De acuerdo al dictamen que se basó en una iniciativa de la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con el cambio mencionado se incluirá el homicidio infantil en el listado de delitos que por su gravedad deben ser tramitados con el presunto responsable en prisión, para evitar que se abstraiga de la acción de la justicia y garantizar la aplicación de una sanción ejemplar que inhiba este tipo de aberrantes conductas.

La diputada promovente expuso en su iniciativa que el país y el Estado viven una grave inseguridad pública y refiere los últimos actos delictivos de Culiacán, Sinaloa y la terrible desgracia acontecida en el municipio de Bavispe, Sonora, donde mujeres, niños y niñas fueron brutalmente asesinados, lo que ha rebasado los estándares internacionales.

Turnan iniciativas a comisiones y presentan posicionamiento

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 317 del Código de Familia para el Estado de Sonora, con el objeto de brindar una educación con amor, sin violencia, basada en el respeto recíproco, la comunicación y la confianza mutua., propuso el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz.

Expuso que la última entidad federativa en prohibir el uso de la violencia en la educación de los hijos e hijas fue Sinaloa, motivo por el cual, para adecuar el Código local a la Ley general y local de derechos de niñas, niños y adolescentes, que promueven una vida libre de violencia, es necesario eliminar del mismo el derecho de quienes ejercen la patria potestad del uso de violencia para educar.

La Segunda Comisión de Hacienda estudiará por su parte la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Artículo 218-BIS de la Ley de Hacienda del Estado, que la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentó con el objetivo de otorgar un estímulo fiscal a empresas mineras que compren o contraten a proveedores locales.

“Necesitamos estimular e involucrar a las empresas del ramo a que apoyen aún más a lo local, que dejen derrama económica en nuestro Estado y, por ende, la creación de más y mejores empleos. Nuestro país y nuestro Estado están pasando por una situación económica muy crítica y lo que debemos de hacer es buscar soluciones que nos ayuden a crecer económicamente en la entidad”, aseveró.

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima el jueves 28 de noviembre, a las 10:00 horas, la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó un posicionamiento en relación a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante el cual convocó a los poderes del Estado, ayuntamientos, instituciones educativas, medios de comunicación, sociedad civil organizada y ciudadanía en general, a hacer un frente común en contra del fenómeno de la violencia contra la mujer que está enraizado en el sistema de vida.

Buena parte de la normalización de este fenómeno es responsabilidad de todos, como lo dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dijo, de manera que se ha convertido en una realidad cotidiana que hoy se muestra en todos los ámbitos.

“Promovamos más una cultura de la paz; hagamos conciencia y tomemos acciones”, puntualizó.